POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Según representantes de diferentes sectores sociales, la corrupción y la impunidad son flagelos que siguen enraizados en el actual sistema político y judicial de Guatemala, por lo que coincidieron que la renuncia de Otto Pérez Molina al cargo de Presidente, no es garantía de un cambio profundo en la administración pública y la forma de gobernar y que las reformas a las leyes que exige la ciudadanía, solo se logrará con un mayor compromiso del Congreso en legislar a favor de la población.
Otto Pérez Molina renunció ayer luego que el Pleno del Congreso de la República le retirara su inmunidad con 132 votos de los diputados y que el juez Miguel Ángel Gálvez, quien conoce el caso penal La Línea, ordenara su captura por su presunta participación en esta estructura criminal dedicada a defraudar al Estado vía las aduanas del país.
En ese sentido, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, calificó de importante que Pérez Molina se separe de la Presidencia para que se someta abiertamente a las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que lo acusan de liderar, junto con su exvicepresidenta Roxana Baldetti, ahora en prisión, esta red de corrupción aduanera.
No obstante, afirmó estar consciente que la dimisión del jefe del Ejecutivo no es ni será la solución y los problemas que aquejan a la mayoría de la población, sobre todo aquella que vive en pobreza, que sufre por la delincuencia generalizada o no tiene acceso a servicios básicos como salud y educación, por lo que “hay que hacer cambios de fondo al sistema político a través de un gran diálogo nacional porque en este momento somos un Estado fallido”.
Por su parte, el Rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado Cerezo, indicó que la renuncia del Presidente es un poco tardía, pero se da en un momento importante porque es previo a que se lleven a cabo las elecciones generales del 6 de septiembre y baja de manera tenue, la tensión y la presión que ha habido sobre el proceso electoral.
Sin embargo, el académico lamentó que el Organismo Legislativo no haya escuchado la propuesta de reforma de la Usac a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, provocando el malestar de la población que creía que las votaciones se iban a llevar a cabo en condiciones diferentes a las que se han mostrado en anteriores procesos y por ende, eso no permitirá un cambio en la clase política.
“Lamentablemente, seguiremos viendo lo mismo en los próximos años y por eso es que insistíamos en la necesidad de aprovechar el despertar de la los guatemaltecos que están en desacuerdo con el actual sistema y que quieren cambios profundos en la forma de hacer las cosas”, dijo el Rector.
La activista Helen Mack, en cambio, mencionó que si bien la renuncia de Otto Pérez Molina “es una victoria de la ciudadanía y demuestra que el poder radica en el pueblo”, el vicepresidente Alejandro Maldonado debería impulsar una agenda mínima de reformas necesarias y urgentes para sanear el sistema político y judicial en Guatemala, con apoyo de las organizaciones sociales.
“Los partidos políticos representados en el Congreso también no han asumido su responsabilidad, y más bien consolidaron la estructura de corrupción infiltrándose en otras instituciones como el Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Los guatemaltecos estamos cansados de la corrupción y por eso ahora tenemos una ciudadanía más activa, más participativa y con pensamiento crítico”, agregó la entrevistada.
Igualmente, Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF-, apela a mantener la fiscalización permanente en el próximo gobierno, la unidad nacional con una agenda mínima y la presión al Congreso para que legisle una nueva ley electoral y de partidos políticos, de servicio civil, de compras y contrataciones del Estado, de la carrera judicial, entre otras.
“No solo es importante un cambio al sistema, sino a la forma de gobernar, que efectivamente obtengamos resultados en esta fase de cuatro meses del nuevo gobierno que hoy se instalará. Asimismo, con mucha claridad decimos que no queremos más funcionarios corruptos en puestos clave del Gobierno”, indicó el jefe de la cúpula empresarial.
Finalmente, el director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala, Nery Rodenas, explicó que “hoy más que nunca se necesitan los cambios profundos al sistema a través de las leyes del país porque los últimos casos develados por el Ministerio Público y la CICIG han mostrado que el marco legal existente favorece a la corrupción la impunidad y tenemos que modificarlo para no permitir que la clase política siga saqueando las arcas del Estado”.
“Hay que hacer cambios de fondo al sistema político a través de un gran diálogo nacional porque en este momento somos un Estado fallido”.
Jorge de León Duque
PDH
“Insistíamos en la necesidad de aprovechar el despertar de la los guatemaltecos que están en desacuerdo con el actual sistema y que quieren cambios profundos”.
Carlos Alvarado Cerezo
Rector de la Usac
“Los partidos políticos representados en el Congreso no han asumido su responsabilidad y más bien consolidaron la estructura de corrupción
Helen Mack
Activista
“No solo es importante un cambio al sistema, sino a la forma de gobernar, que efectivamente obtengamos resultados en esta fase de cuatro meses del nuevo gobierno que hoy se instalará”.
Jorge Briz
CACIF
“Hoy más que nunca se necesitan los cambios profundos al sistema a través de las leyes del país (…) el marco legal existente favorece a la corrupción y la impunidad”.
Nery Rodenas
ODHAG
