POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
El pasado 23 de septiembre vecinos y comerciantes de Chimaltenango decidieron suspender actividades cotidianas y resguardarse en sus viviendas por temor a la violencia que podían generar dos grupos de pandilleros que se disputan las extorsiones en el sector. Aunque el chantaje económico es un problema latente en esa localidad, la preocupación de los pobladores se intensificó por la advertencia que recibieron de los propios extorsionistas.
Según los residentes del sector, transportistas, conductores de mototaxis y algunos comercios pagan una cuota de extorsión a un grupo de delincuentes, quienes cada semana llegan a recoger el dinero que exigen en una motocicleta.
De acuerdo con los relatos, la pandilla que los extorsiona es de Chimaltenango, pero existe otro grupo de afuera que quiere ingresar, y con tal de lograr su objetivo intimida a los delincuentes locales, recientemente lo hizo quemando mototaxis -un sector extorsionado.
“Desde el 14 o 15 de septiembre, los tuc tuc dejaron de funcionar. Aquí había una mara de Chimaltenango y llegó otra de afuera, queriendo imponer un nuevo impuesto, me enteré que quemaron dos tuc tuc y eso era señal que ellos –los otros delincuentes- querían venir a pelear el territorio”, relató un vecino del sector.
Otra residente que pidió no ser citada detalló que el transporte de la localidad sigue irregular por el temor a la delincuencia organizada.
“Las camionetas de Buena Vista y de la Alameda de Chimaltenango decidieron no trabajar porque se corrían los rumores que iban a empezar a matar pilotos, incluso, hace algunos días hirieron a uno que llegó al hospital de la localidad con una herida de bala, por eso empezaron a asustarse porque escucharon de esa mara que quería apropiarse de Chimaltenango e iba a imponer su impuesto. Ahorita el servicio está irregular”, refirió la entrevistada.
UN DÍA DE TEMOR
El 23 de septiembre, los extorsionistas que regularmente recogen el chantaje económico en motocicleta llegaron a diferentes negocios y les advirtieron a los pobladores resguardarse en sus casas, pues ese día habría una disputa con el grupo rival.
La voz se corrió de inmediato y algunas personas difundieron la advertencia a través de las redes sociales, lo que provocó que el departamento quedara prácticamente desolado, se suspendieran las clases y todas las actividades cotidianas.
Ese día, fue consultado el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, quien dijo que la información propagada era falsa.
“La información es falsa, lo que sucedió fue que los transportistas que iban en servicio a un centro educativo en Chimaltenango suspendieron actividades derivado de unas demandas que ellos tienen interés en plantear, provocando que los alumnos no fueran a los diferentes centros educativos y obligando a los Directores de los establecimientos a cerrar los mismos; el Gobernador departamental dio una conferencia de prensa donde desvirtuó esa información y se está haciendo un llamado a las personas que están subiendo esta información falsa”, refirió el funcionario.
Sosa reiteró que la alerta difundida en las redes sociales no tenía relación con el asedio de las pandillas y que esa no era la razón por la que los establecimientos educativos cerraron.
“La alerta era que los centros educativos estaban cerrando por la confrontación entre pandillas, al monitorear y consultar con los diferentes centros educativos, la información que dieron fue la que le trasladé, nada tiene que ver la posible conflictividad que se pueda dar en ese lugar, el motivo por el cual suspenden labores es porque los transportistas que prestan el servicio no les llevaron a los niños”, argumentó el funcionario.
A pesar de estas declaraciones, el ministro de Educación, Rubén Ramírez, se reunió el pasado 25 de septiembre con el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, para solicitar apoyo para las escuelas, debido las amenazas y disputas de territorio de parte de las maras en Chimaltenango.
“El Ministro de Educación explicó que esta semana –entre el 21 y 25 de septiembre- se agravó el problema en Chimaltenango, debido a la disputa entre dos grupos rivales de antisociales, obligó al cierre de dos establecimientos educativos públicos y uno privado, para proteger a los niños y maestros”, detalló un comunicado de esa Cartera.
BRINDAR SEGURIDAD
Por otro lado, Hilda Morales, Procuradora Adjunta de la PDH, manifestó su preocupación por los riesgos que corren los vecinos de Chimaltenango e instó al Ministerio de Gobernación a tener presencia en ese sector.
Según la entrevistada, están en alerta y dispuestos a mediar para que se garantice la seguridad a los ciudadanos de ese departamento.
