POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Por medio de un mensaje de texto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandro Palmieri, emitió una postura a nombre del presidente Alejandro Maldonado como Comandante General del Ejército, sobre la supuesta concesión de privilegios a Roxana Baldetti:
“El presidente Maldonado no ha dado instrucción alguna, dado línea o intervenido de manera alguna en el trato que ha estado recibiendo la exvicepresidenta. El traslado, entendemos, fue autorizado por juez competente. De esa cuenta, las autoridades competentes (SP, Centro Medico Militar y OJ) son las indicadas para informar y aclarar esta situación. Por último, reiteró que la exvicepresidenta no tiene asignada seguridad de SAAS por su situación de privada de libertad y que él no se involucra en traslados penitenciarios o procedimientos médicos”.
Al ser consultado telefónicamente, Palmieri dijo que en opinión del Ejecutivo, el personal del Centro Médico Militar está siguiendo un protocolo incorrecto y deben entender que Baldetti es una privada de libertad como cualquier otra y por lo tanto, debe ser sometida a los requerimientos del sistema judicial y del Sistema Penitenciario.
Asimismo, insistió en que la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, es considerada como una “víctima” de estos procedimientos erróneos y no como cómplice en esta situación mientras que del lado militar, se desconoce si el Ministro de la Defensa Nacional, Williams Mancilla, ha dado órdenes particulares respecto al trato de Roxana Baldetti o del acceso a las instalaciones militares.
“Sea como sea, es un error tratarla de la manera como se le ha tratado hasta ahora porque no solo es una privada de libertad como cualquier otra sino que los medios de comunicación están pendientes de los privilegios que se le están otorgando. Pero el Presidente no tiene la más mínima injerencia, control o deseo de que pase ninguna otra cosa más que lo ordenado por el juez competente”, afirmó el Secretario.
Finalmente, el funcionario adelantó que se pedirá una investigación a lo interno del Ejército para determinar si realmente se irrespetaron los protocolos del Sistema Penitenciario y de ser así, las autoridades superiores de la entidad castrense tendrán que aplicar las sanciones que corresponden.
