POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
Tras la tragedia suscitada el jueves por la noche en el sector El Cambray II, Santa Catarina Pinula, en donde el deslave de un cerro soterró a cientos de personas que residían en el lugar, surgen distintas incógnitas sobre si la situación se pudo evitar y a quién señalar como responsable del caso. Además, hay dudas sobre el papel de entidades como el Fopavi, que tienen la misión de facilitar vivienda digna y segura a los guatemaltecos, pero se desconocen sus resultados
El alud que cayó en El Cambray II y causó la desgracia de varias familias que habitaban en el lugar pudo haberse evitado, informó ayer la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), puesto que indicó que años atrás habían declarado el lugar como de alto riesgo. Sin embargo, la Municipalidad de Santa Catarina Pinula hizo caso omiso a la alerta.
Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo de la Conred, aseguró que uno de los informes entregados en noviembre pasado a la comuna de ese municipio, señalaba que existían varias amenazas, entre las que destacaban que no se estaba protegiendo el talud. Asimismo, se detectaron drenajes ilegales, y se instaba a la municipalidad a regular ese tema, ya que generaban erosión y debilitaban las paredes. Otro punto en contra era la deforestación y aunado a ello, el río que socava las bases y perjudica el pie del talud.
Consultado al respecto a Manuel Pocasangre, portavoz de la comuna de Santa Catarina Pinula, explicó que desde el momento de recibir la notificación de la Conred se hizo un trabajo en el área, en donde se buscaba hacer conciencia a la población mediante el diálogo. Pero señaló, que pese a los esfuerzos, fueron las familias quienes tomaron sus propias decisiones de no abandonar sus viviendas.
Conred no explica por qué las familias permanecieron en el lugar y no hubo un proyecto para desalojar el área de riesgo.
INVERSIÓN CUESTIONABLE
En tal sentido, el analista independiente Carlos Martínez, indicó que en el país alrededor de un 54% de las personas viven en pobreza, lo que imposibilita la capacidad de poseer una vivienda propia.
El analista refirió que existe una gran debilidad por parte del Estado para trabajar para garantizar viviendas dignas, puesto que la ciudad ha crecido de manera desordenada y por lo tanto no se regulan las áreas en donde se pueda habitar.
De acuerdo a la Asociación Centroamericana de la Vivienda (Acenvi), en Guatemala, cerca de 1.6 millones de viviendas no son adecuadas, lo que causa efectos nocivos en la salud, educación y bienestar de las personas. Señala que bajo un escenario que refleja las condiciones actuales, al año 2020 el déficit habitacional posiblemente se agrave hasta 2.1 millones.
El Fondo para la Vivienda (Fopavi) tiene asignados Q479 millones este año, pero se desconocen cuáles son sus resultados.
En tanto Víctor Corado, Ministro de Comunicaciones, detalló que esa entidad es ajena a las decisiones de las municipalidades, por lo que cada comuna debe emitir sus licencias de construcción y tener el control de catastro. “Como Ministerio de Comunicaciones no tenemos ningún control sobre lo que realice cada municipalidad en gestión a la construcción de vivienda”, explicó.
