POR VIRGINIA CONTRERAS
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El titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, indicó esta mañana que evaluarán a los más de 3 mil candidatos electos a cargos públicos, con el objetivo de determinar que no posean algún inconveniente que pueda interferir en la toma de posesión el próximo 15 de enero de 2016.
De acuerdo con Mencos, desde el momento en que se oficialice el conteo por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se les dará seguimiento a todas las personas que salgan electas, evaluando que la constancia de finiquito tenga una vigencia máxima de seis meses, así como descartar que posean algún tipo de problema tanto de la CGC, del Tribunal de Cuentas o del Ministerio Público.
“En principio deberemos esperar los resultados finales para verificar a uno por uno en el sistema, lo cual abarcará a alcaldes, concejos municipales, diputados, presidente y vicepresidente, quienes serán evaluados por igual”, explicó.
El Contralor destacó que el monitoreo que se dio en conjunto con el TSE ha sido una de las mejores labores que se han dado en el país, en donde indicó, no fue muy agradable para muchos candidatos, ya que de esa cuenta algunos aspirantes para reelección no pudieron resolver a tiempo su situación, quedándose fuera de la contienda.
Según el funcionario, la CGC se ha puesto a la orden del TSE en caso ellos requieran de su apoyo para poderse sumar de manera primaria en el proceso de evaluación de los gastos de campaña.
En el mes de julio, datos oficiales del Registro de Ciudadanos indicaron que se encontraban inscritos más de 23 mil aspirantes a cargos públicos, de los cuales 3 mil 600 eran mujeres. Además señalaban que alrededor de mil 500 cargos estaban vacantes, luego que los aspirantes no cumplieron con los requisitos de ley para ser admitidas sus inscripciones.
Resaltaba que los números eran menores a los candidatos que participaron en las últimas elecciones celebradas en 2011, donde unas 30 mil personas buscaban ser electas para desempeñar un cargo público.
Entre las razones que podrían explicar la baja en el interés de participar podría estar la actual crisis política que atraviesa el país, además de las restricciones que implementó el ente rector en materia electoral.
