POR CLAUDIA PALACIOS
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El regreso de Blanca Stalling al Organismo Judicial ha sido seguido por un silencio absoluto en cuanto a su posible influencia en los casos de alto impacto en los que están involucrados sus familiares. Aquellos sectores que en 2013 pidieron la renuncia del magistrado César Barrientos, luego de que su hijo estuviera vinculado a un caso de trata de personas, ahora abogan por el debido proceso y la presunción de inocencia.
Esta mañana Blanca Stalling cortó, junto al Presidente del Organismo Judicial, la cinta de inauguración del juzgado de turno de paz penal de Quetzaltenango.
La togada retomó su trabajo al frente de la Cámara Penal hace un mes, cuando anunció su regreso al Poder Judicial, tras una ausencia de dos meses y medio.
Pese a los señalamientos de corrupción contra la togada y sus familiares, su retorno a la Cámara Penal, no generó ninguna reacción por parte de sectores como el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), abogados litigantes, la Fundación Contra El Terrorismo, quienes sí se pronunciaron para solicitar la renuncia del magistrado César Barrientos, cuando su hijo se vio vinculado a un caso de trata de personas.
Fabricio Reigner, secretario general interino del STOJ, explicó que el caso del magistrado Barrientos, quien también fungía como Presidente de la Cámara Penal, «fue un caso específico, en otro contexto» y aseguró que el sindicato siempre está alerta ante cualquier violación de las normas éticas de los trabajadores del Organismo Judicial.
«Nosotros como sindicato, con la perspectiva de ser un sindicato maduro hemos sido coadyuvantes en el Organismo Judicial. Nosotros fomentamos que todos los trabajadores nos desempeñemos con la mayor ética y capacidad, teniendo en cuenta que estamos al servicio de la población de Guatemala», indicó.
Sobre el caso de Stalling, Reigner señaló que la postura del sindicato es el respeto al debido proceso. «Vemos de qué se debe recurrir a las instancias legales, todo se debe hacer en respeto al Estado de Derecho», dijo.
La Hora intentó contactarse con la Fundación contra el Terrorismo, pero no contestaron a las llamadas realizadas.
Luego del antejuicio contra su cuñada, Marta Sierra de Stalling, y la detención de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, la magistrada solicitó al pleno de la corte tres licencias para ausentarse de sus labores.
«Consciente de mi responsabilidad como funcionaria y en aras de la transparencia, en aras de la responsabilidad social que tengo, por la ética profesional que siempre he procurado mantener, decidí retirarme estos tres meses aproximadamente; pero a la presente fecha considero que también yo fui nombrada para ejercer una función y que la carga de trabajo en la Cámara Penal es sumamente fuerte», dijo la magistrada a su regreso.
Aunque la togada se ha inhibido de conocer los casos en los que se ven implicados sus familiares, la ausencia de Stalling fue vista por organizaciones de la sociedad civil, como una forma de calmar las aguas, luego de que se solicitó su renuncia ante la posibilidad de que ejerciera influencias sobre los jueces o magistrados.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, señaló que la ausencia de Stalling durante esos meses no garantiza la objetividad en el tratamiento de los casos.
*********ACLARACIÓN*********
El señor Méndez Ruiz se comunicó con La Hora para aclarar que la Fundación contra el Terrorismo no solicitó que se removiera a Barrientos Pellecer, luego de que se presentaran acusaciones contra su hijo.
“…Con respecto a una nota publicada por ustedes hoy en su versión digital (ignoro si fue publicada también en su versión impresa), se afirma que la Fundación Contra el Terrorismo pidió la renuncia del ex magistrado Cesar Barrientos Pellecer a su cargo, cuando salieron a luz los supuestos delitos cometidos por su hijo. Como director de nuestra fundación, y vocero de la misma, niego las declaraciones que ustedes atribuyen a nuestra organización, ya que en ningún momento las dimos a ningún medio, ni las publicamos en las redes sociales”, dijo Méndez Ruiz.
Sin embargo, en otras ocasiones la Fundación contra el Terrorismo si solicitó que Barrientos dejara el cargo en la Corte Suprema de Justicia.
“A los tres procesos en contra de los parientes de Barrientos Pellecer se suma otro que cuestiona su desempeño. En julio de 2012, la jueza Sexto de Instancia Penal, Silvia de León, denunció en una audiencia pública que el magistrado Barrientos convocó a varios jueces para instruirles que emitieran resoluciones “complacientes” con el Ministerio Público. El Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (OJ) y la Fundación Contra el Terrorismo solicitaron la renuncia de Barrientos en esa ocasión. Su petición se reavivó esta semana”, publicó el semanario Contrapoder en su edición número 13.
Además, el pasado 15 de octubre de 2013, la Fundación Contra el Terrorismo publicó en su perfil de Facebook: “Nos queda la satisfacción de saber que la Fundación Contra el Terrorismo puso su grano de arena para que el magistrado Barrientos Pellecer tuviera que abandonar la presidencia de la Cámara Penal”.
