POR CLAUDIA PALACIOS
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La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó por unanimidad los amparos provisionales solicitados por el presidente Otto Pérez Molina para evitar enfrentar proceso penal, tras ser señalado como el líder de la estructura de defraudación aduanera La Línea.

_Nac2_1bEl pleno de la CC, presidido por la magistrada Gloria Porras Escobar, e integrado por los magistrados Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Mauro Chacón Corado y María de los Ángeles Araujo Bohr, decidió, por unanimidad, no otorgar amparo provisional al presidente Otto Pérez Molina.

La semana pasada, César Calderón, representante legal de Pérez Molina, interpuso dos acciones en la CC para suspender el antejuicio contra el mandatario.

El abogado presentó una acción contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por dar trámite al antejuicio en contra de Pérez Molina y otra contra la Comisión Pesquisidora del Congreso por el informe en el cual recomendó retirar la inmunidad al Presidente.

Ambas acciones fueron rechazadas provisionalmente por la CC esta mañana; sin embargo, el amparo aún debe ser conocido en definitiva.

Mientras tanto, el proceso penal contra Pérez Molina sigue su curso. Ayer, el Congreso avaló el informe de la pesquisidora y autorizó al Ministerio Público (MP) para investigar y accionar contra el mandatario.

El expediente del antejuicio ya fue trasladado al Juzgado B de Mayor Riesgo, contralor del caso contra la estructura La Línea.

Hasta la hora de cierre de esta edición, la fiscalía solo había solicitado el arraigo contra el Presidente, de manera que éste no pueda dejar el país para huir de la justicia.

Ante la posibilidad de una posible orden de captura contra Pérez Molina, el abogado defensor presentó un memorial ante el juzgado, en el cual el mandatario se pone a disposición del juez Miguel Ángel Gálvez para colaborar con el proceso penal.

ANTECEDENTES
El pasado 21 de agosto, el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) interpusieron una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, a quien señalaron de dirigir, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, la estructura de defraudación aduanera La Línea.

Los entes de investigación pretenden investigarlo por los delitos de asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo, los mismos por los cuales se emitió una orden de captura contra Roxana Baldetti.

El MP y la CICIG presentaron ante la comisión pesquisidora numerosos documentos que presuntamente evidencian las relaciones de negocios entre los jefes operativos de La Línea y Pérez Molina.

Además, los investigadores presentaron una llamada telefónica interceptada en la que se escucha la voz del Presidente ordenando al entonces superintendente de administración tributaria, Carlos Muñoz, cambiar al jefe de Recursos Humanos; según la teoría del MP, para colocar a personas cercanas a la estructura criminal.

Debido a estos hechos 36 personas enfrentan proceso por los delitos de asociación ilícita para el contrabando, contrabando aduanero y defraudación tributaria.

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