POR CLAUDIA PALACIOS
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Pese a las expectativas de que Roxana Baldetti fuera recluida en la carceleta de la Torre de Tribunales o en un centro de detención para mujeres, la exfuncionaria fue trasladada, a solicitud de su abogado defensor, al Cuartel Militar Matamoros, hasta ayer una prisión exclusivamente para hombres cuyas regulaciones internas han sido cuestionadas por los privilegios que allí gozan los detenidos.
Tras varias horas de incertidumbre sobre el lugar donde pasaría el fin de semana la exvicepresidenta, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviarla al Cuartel Militar Matamoros, mientras se resuelve su situación judicial.
La orden del togado respondió a una solicitud de Mario Cano, abogado defensor de la exvicepresidenta, quien argumentó al juez que la carceleta de tribunales, así como los centros de detención para mujeres no cuentan con las condiciones necesarias para resguardar a su representada.
Analistas cuestionaron lo que consideran “privilegios” para la exmandataria acusada de corrupción. “No encuentro una razón objetiva para trasladarla a Matamoros”, indicó Gerson Sotomayor, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
El analista considera que los centros de detención de mujeres, al ser ajenos a las situaciones de inseguridad que existe en los centros preventivos de hombres, pudieron ser una opción efectiva para resguardar a la exfuncionaria.
Baldetti no fue trasladada desde el Hospital Centro Médico hasta Matamoros en una patrulla del Sistema Penitenciario, sino en una camioneta tipo agrícola.
Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, indicó que esta medida pudo ser tomada debido a que las patrullas tradicionales no tienen vidrios blindados y es deber del Estado proteger la vida de los sindicados.
Dedik también destacó el hecho de que Baldetti haya sido movida directamente del Centro Médico hacia el cuartel militar, sin pasar por Tribunales, como usualmente se hace con las personas que no han sido ligadas a proceso.
CÁRCEL “VIP”
Matamoros, diseñado para albergar a sindicados cuya vida podría correr peligro, es considerado un centro de detención “VIP” debido a las condiciones holgadas en las que viven sus reclusos
La Hora ha documentado a través de diferentes reportajes la falta de requisas en el cuartel, pese a que se sabe de los privilegios que gozan los allí detenidos y de la utilización de celulares sofisticados y otros objetos no permitidos dentro de los centros carcelarios.
En mayo pasado, La Hora obtuvo acceso a fotografías de la habitación que ocupaba en dicho lugar el presunto narcotraficante, Jairo Orellana, en las que se puede observar que poseía licores, electrodomésticos, aparatos de entretenimiento, entre otras comodidades.
ANTECEDENTES
El juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, emitió una orden de captura contra Baldetti por los delitos de caso especial de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo, debido a su presunta implicación en el caso “La Línea”.
Sin embargo, la detención no se hizo efectiva de forma inmediata porque la exvicemandataria se encontraba internada desde el pasado viernes en el hospital Centro Médico, ubicado en la zona 10 capitalina.
De acuerdo con Cano la exvicepresidenta ingresó al centro hospitalario el pasado viernes porque padece de problemas del corazón y además se encuentra bajo tratamiento con antibióticos, por causa de una infección bacteriana.
El traslado se llevó a cabo, luego de que el Inacif evaluó a la exvicemandataria y señaló que se encuentra en condiciones estables para enfrentar proceso judicial.
LAS INVESTIGACIONES
En conferencia de prensa, la fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez señalaron a Baldetti y al presidente Otto Pérez Molina como los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera “La Línea”, dedicada al cobro de sobornos a empresarios a cambio de la reducción de impuestos de importación.
Los investigadores llegaron a esta conclusión tras el análisis de 88 mil llamadas telefónicas interceptadas, 5 mil 906 correos y 175 mil documentos electrónicos incautados durante los más de 40 allanamientos realizados.
Las primeras indagaciones señalaron al ex secretario privado de la exvicepresidenta, Juan Carlos Monzón Rojas, como el cabecilla de la organización; sin embargo, las nuevas evidencias señalan que éste respondía a las órdenes de Baldetti y Pérez Molina.
