POR CLAUDIA PALACIOS
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La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), encabezada por Juan de Dios Rodríguez, tenía conocimiento de las negociaciones anómalas que provocaron la contratación de la droguería Pisa, explicó el fiscal del caso.
«El MP presentó como acto conclusivo, acusación, porque considera la fiscalía que sí tuvieron conocimiento de los hechos que motivaron la contratación administrativa», indicó el fiscal Juan Francisco Sandoval.
Durante la primera etapa del proceso penal contra Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social, y otros 16 implicados en el caso denominado IGSS-Pisa, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló a la jueza que la contratación de la droguería Pisa para prestar el servicio de diálisis peritoneal respondió a intereses económicos.
De acuerdo con las investigaciones, Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada presidenta de la Cámara Penal y Herberth García Granados, coordinaron las negociaciones con Ramiro Lorenzana Ortiz, representante de Pisa y personal del IGSS para que la empresa ganara una licitación por Q116.2 millones, aunque no cumplía con los requisitos mínimos para atender a los pacientes.
Las gestiones de Molina Stalling y García Granados tenían un costo de entre en 15 y 16 por ciento de lo adjudicado a la empresa, según indican los mismos sospechosos en las conversaciones telefónicas interceptadas por el Ministerio Público.
Durante la primera etapa de la investigación, la fiscalía aún no se atrevía a asegurar que la Junta Directiva tuviera conocimiento de dichas negociaciones ilícitas; sin embargo, ahora no le queda duda y por ello, solicitará juicio por el delito de fraude contra los sindicados.
Según indicó con Sandoval, la Junta Directiva firmó los documentos que autorizaron la contratación, pese a la evidente falta de experiencia de la empresa.
Durante la audiencia de primera declaración dos personajes, aún no identificados plenamente, pero con gran poder de influencia, salieron a la luz.
En una conversación entre García Granados y Lorenzana Ortiz para gestionar la adjudicación de un contrato para el servicio de hemodiálisis a pacientes del IGSS, el representante de Pisa pregunta a su interlocutor con quién puede contactarse para lograr que se “bote” la adjudicación a la competencia, a lo que el segundo responde que solamente puede hablar con “JD”, porque él es “el que manda”.
La fiscalía sospecha que “JD” es el presidente de la Junta Directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. “Si regresamos a ver la integración del IGSS, presidido por una Junta Directiva, cuyo Presidente coincidentemente tiene el nombre de Juan de Dios, son las iniciales que utilizan en esta conversación, los dos interlocutores”, señaló la fiscal en esa ocasión.
SUSPENDEN AUDIENCIA
Esta mañana, se llevaría a cabo la audiencia de apertura a juicio; sin embargo, una apelación de la defensa de uno de los sindicados, referente al plazo de investigación otorgado al MP, obligó a la jueza a suspender la diligencia hasta que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal resuelva el recurso.
VÍCTIMAS PIDEN JUSTICIA
Las víctimas del caso IGSS-Pisa exigieron justicia tras la suspensión de la audiencia en que se definiría si los sindicados enfrentarán juicio.
Los querellantes recordaron que hasta la fecha se registran 36 fallecidos por los precarios servicios de Pisa y denunciaron que la Fiscalía de Delitos contra la Vida aún no ha accionado contra los involucrados por el delito de homicidio.
Asimismo, exigieron acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos en las audiencias del caso.
