POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Recientemente el Ministerio Público (MP) solicitó a la Procuraduría General de la Nación que determine si el contrato firmado en 2009 entre el Ministerio de Finanzas Públicas y la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos -AEAU-, es lesivo o no para los intereses del Estado.
Aunque según la jefa de PGN, María Eugenia Villagrán, en los próximos días se estaría enviando el dictamen sobre este tema, “el Estado no debería donar sus recursos a empresas privadas para implementar servicios prepago”.
En tanto, Álvaro Folgar, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), exigió una intervención inmediata de las autoridades para que la plataforma del sistema prepago que está en manos de la AEAU sea confiscado ya que “el problema es que ese subsidio se lo roba AEAU y no hay quien fiscalice”.
Fuentes oficiales refieren que de los 2 mil 929 buses que forman parte de la flota activa, solo 1 mil 100 circulan por las calles de la ciudad capital. El gobierno transfiere Q35 millones mensualmente a la empresa Siga para que opere las unidades de Transurbano a Q1.10 por pasajero. En tanto, cada bus “rojo” en la urbe recibe cada mes Q8 mil 500 aproximadamente.
Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos, a través de un comunicado, se pronunció sobre el subsidio al transporte público, debido a que indica, ha recibido diversas denuncias y quejas de usuarios, que señalan especialmente el mal servicio, el estado deplorable de los buses, el irrespeto de las rutas, recorte de horarios y aumentos en las tarifas, así como el maltrato que reciben de pilotos y ayudantes. Asimismo, pidió que el subsidio sea orientado al usuario y no a los propietarios de las unidades.
Según consta en el escrito remitido por la Magistratura de Conciencia, las querellas presentadas motivaron a Jorge de León Duque a realizar las indagaciones del caso, particularmente en lo concerniente al asunto del subsidio otorgado mensualmente a los propietarios de los autobuses urbanos, siendo uno de los primeros hallazgos la necesidad de reenfocar y reestructurar la forma de entrega de estos recursos públicos.
“El modelo cuestionable y falto de transparencia del subsidio al transporte público genera zozobra permanente por las constantes amenazas de los transportistas acerca de paralizar este servicio de no hacerse efectivos los pagos por parte del gobierno; afectando a más de dos millones de pasajeros. Además, existe opacidad en la modalidad de entrega, ya que se carece de un procedimiento técnico y transparente que garantice el eficiente desembolso del mismo”, reprochó el Defensor del Pueblo.
