POR VIRGINIA CONTRERAS
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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) es hermética en torno a las informaciones que dieron lugar a que el Ministerio Púbico presentara una acusación contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por su presunta implicación en el caso La Línea.

La estructura de defraudación aduanera y contrabando denominada La Línea, de carácter “histórica”, según el presidente Otto Pérez Molina, fue descubierta hasta abril pasado.

Por eso La Hora consultó a la IVE por qué el proceso para detectar los movimientos financieros sospechosos en las cuentas de Baldetti se dieron de forma tardía, considerando que la exfuncionaria, al igual que otros representantes del gobierno, se encuentran en una lista que la IVE denomina de Personas Expuestas Políticamente (PEP´s), lo que supone que sus acciones financieras tienen un seguimiento especial.

La respuesta de la IVE a La Hora fue que “la investigación está bajo reserva y por impedimento de la ley no se puede divulgar esa información, únicamente puede ser trasladada a las autoridades competentes como el Ministerio Público”.

INTERESES PERSONALES

Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) recordó que al ingreso del gobierno actual se promocionó la renuncia forzada de la intendente de la IVE, Paola Rojas y el superintendente de bancos, Víctor Mancilla, quienes eran conocidos por su alta solvencia moral, tras lo cual el mandatario nombró a los sustitutos muy a la medida de sus intereses.

A criterio del analista, esa situación terminó por ocultar las operaciones ilícitas que se dieron posterior a ello.

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