POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Luego de un análisis exhaustivo del expediente trasladado por la Contraloría General de Cuentas y las cláusulas del contrato de usufructo suscrito por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal y la compañía española Terminal de Contenedores Quetzal, la Procuraduría General de la Nación (PGN), recomendó al presidente Otto Pérez Molina declarar la nulidad de dicho convenio por supuestas anomalías en la autorización del mismo. La entidad no descarta acciones legales.
María Eugenia Villagrán, titular de la PGN, confirmó que ya se envió a la Secretaría General de la Presidencia el análisis de la institución que no difiere mucho de la petición de la Contraloría General de Cuentas, sobre recomendar a Pérez Molina que declare nulo el usufructo oneroso firmado en 2012 entre la Empresa Portuaria Quetzal y TCQ -subsidiaria de Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB)-, para la ampliación del puerto ubicado en el departamento de Escuintla.
Esto, luego de una revisión hecha por el equipo jurídico de la PGN del planteamiento del Contralor Carlos Mencos, en cuanto a pedir la lesividad o la nulidad del contrato y que se lograra constatar entre otras irregularidades, que el usufructo generaría condiciones de monopolio en la actividad portuaria a favor de la empresa filial de TCB.
Villagrán, además, afirmó que el proceso de negociación de las condiciones contractuales entre TCQ y EQP lo llevó a cabo el ahora exinterventor de la Portuaria, Allan Marroquín, quien pudo haber irrespetado la Ley de Contrataciones del Estado en la adjudicación de este servicio público, o peor, sin tener las facultades para suscribir el contrato.
La jefa de la PGN, explicó finalmente que se examinó el caso durante tres semanas y se concluyó que no se podía solicitar la lesividad del acuerdo debido a que esta debió presentarse antes de cumplirse tres años de la firma del contrato que ocurrió en julio de 2012, pero sí se podía plantear la nulidad porque las cláusulas lo permiten sin el riesgo de generar un litigio o una indemnización a TCQ por la inversión realizada hasta el momento.
“Hoy estamos remitiendo el informe de la PGN al Presidente, donde establecemos que el exinterventor no tenía las facultades de autorizar este contrato. Solicitamos que se declare la nulidad porque se autorizó en contra de leyes expresas del país. De conformidad con la ley, la PGN hace esta recomendación y espera las instrucciones en un plazo máximo de 15 días. De lo contrario, se actuará presentando las acciones correspondientes contra quienes autorizaron el contrato”, argumentó la funcionaria.
OTROS CASOS EN LA MIRA
La titular de la PGN dio a conocer que también se analiza la legalidad de contratos administrativos de diferentes ministerios, entre ellos, algunos adjudicados en el aeropuerto La Aurora, el contrato por las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona 18 que realizó el Ministerio de Gobernación y el aporte de US$35 millones que se dio para el servicio del Transurbano.
“Y yo estoy en este momento velando para que se respete la institucionalidad y presta a presentar cualquier acción en defensa de los intereses del Estado, si fuese necesario. Estamos siguiendo de cerca los últimos acontecimientos para determinar qué acciones se pueden tomar”, puntualizó María Eugenia Villagrán.
