La función administrativa de la CSJ es el tema medular
El proyecto de reformas al sector justicia ya comenzó a encontrar sus primeros obstáculos con la presentación de las propuestas para reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) busca aferrarse a su gobierno sobre los jueces y magistrados, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) impulsa, junto a otras organizaciones, una iniciativa que pretende poner a raya su control sobre el poder en el Organismo Judicial.
POR CLAUDIA PALACIOS
cpalacioslhora.com.gt
En manos del Congreso hay dos propuestas para reformar la Ley de la Carrera Judicial; una iniciativa de la CSJ y otra de la mesa técnica encabezada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUD). Las dos coinciden en la gran mayoría de cambios, pero son opuestas en dos puntos medulares: la separación de funciones de la CSJ y la conformación del Consejo de la Carrera Judicial.
Las propuestas se convertirán en una sola, asegura el diputado Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y quien llamó a la conformación de una mesa técnica para la elaboración de reformas a la Ley; sin embargo, para que esto suceda debe ocurrir una de dos cosas, o la CSJ acepta perder, de forma total o parcial, su poder sobre la administración del Organismo Judicial, o el resto de instituciones que conformaron la citada mesa técnica deberán dar su brazo a torcer y bajar el tono a las reformas, que según indican sus miembros, son indispensables para que existan cambios profundos en la materia.
Las jornadas de análisis de ambas propuestas ya iniciaron, indicó García Rodas, quien también aseguró convencido que entre ambas propuestas “hay algunas pequeñas diferencias, pero nada que no se pueda consensuar”. Los analistas consultados no piensan lo mismo.
EL CISMA
El proyecto de Reformas al Sector Justicia se originó como una necesidad evidente tras las cuestionadas elecciones de magistrados a las Cortes del Organismo Judicial y las consiguientes denuncias por parte de jueces independientes sobre presuntas represalias por parte de la CSJ por pronunciarse contra los vicios de la elección de togados.
Fue el comisionado Iván Velásquez, quien en primer lugar, llamó de forma pública a un diálogo nacional para reformar el sistema de justicia del país. Sin embargo, el Ejecutivo, según admitió el propio Presidente al periódico Siglo.21 en enero del presente año, bloqueó dicho esfuerzo bajo el argumento de que la pretensión de la CICIG se alejaba de las funciones establecidas por su mandato.
El proyecto revivió cuatro meses después, cuando el Gobierno lidiaba con la crisis de la salida de Roxana Baldetti como vicepresidenta y una ciudadanía inconforme que pedía de forma insistente cambios estructurales.
Otto Pérez Molina delegó a la Instancia Coordinadora de Reformas al Sector Justicia, liderada por el Presidente del Organismo Judicial, como la encargada de iniciar las mesas de discusión para unificar propuestas; sin embargo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en conjunto con la Comisión para Reformas al Sector Justicia se adelantaron a la Instancia y convocaron a mesas técnicas para modificar diversas leyes.
La delegación encargada de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial se integró con representantes de la CSJ, la CICIG, la OACNUD, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), el Instituto de la Judicatura y las asociaciones de jueces de Paz, jueces de Primera Instancia y magistrados de Corte de Apelaciones.
La delegación se reunió durante seis sesiones, en las que se lograron diversos acuerdos y se identificaron puntos en los que no existieron consensos, de acuerdo con declaraciones del comisionado Velásquez.
Para solventar tales discrepancias, la mesa acordó que el 1 de julio se presentaría el producto de los acuerdos ante la Mesa de Seguridad y Justicia y que en esa sesión se discutirían los temas sobre los que no se llegó a un acuerdo. Pero la CSJ sorprendió a los miembros de la delegación al presentar ese día su propia iniciativa de reformas a la Ley de la Carrera Judicial ante el Congreso, sin que al evento se invitara a la mesa técnica.
“El proyecto que presentaron los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer (1 de julio) tiene puntos divergentes con los que se discutieron en la mesa técnica, que por más de veinte horas de la semana anterior trabajamos con toda la dedicación para elaborar esos consensos”, dijo Iván Velásquez, sobre las razones por las cuales presentarían su propia propuesta.
Josué Baquiax, presidente de la CSJ, negó que la presentación de un proyecto diferente al de la mesa técnica constituya un conflicto con las organizaciones que la integran. “La CSJ hizo uso de la iniciativa de Ley que le confiere la Constitución de la República. Las reformas se venían trabajando de acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico Quinquenal 2016-2020 y de las Políticas Judiciales impulsadas por la Corte”, indicó.
Para la jueza Claudia Escobar, miembro del Instituto de la Judicatura y principal voz de un movimiento de jueces que denunció los vicios observados en la elección de magistrados para las Cortes del Organismo Judicial, es una contradicción e incongruencia que la Corte presentara una propuesta distinta a la de la mesa técnica, cuando ésta participó en la mesa para llegar a consenso.
“En la mesa se hizo un esfuerzo por lograr un avance en relación al respeto y promoción de la Carrera Judicial y la Corte lo dejó de lado”, señaló.
LA DISPUTA POR EL PODER ADMINISTRATIVO
Lorena Escobar, de Asíes, indicó que una de las apuestas medulares de las reformas elaboradas por la delegación convocada por el diputado García Rodas es la eliminación de las funciones administrativas de la CSJ, para que los magistrados de dicho ente se dediquen de manera exclusiva al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
La función administrativa estaría a cargo del Consejo de la Carrera Judicial, el cual se constituiría como un ente independiente de cualquier otro órgano del Organismo Judicial y estaría integrado de forma multidisciplinar, incluyendo a expertos en el área de administración de empresas, recursos humanos y pedagogía.
En esta propuesta, cada asamblea de jueces de primera instancia, jueces de paz y magistrados de Corte de Apelaciones y CSJ, nombraría a alguien en representación. En el caso de la CSJ, no podría ser ninguno de sus magistrados.
“La separación de funciones para la CSJ es necesaria para que sus magistrados se dediquen únicamente al ejercicio de la judicatura y no tengan necesidad de atender la Carrera Judicial. La especialidad de un abogado es conocer el derecho y saber la aplicación del mismo, lo cual no tiene que ver con conocimientos en recursos humanos o administrativos”, señaló Escobar.
Para la analista, la forma en la que actualmente funciona el Consejo de la Carrera Judicial, es un gobierno de jueces para jueces dependiente de la CSJ, lo cual compromete la objetividad en sus decisiones sobre traslados, ascensos, aplicación de régimen disciplinario y todos los aspectos concernientes a la Carrera Judicial.
Este aspecto ha sido cuestionado por organizaciones de jueces y la sociedad civil, al salir a la luz una serie de presuntas represalias por parte de la CSJ contra aquellos jueces que expresaron públicamente su rechazo a la corrupción del sistema de Comisiones de Postulación, a través del cual se eligió a los actuales magistrados de Cortes en el Organismo Judicial.
En octubre del año pasado, el entonces presidente de la CSJ, José Arturo Sierra, rechazó la actuación del magistrado Manfredo Maldonado, expresidente de la Cámara Penal, quien ordenó a la Supervisión de Tribunales investigar a la jueza Cristina Fernández sin justificación alguna, tras su apoyo al movimiento de jueces que denunció vicios en la elección de togados.
La actual CSJ tampoco ha escapado a la controversia. En la Corte de Constitucionalidad hay siete amparos contra los traslados injustificados de jueces hacia otras judicaturas.
Pese a esta situación, para la CSJ, la conformación propuesta por la delegación para el Consejo de la Carrera Judicial supone una intervención de otras disciplinas en la misma, aduciendo que “solo los jueces saben cómo examinar a otros jueces”, según las declaraciones de sus representantes en las mesas de discusión.
Para Escobar, si se deja de lado la separación de funciones de la CSJ y la integración multidisciplinaria del Consejo de la Carrera Judicial se aprobarán avances “cosméticos, que no atacan el problema de fondo”.
¿SE LOGRARÁN REFORMAS PROFUNDAS?
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, considera que la propuesta de la CSJ da pasos adelante en cuanto a algunos aspectos del régimen disciplinario, los cuales se retomaron en parte de las discusiones de la delegación.
Sin embargo, para la activista, la limitación del poder administrativo de la Corte es un aspecto que no debe ser dejado atrás. “Pareciera ser que en principio la CSJ está apoyando a los jueces, pero en realidad lo que se está recetando es una porción enorme de poder sobre lo que sucede en el Organismo Judicial. No está creando un ente que pueda administrarlo de manera independiente a las funciones de la CSJ, sino que mezcla ambas cosas y delega en su Presidente una cantidad grande de poder”, dijo.
En el caso del régimen disciplinario, para Ibarra, mantener a la Corte a cargo de las funciones administrativas implica que sus magistrados podrán seguir tomando decisiones discrecionales. “La Supervisión de Tribunales no tendrá autonomía y el presidente y sus magistrados podrán utilizarla para reprimir a cualquier juez”, aseguró.
A criterio de la entrevistada, lo más conveniente para el Organismo Judicial, el país y los jueces es que el Congreso dé vía libre al proyecto de la mesa técnica, porque es una propuesta que pretende poner a raya el control del poder en dicha institución.
De acuerdo con Ibarra, las reformas al sector justicia son estratégicas y urgentes. “Con esto quiero decir que tampoco se trata de que las aprueben de la noche a la mañana, pero digamos que son estratégicas y son urgentes e indispensables porque si vemos la situación actual en el país, debemos recordar que todo está yendo a parar a los jueces, lo que sucede en el proceso electoral, en el Congreso, los casos de corrupción, todo va a parar al Organismo Judicial. Entonces tenemos que preocuparnos que a esos puestos lleguen personas que van a garantizar una justicia independiente. Para que todas estas cuestiones que están llegando a las cortes sean resueltas con apego al estado de hechos, al espíritu de la ley y no con apego a los intereses de quienes nombraron a los magistrados”, concluyó.
“Pareciera ser que en principio la CSJ está apoyando a los jueces, pero en realidad lo que se está recetando es una porción enorme de poder sobre lo que sucede en el Organismo Judicial. No está creando un ente que pueda administrarlo de manera independiente a las funciones de la CSJ, sino que mezcla ambas cosas y delega en su Presidente una cantidad grande de poder”.
Carmen Aída Ibarra,
Movimiento Pro Justicia
