POR MARIELA CASTAÑÓN
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Agresiones en la Torre de Tribunales, muertes en la cárcel El Boquerón y un atentado contra la subestación policial de la colonia Maya, son algunos de los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas, que evidencian las pugnas que resurgieron con más intensidad entre los grupos de las pandillas rivales, quienes con su ola de violencia afectan el entorno social. Los enfrentamientos no tendrán tregua, mientras el tema no se aborde de forma integral a través de la prevención del delito en la niñez y la juventud, y el tratamiento adecuado en las prisiones, afirman profesionales entrevistados.
Hasta hoy no está claro cómo ingresó un arma de fuego el pasado 28 de julio, a una carceleta de la Torre de Tribunales donde estaban grupos del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS), que se enfrentaron.
Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un caso más de corrupción, pues investigadores policiales documentaron en sus informes en base a un análisis de las cámaras de vigilancia, que el arma fue entregada a un pandillero de la MS, por parte de una persona uniformada que se cree es policía de Presidios.
La entrega de este objeto, según las pesquisas de la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Panda) de la Policía Nacional Civil (PNC), tuvo un costo de aproximadamente Q10 mil y sirvió para herir a José Oliverio Fernández Yat, de 28 años; Miguel Antonio Aguilar Rojas, 18 y Levin Estuardo Nij Leiva, de 22, miembros de la gavilla Barrio 18.
La información oficial refiere que uno de los 16 integrantes de la MS, que llegó de El Boquerón, habría pagado para recibir la pistola.
Este hecho de violencia sería el que detonaría en más sucesos similares, ya que un día después de lo acontecido en la Torre de Tribunales, fueron detenidos seis supuestos miembros del Barrio 18 en la 18 calle y 12 avenida de la zona 1, por intentar atentar contra un vehículo del Sistema Penitenciario (SP) que trasladaba a mareros de la MS.
Aunque, la PNC ha frustrado algunos de los atentados violentos entre maras, el problema no se ha logrado evitar completamente.
El pasado 7 de agosto tres reos de la cárcel El Boquerón, pertenecientes al Barrio 18, fueron asesinados, ellos fueron identificados como Ilmer Geovanny Man, de 27 años; Kevin Fernando Veliz Escobar, 22 y Anderson Orelo Gaytán Arévalo, 20 y sus cuerpos fueron encontrados en botes de basura y con señales de estrangulamiento.
En el caso de Man solo tenía un día en la prisión El Boquerón, ya que el 7 de agosto fue capturado por robo agravado y transporte ilegal de armas de fuego; él junto a otro grupo de personas intentó cometer un atentado contra la MS. Hasta hoy se conocen las razones por las que recluyó a un integrante del Barrio 18 en una cárcel que alberga a un buen número de pandilleros rivales.
Por otro lado, uno de los hechos más recientes ocurrió el 21 de agosto contra una subestación policial de la colonia Maya. El resultado fue de al menos cuatro heridos, tres jóvenes pertenecientes a las pandillas y una agente de la PNC.
PROBLEMAS Y SECUELAS
Investigadores de la PNC especializados en el tema de pandillas argumentan que todavía no logran determinar el origen de este incremento de violencia entre los grupos delictivos.
Según las fuentes policiales, a través de los métodos especiales de investigación han evitado más conflictos, que podrían provocar víctimas colaterales de la violencia, sin embargo, todavía no hay una explicación de lo que está sucediendo a lo interno de las cárceles, que es desde allí donde se envían las directrices para generar daño.
“Precisamente a través de los métodos especiales de investigación hemos logrado frenar más atentados, hasta el momento no identificamos por qué empezaron a agredirse con más frecuencia en los últimos días, aunque estamos conscientes que después de la ruptura del Sur –agresión que provocó 36 muertes en agosto de 2015 en las cárceles- sabemos que esta guerra no terminará”, refiere un policía entrevistado que pide no ser citado.
Algunas de las hipótesis que manejan las fuerzas de seguridad responden a la disputa de territorio para delinquir y venganzas, aunado a la corrupción en el sistema carcelario que es el desafío más grave a enfrentar.
“Presidios sigue siendo nuestro peor enemigo, sí ellos no permitieran el ingreso de teléfonos, armas y drogas, tendríamos más control de esos grupos, pero no es así, por gusto hacemos las requisas”, detalla el investigador.
Por otro lado, Kamilo Rivera, de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público (MP), explica que las maras, en su afán de demostrar de lo que son capaces, pueden realizar acciones macabras como los descuartizamientos o atentar contra las autoridades, sin embargo, es ahí donde se trabaja para evitarlo.
“Ante los hechos de violencia, la percepción social se ve afectada en cuanto a incremento de actos de violencia, puesto que son actos macabros los que aparecen por ejemplo damas descuartizadas, no obstante la buena reacción es importante en esos momentos”, reitera.
De acuerdo con Rivera, la prevención del delito es una tarea conjunta con la PNC, que busca evitar hechos violentos.
“Básicamente nuestro enfoque está en el análisis y anteponernos ante esta cuestión, trabajamos mucho el ámbito de inteligencia, con el apoyo de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) para evitar hechos trágicos que puedan ocurrir, igualmente las unidades investigativas de la Policía y el MP, entre estos los analistas de la Dirección de Investigación Criminal que puedan tener información importante y canalizada al ente rector que es el MP, se usan todas las herramientas tecnológicas innovadoras”, argumenta.
PREVENCIÓN DEL DELITO
Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) opina que para enfrentar el tema de las pandillas es necesario prevenir el delito de forma de integral, a través de las oportunidades y la educación para la niñez y la adolescencia.
“Nosotros no deberíamos juzgar solamente las consecuencias sino determinar cuáles son los orígenes de la violencia, Guatemala es un país excluyente que no da oportunidades para todas las personas y de igual forma, aunque el hecho de ser pobre no es sinónimo de ser violento o delincuente, sabemos que quienes están vinculados a las pandillas son personas que viven en barrios de la periferia de Guatemala, son personas que no han tenido oportunidades de estudio, de recreación y de trabajo y se han involucrado por problemas familiares, por obligación a integrarse a estos sectores”, explica Rodenas.
El representante de la ODHAG dice que en caso de quienes ya están detenidos el Estado debe trabajar para reinsertarlos a la sociedad y evitar que reincidan en actos al margen de la ley.
“Las pandillas siguen operando a pesar de enfrentar un proceso, esto obviamente afecta por la ausencia del Estado; en los espacios de juzgamiento y administración de justicia los jóvenes y las señoritas no tienen procedimientos adecuados que les permita ayudarles”, explica.
Por otro lado, Verónica Goody, directora de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), refiere que la situación de la juventud guatemalteca debe abordarse de forma integral y eso es a través de la inversión en este sector de la población.
“Cuando se hacen estudios de maras uno se da cuenta que el problema empieza desde la casa y la escuela, es ahí donde se tiene que trabajar. Estos jóvenes muchas veces han sido víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar y después regresan al sistema como victimarios, realmente se debe invertir en la juventud y la educación porque estamos perdiendo la batalla”, argumenta Godoy.
La profesional reiteró la necesidad de combatir la corrupción y crear nueva infraestructura carcelaria para evitar que se sigan planificando hechos delictivos.
“En las cárceles todo lo que entra, celulares y drogas está permitido por los guardias del Sistema y cómo se ha visto incluso que los alcaides y directores de centros están en contubernio y son parte de esa corrupción. En la mayoría de centros el control lo tienen los privados de libertad, necesitamos invertir en las cárceles para que no exista hacinamiento”, indica.
Y LOS CAMBIOS CONTINÚAN
El pasado 18 de agosto fue presentado ante los medios de comunicación el cuarto director del SP, Alexander Toro, quien tiene cinco meses para dirigir Presidios. El funcionario dijo que sería intolerante a la corrupción en Presidios y que interpondría denuncias en contra de quienes incurrieran en prácticas ilegales.
“No podemos tener más corrupción en Guatemala, no se pueden enquistar temas ilegales en el SP y de una vez aclaro a la población, no vamos a tener a ninguna persona, a ningún mandadero, como se llama común y vulgarmente en las cárceles públicas que manda a pedir dinero de parte del Director General del SP, le hacemos saber a las familias de los reclusos que no estamos permitiendo este tipo de situaciones”, reiteró el Director.
Al funcionario se le consultó sí estaba consciente del período de tiempo corto que le quedaba en el SP y admitió que sí pero que trabajaría junto a su equipo para aportar lo necesario a la institución carcelaria.
65 Clicas
De acuerdo con informes oficiales, 65 clicas de pandillas asedian las zonas rojas del país, de estas 33 pertenecen al Barrio 18 y 32 a la Mara Salvatrucha.
Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) explicaron que estos grupos tienen mayor presencia en Villa Nueva, Mixco y zona 18, aunque recientemente se identificó que una parte está migrando hacia Antigua Guatemala, San Juan Sacatepéquez y Escuintla.
Cronología de la violencia
– El pasado 28 de julio un miembro de la MS disparó contra tres integrantes del Barrio 18, en las carceletas de la Torre de Tribunales.
– El 7 de agosto tres reos fueron asesinados en la cárcel El Boquerón.
– El 21 de agosto fue atacada una subestación de la PNC en la colonia Maya, zona 18.
Localizan siete reclusos muertos
El 26 de agosto fueron localizados siete reos muertos en el interior de toneles de basura, en la cárcel El Boquerón.
Los hombres tenían bolsas plásticas en la cabeza, golpes y señales de posible violación sexual.
