POR VIRGINIA CONTRERAS
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La organización internacional Crisis Group publicó el informe “La agitación política en Guatemala: Oportunidades y Riesgos”, el cual aborda la situación en el país e incluye los temas sobre rendición de cuentas, la participación social y la reforma política, en donde señala que son las mejores opciones para finalmente construir una sociedad democrática, incluyente, basada en instituciones fuertes y transparentes.
El documento señala que el caso de fraude fiscal, conocido como La Línea, fue utilizado para reducir los derechos de aduana a cambio de sobornos, siendo uno de varios escándalos de corrupción que involucran a funcionarios gubernamentales de alto nivel que han sacudido el país desde abril, en donde nuevas pruebas implicaron al presidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidente, Roxana Baldetti, lo que derivó en que las organizaciones empresariales y de la sociedad civil estén pidiendo la renuncia del mandatario.
Indica que el apoyo al Presidente está cayendo, puesto que más de una docena de funcionarios gubernamentales de alto nivel han renunciado, mientras que la más “poderosa asociación del sector privado”, la Iglesia Católica, grupos de derechos humanos, instituciones académicas y decenas de organizaciones de la sociedad civil han pedido que renuncie y miles de manifestantes han salido a las calles para exigir que el Congreso le retire su inmunidad; además de solicitar que las elecciones se pospongan.
“Existe el peligro de que la esperanza pueda convertirse en frustración e incluso en violencia si los actores políticos no respetan las normas constitucionales, y los elegidos en las elecciones del 6 de septiembre para presidente y miembros del Congreso ignoran las demandas populares de justicia y transparencia”, describe el ensayo.
Detalla que según el informe realizado en julio por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), los partidos políticos de Guatemala tienden a ser máquinas clientelistas que persiguen el poder para extraer beneficios personales, no para canalizar las demandas políticas generales. Por lo que indica que cuando asuma el cargo el nuevo Congreso el 14 de enero, deberá hacer una limpieza del sistema político.
“Los fiscales nacionales y la CICIG, con un fuerte apoyo público, están demostrando que nadie está por encima de la ley. Guatemala tiene la oportunidad de transformar una crisis política en el gobierno y con ello ofrecer una lección que otros países”, dice el artículo.
El documento concluye explicando que además de las reformas legislativas, quedará mucho por hacer para separar la política de la delincuencia. Pero al final, las autoridades judiciales, respaldadas por una ciudadanía con energía, han ganado la iniciativa en esta crisis.
