POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Aunque el presidente Alejandro Maldonado prometió reformas en el marco legal guatemalteco relacionado con la operatividad y la transparencia del Estado, el Ministerio de Economía recomendó la creación de una ley específica que regule la ejecución presupuestaria de la administración central bajo la modalidad de los fideicomisos públicos en lugar de suprimir esta figura legal contemplada en el Código de Comercio, tal como lo propone la Contraloría General de Cuentas.
A criterio del ministro de Economía, Ricardo Sagastume, no se debe prescindir totalmente de los fideicomisos públicos para ejecutar proyectos en las instituciones gubernamentales ya que estos contratos proveen mecanismos ágiles, que permiten procedimientos más rápidos y menos engorrosos que los que la ley de Contrataciones del Estado impone por lo general a las entidades estatales.
Sin embargo, indicó que el principal problema no es la falta de transparencia que acusan diversos sectores en la utilización de estos mecanismos sino la dispersión de las normas que lo rigen y la falta de un cuerpo normativo que regule la ejecución presupuestaria de la administración central que se realiza bajo esta modalidad.
En ese sentido, el titular de la cartera señaló que al no existir una ley de fideicomisos públicos, se da lugar a que cada dependencia pueda crear uno en cualquier banco como una vía para atender sus necesidades, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado rige todas las adquisiciones de bienes y servicios para uso público y que los fideicomisos tienen la libertad de crear sus propios reglamentos, lo que les da condiciones diferentes a las que se aplican en el resto del sector gubernamental.
Por ello, el representante del Mineco aseguró que además de volver especialmente ardua la fiscalización, esta forma de crear fideicomisos implica también a que sea complicado llevar un registro exacto de ellos.
No obstante, cabe mencionar que la opinión de Ricardo Sagastume sobre este tema dista mucho de la sugerencia del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, que pide cambios al Código de Comercio, Decreto Número 2-70 del Congreso, para eliminar por completo la posibilidad que cualquier institución pública pueda utilizar recursos gubernamentales a través de los fideicomisos en lugar de plantear una serie de mecanismos para hacerlos “más transparentes”.
El argumento del jefe de la Contraloría para tal petición es que este instrumento no se encuentra ligado a la Ley de Contrataciones del Estado y por ende, existe mucha dificultad para la auditoría “ya que sus fiduciarios son los bancos y estos no nos dejan ser fiscalizables porque están sujetos a la Superintendencia de Bancos”.
“El uso de los fideicomisos públicos por parte de las entidades del Estado usando un instrumento de regulación que aplica al derecho privado, no está bien visto porque estamos hablando de recursos que provienen básicamente de los impuestos de los guatemaltecos. Si los fideicomisos deben ser regulados por una ley específica con la participación conjunta de la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria”, puntualizó Sagastume.
Datos de la CGC refieren que actualmente funcionan en el país 135 fideicomisos creados para el manejo y administración de fondos públicos equivalente a Q3 mil 363 millones; 66 se encuentran vigentes y 69 entraron ya están en proceso de liquidación.
