POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Antes del 2012 y en el año en que Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, tomaran posesión de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República respectivamente, prometían una lucha sin tregua contra la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia en el sistema político del país.
Incluso, unos meses antes de que una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, develara el escándalo de defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria conocido como “La Línea”, el mandatario insistía en ofrecer transparencia en su gobierno.
Ejemplo de ello sucedió el 28 de abril de este año, cuando Pérez Molina informó que impulsaría la formación de una entidad con representación de los principales sectores del país, que contribuyera a fortalecer la transparencia en los procesos de manejos de recursos, licitación y contratos abiertos de las distintas dependencias del Estado.
Sin embargo, esta mesa técnica que supuestamente quedaría a cargo del Ministerio de Finanzas, ya no se integró y la propuesta quedó en el olvido.
Asimismo, en el mismo mes, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz, exigió la publicación de las declaraciones patrimoniales al gobernante junto a la de sus ministros del Gabinete, pero el Presidente se negó y aseguró que su declaración de bienes se podía consultar en la Contraloría General de Cuentas.
Por otro lado, Julio Ligorría entrevistó a Roxana Baldetti en el programa Destino del Canal Antigua en el 2011, y la entonces diputada por el Partido Patriota, manifestó que pediría a Pérez Molina 40 personas para trabajar, en caso ganaran las elecciones, para “combatir la corrupción…” y cómo ella nunca incurriría en prácticas fraudulentas, por sus hijos.
En aquel momento, Baldetti dijo que “tengo un equipo de ocho personas que son las que me ayudan a fiscalizar. Y lo único que le he pedido a Otto Pérez Molina si el voto lo favorece y llega a ser Presidente, que estoy segura que así va a ser, es que ese equipo de ocho se convierta en uno de cuarenta del más alto nivel para que me ayuden a fiscalizar a sus funcionarios”.
Asimismo, enfatizó que el objetivo de esa petición es para que los funcionarios del Presidente, “sepan que van a llegar al puesto a servir y no a servirse, que van a llegar a representar a los guatemaltecos y no como han hecho la mayoría de los que han pasado por ahí”.
La entrevistada explicó que “es lo único que le he pedido desde donde me toque estar y estoy segura que Otto Pérez Molina me va a cumplir eso porque lo más gratificante es llegar a la más alta magistratura y salir con la cara levantada. Y yo tengo dos razones muy importantes por las que necesito salir así; mis hijos. Mis hijos son dos hombres que se sienten muy orgullosos de su mamá, pero hace algún tiempo les hacía la referencia de un funcionario que venía con sus dos hijos atrás, pero enchachados en los tribunales de justicia”.
Otto Pérez Molina es señalado de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, por ser el supuesto líder de la estructura “La Línea”, donde de acuerdo a interceptaciones telefónicas de la Fiscalía y la CICIG, era conocido como “el mero mero” y “el jefe de la finca”.
En tanto, Roxana Baldetti, guarda prisión en la cárcel Santa Teresa, zona 18, sindicada por los mismos delitos.
“Y yo les decía cuando estaban más pequeños a mis hijos, esa es la historia que no hay que repetir sino que hay que repetir la historia de dos hombres que me acompañan a la par orgullosos de que su mamá sirvió al país. Y mi mejor garantía para los guatemaltecos es que tengo dos hombres que se van a sentir orgullosos de que su mamá sirvió al país en la medida de lo posible”, decía la exvicepresidenta en 2011.
¿DE QUÉ SE ACUSA A OTTO PÉREZ?
La fiscalía acusa a Pérez Molina de tres delitos: asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. El cohecho sanciona al funcionario o empleado público que solicite intencionalmente o acepte sobornos. La aceptación puede ser directa o indirecta y no sólo es dinero sino cualquier dádiva, promesa o beneficio a cambio de que realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.
Los cargos fueron formulados luego de que el 16 de abril la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala anunciaran la desarticulación de una organización presuntamente criminal integrada por funcionarios públicos aduaneros y particulares que habían recibido sobornos de empresarios para que los ayudaran a evadir impuestos.
La estructura, denominada «La Línea» por ser una especie de «alternativa» para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, estaba presuntamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta Baldetti.
La comisión informó que cuenta con 88 mil escuchas telefónicas entre las cuales, dijo, hay una donde se oye a Pérez Molina hablar con Carlos Muñoz, Superintendente de Administración Tributaria, en la que le ordena cambiar al gerente de recursos humanos de la institución porque no facilita la recaudación tributaria.
Por ley, esa Superintendencia es un ente autónomo y sin injerencia del Ejecutivo. Según la Fiscalía, el cambio de gerente se realizó, lo que facilitó el trabajo de la organización desmantelada.
Pérez Molina ha negado su participación en los hechos y asegura que sólo pretendía mejorar la recaudación tributaria del país.
En el caso de «La Línea» hay al menos 100 personas sometidas a investigación. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar al cargo y está presa acusada de haber recibido al menos 3.7 millones de dólares en sobornos, según la Comisión.
Tras el retiro de la inmunidad del presidente, el Congreso ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que se le asigne un juez al caso. La Corte ordenó que el expediente fuera enviado a un juzgado de instancia pero la fiscal general solicitó que el caso lo llevara el juez Miguel Ángel Gálvez, que conoce la investigación contra los otros procesados y quien le dictó a Pérez Molina la prohibición de salida del país.
