El presidente Otto Pérez Molina ha presentado su carta de renuncia, horas después de que se girara una orden de aprehensión en su contra por su supuesta implicación en un caso de corrupción.
POR REDACCIÓN LA HORA
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Las cosas se han complicado para el mandatario, al punto que ha tenido que presentar su carta de renuncia y en su lugar asumirá el hasta ahora vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre.
Se trata de un hecho histórico, del cual ya tiene el conocimiento el Congreso de la República, pues ha sido antes de la media noche que el presidente Otto Pérez Molina ha presentado su carta de renuncia.
«El señor presidente de la República de Guatemala presentó su renuncia el día 2 de septiembre del año en curso, con el objeto de mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso en su contra», según confirmó el vocero presidencial, Jorge Ortega, a periodistas.
En una votación histórica, el Congreso de Guatemala decidió el martes retirar la inmunidad al presidente para permitir que sea investigado como cualquier ciudadano.
Sin embargo, la dimisión solo se dio después de que miles de ciudadanos unieran sus voces contra el jefe de Estado, y que antes el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala le investigaran y señaran por su presunta implicación en el caso La Línea, de contrabando y defraudación aduanera.
LAS HORAS PREVIAS
Antes de presentar la renuncia Pérez Molina, el juez Miguel Ángel Gálvez ordenó la aprehensión del Presidente, a quien la fiscalía acusa de tres delitos de corrupción.
Gálvez, del juzgado de Mayor Riesgo «B», giró la orden la tarde del miércoles. Esta había sido solicitada por la fiscalía por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, según confirmó la fiscal general Thelma Aldana.
La ley no considera medidas sustitutivas de prisión para estos delitos, por lo que después de escuchar a Pérez Molina el juez deberá resolver si lo deja en libertad o dicta auto de prisión preventiva.
Según el artículo siete de la ley de antejuicio «un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva», por lo cual, si esto sucede, Pérez Molina, de 64 años, sería despojado de la presidencia del país.
La fiscal general dijo que el defensor de Pérez Molina presentó ayer un escrito oficial en el que aseguraba que el presidente se pondría a las órdenes del tribunal.
«Asumo que en cualquier momento se va a presentar» ante el juez, dijo Aldana. «Puede ser hoy, mañana o el viernes».
Por su parte, César Calderón, abogado de Pérez Molina, dijo que al momento de conocer una orden de aprehensión en contra del mandatario éste sería presentado ante el juzgador, lo cual podría ocurrir el jueves por la mañana.
La fiscal general dijo que hay una investigación preliminar de la fiscalía y la CICIG que involucra al presidente en el caso de defraudación aduanera.
En una votación histórica, el Congreso de Guatemala decidió el martes retirar la inmunidad al presidente para permitir que sea investigado como cualquier ciudadano.
Poco después de conocerse la decisión, aprobada por unanimidad por los 132 legisladores presentes en la cámara, un juez le prohibió salir del país. Aldana explicó que se trataba de una medida preventiva.
Los cargos fueron formulados luego de que la fiscalía y la Comisión anunciaran el pasado el 16 de abril la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que recibieron sobornos de empresarios para que les ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada «La Línea» por ser una especie de «alternativa» para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
La comisión anunció que cuenta con 88 mil escuchas telefónicas entre las cuales habría una en la que se escucha al presidente hablando con Carlos Muñoz, superintendente de Administración Tributaria, y ordenando cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.
Por ley, esa agencia es un ente autónomo y sin injerencias del ejecutivo. Según la fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que solo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso de «La Línea». Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y está en prisión preventiva acusada de haber recibido al menos 3,7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
