POR VIRGINIA CONTRERAS
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En el contexto del Panel Foro “Análisis de la situación de la niñez guatemalteca”, Otto Rivera, consultor de la Red Niña Niño, aseguró que en Guatemala el Estado invierte más en la alimentación de las personas privadas de libertad que en velar por el pleno desarrollo de la niñez y adolescencia.
De acuerdo con Rivera, estudios del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), indican que el Estado invierte Q6.26, con lo que se pretende cubrir, salud, seguridad alimentaria y nutricional, educación, protección, así como cultura y recreación.
Indicó que la situación es alarmante, dado que en la proyección que se envió al Congreso de la República en el Ejercicio Fiscal 2016, se aumenta solamente un centavo a esta inversión, quedando en Q6.27.
En tanto, refirió el experto, si se compara esta suma con los Q25 que se invierte en un tiempo de comida de las personas privadas de libertad, contratado en un servicio externo. “Se invierte menos en quien necesita más, más ayuda y más recursos, que debería ser en la primera infancia”, explicó.
El experto destacó que se tiende a pensar que el Estado “gasta” en materia de niñez y adolescencia, cuando el término correcto es “inversión”, debido a que si se habla de gasto, no hay presupuesto que aguante. Añadió que de no solucionar esta situación podría repercutir en los efectos sociales tal como la reducción de la criminalidad, por lo que lo mejor “es invertir desde la primera infancia, no una vez, sino de una manera sostenida”.
El consultor explicó que el país ha dado avances significativos en materia legal para la protección de los menores, tal como la creación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (PINA), la Ley de Adopciones, así como la Ley contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, entre otras; sin embargo, señaló que una década después, la situación de este grupo se encuentra en peores condiciones.
En este sentido, agregó que las instancias encargadas de conformar el sistema de protección de este sector, no cuentan con los recursos humanos, económicos y materiales para poner en marcha la protección de la niñez guatemalteca. Además de que estos organismos no funcionan en sí como un sistema integrado, lo que da como resultado duplicidad de funciones, carencia en atención e información no confiable.
Por último, mencionó que los candidatos políticos carecen de propuestas concretas sobre cómo favorecerán el desarrollo de los niños, ya que los menores son utilizados como botines políticos, pero están invisibilizados en las acciones finales.
