MIRIAM HERNÁNDEZ
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El magistrado de la Corte de Apelaciones, Erick Santiago de León, enfrentará proceso penal por negociar de forma ilegal una sentencia. A diferencia de los casos que involucran a las juezas Jisela Reinoso Trujillo y Marta Sierra de Stalling, quienes fueron enviadas a prisión preventiva, el magistrado fue beneficiado con arresto domiciliario.
La audiencia de primera declaración en el caso del magistrado Erick Santiago de León inició ayer. El Ministerio Público (MP) lo acusa por el delito de cohecho pasivo, en el que en palabras del juez a cargo, Walter Villatoro, incurre «cualquier funcionario público que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio en título de favor, dádiva, promesa o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo.»
El MP presentó los indicios que los llevan a sospechar que el magistrado Santiago de León, negoció un soborno de aproximadamente Q10 millones, a cambio de fallar a favor de una empresa que, acusada por «competencia desleal», debía pagar una multa de Q93 millones.
Otros implicados en el caso son los presuntos intermediarios de la negociación, Eliot Imeri Díaz y Samuel Alvarado López, procesados por el delito de tráfico de influencias, quienes también fueron beneficiados con medidas sustitutivas y guardan arresto domiciliario desde noviembre de 2014.
En este caso fue la misma empresa implicada quien denunció la acción anómala del juzgador, quien supuestamente no llegó a recibir dinero, pero que sí colaboró brindando información privilegiada a Imeri Díaz y Alvarado López.
Erick Santiago fue capturado el martes pasado en un operativo coordinado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el MP, mismo día en que fueron capturadas las juezas Jisela Reinoso y Marta Sierra, quienes no fueron beneficiadas con arresto domiciliario por el juez Eduardo Cojulún y ahora guardan prisión preventiva en el Cuartel Matamoros.
El juez Villatoro argumentó que en el caso Santiago de León no existe peligro de fuga y que el magistrado siempre demostró disposición para enfrentar la justicia, por lo que otorgó la medida sustitutiva de arresto domiciliario solicitada por la defensa.
Santiago de León guardará arresto domiciliario en su residencia en el Quiché, además deberá presentarse cada 8 días a firmar ante un juez de Paz, no podrá abandonar el país sin una autorización judicial, no puede tener comunicación con los otros implicados en el caso y deberá pagar la caución económica de Q50 mil como garantía de cumplimiento.
La CICIG y el MP tienen un mes para seguir investigando antes de continuar el proceso.
