POR VIRGINIA CONTRERAS
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“¡En estas condiciones no queremos elecciones!”, era una de las consignas que la población pronunciaba ayer en horas de la noche en la Plaza de la Constitución y es que luego del anuncio de la captura de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por su presunta implicación en el Caso La Línea, así como la solicitud de antejuicio al presidente Otto Pérez Molina, la ciudadanía se muestra apática ante la falta de ética y transparencia que manifiesta la clase política. Analistas consideran que este sector evidencia altos niveles de descomposición.
El escándalo de contrabando y defraudación aduanera, ocurrido el pasado mes de abril, en el que existen señalamientos de la participación del Presidente y la exvicepresidenta, fue el detonante que generó el descontento de la ciudadanía en contra de los gobernantes y la clase política, quienes cansados de la corrupción han protestado en las conocidas manifestaciones pacíficas, en donde además han expuesto su rechazo hacia la próxima contienda electoral.
El abogado Alfonso Carrillo Marroquín destacó que los eventos de ayer solo confirman la existencia de que altos funcionarios no cumplen con las condiciones de ser idóneas ni honestas, algo que la población deberá exigir, para que cualquier aspirante a un cargo público, cumpla con los méritos de honradez, honestidad, idoneidad y capacidad, puesto que el Tribunal Supremo Electoral no está solicitando que se cumpla con lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución.
La semana pasada, Carrillo presentó un recurso de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad, con miras a cancelar la convocatoria a elecciones, debido a que antes de haberse realizado esta, varios partidos infringieron la ley electoral desde 2011, por lo que a su criterio debieron haberse anulado.
Al igual que Carrillo, la activista en derechos humanos, Helen Mack, manifestó que el momento no es el idóneo para que se realice el proceso electoral, dado que personas corruptas se encuentran dentro del Congreso y se están resistiendo a salir. En tal sentido, añadió que hay una gran responsabilidad de las instancias del sector justicia, quienes no han resuelto todos los recursos existentes para darle una certeza a este tema.
En tanto Renzo Rosal, analista y politólogo, expresó que los recientes acontecimientos han servido para redescubrir el valor de la ética pública, en donde la población indica que ya no quiere corrupción, así como funcionarios que se enriquezcan a través del pueblo.
Por su parte, Christians Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) explicó que los niveles de descomposición de la clase política son como una bofetada a la credibilidad que la sociedad coloca a los actores políticos.
Indicó que hasta este momento no hay una forma jurídica que permita reprogramar las elecciones y de suceder esto, se debilitaría la poca institucionalidad que queda luego de los acontecimientos referidos.
