POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt
La Comunidad Internacional ha enfatizado que la celeridad con que se ejecute el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte que se implementaría a partir del 2016, dependerá de los avances en transparencia y las garantías para recobrar la confianza de la sociedad guatemalteca, inmersa en una crisis política.
La información la dio a conocer el vicepresidente Alfonso Fuentes Soria durante una visita que efectuó hoy al Congreso, donde entregó al presidente de ese organismo, Luis Rabbé, el informe de su visita al 70 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.
Según el funcionario, la sociedad internacional tiene mucho interés para desarrollar el plan que está orientado hacia la creación de oportunidades, el fortalecimiento del capital humano, el mejoramiento de la gobernabilidad y la seguridad del Istmo. Sin embargo, hay «expectativa» sobre los cambios que se den en el sistema del país.
En Nueva York, el Vicepresidente dijo recientemente que el presidente Alejandro Maldonado Aguirre presentará en breve, con el apoyo de su Consejo de Ministros, una serie de propuestas de reformas legales del Estado para atender el clamor ciudadano que demanda una transformación en el sistema político, económico y social del país.
«Se reclaman reformas del Estado para una transformación profunda del sistema que permita dejar atrás la pobreza, la exclusión y el racismo, desarrollando el verdadero concepto de solidaridad nacional e internacional, elemento esencial de la paz y la seguridad. El Presidente hará eco de ese reclamo ciudadano para el saneamiento del sistema político como primer paso y para la reorganización del Estado», afirmó el Vicemandatario.
EL FACTOR CLAVE
«El Gobierno de Estados Unidos ha considerado un monto para todo el plan -US$7 mil 900 millones, unos Q60 mil 514 millones- pero depende que el Congreso de ese país complemente lo dispuesto por el Presidente. Al ver ellos propuestas y avances concretos en los países centroamericanos esto aceleraría el comienzo del programa», dijo Fuentes Soria.
Agregó que lo que corresponde al Estado de Guatemala es hacer cumplir con los temas planteados, entre los que se encuentra la transparencia y la garantía en querer recuperar la confianza ciudadana en el sentido que los recursos que se tengan del Presupuesto nacional e internacional sean canalizados y lleguen a donde se debe, ya que eso forma parte del «compromiso».
«Ellos están haciendo sus propios esfuerzos, pero el Estado debe demostrar que se está avanzando y que la situación crítica que se ha vivido -en los últimos meses- sirva para fortalecer la democracia, las instituciones y la participación ciudadana», afirmó el Vicemandatario.
RESARCIMIENTO EN CHIXOY
En el informe que entregó Fuentes Soria al Legislativo, que incluye temas abordados en la ONU, se incluyó la petición de la Comunidad Internacional sobre el resarcimiento a las 33 comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
Según el presidente del Congreso, Luis Rabbé, este debe solventarse porque es una deuda «moral» y monetaria, y por eso pidió a los diputados a que «comprendan y entiendan» que el compromiso existe y debe cumplirse.
En este mes, de una partida de Q107 millones incluidos dentro del Presupuesto del 2015, se hará un desembolso de Q22 millones, los cuales serán destinados al resarcimiento y apoyo a las familias de Chixoy, dijo Edwin Martínez, de la cartera del Tesoro.
En 1983, la construcción de la hidroeléctrica Chixoy afectó a más de 11 mil pobladores de las comunidades de Quiché, Alta y Baja Verapaz, respectivamente.
