Por Redacción La Hora
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Fiscales del Ministerio Público (MP) en coordinación con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, (CICIG), coordinaron la aprehensión de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien está internada en el Centro Médico, por padecer problemas de salud.
El MP confirmó que junto a la CICIG coordinó la aprehensión de la exvicepresidenta, por su implicación en el caso de la estructura «La Línea».
La exvicepresidenta está acusada de asociación ilícita, cohecho y caso especial de defraudación aduanera.
El fiscal del MP, Juan Francisco Sandoval, dijo que hoy se le notificó a la exvicemandataria que tiene una orden de aprehensión por el caso «La Línea».
A decir de Sandoval, la exvicemandataria tiene aproximadamente tres días de estar en el Centro Médico por quebrantos de salud.
El abogado de Baldetti, Mario Cano, quien llegó al sanatorio privado, dijo que su defendida tiene padecimientos del corazón y problemas “de una bacteria”, lo cual está siendo tratado con antibióticos, por lo que están a la espera de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para ser evaluada.
Cano arribó inmediatamente al centro donde está internada la exvicemandataria, al trascender su captura, e indicó que con esa acción se violó el derecho a la defensa.
El juez B de Mayor Riesgo se trasladará al Centro Médico para hacer saber el motivo de la detención de la exfuncionaria.
Se presume que cuatro teléfonos celulares fueron la clave para la detención de la exvicemandataria, los cuales fueron incautados ayer en una de sus propiedades, en zona 10.
ANTECEDENTES
Baldetti renunció al cargo de vicepresidenta el pasado 8 de mayo, luego de que la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, desbarataran en abril la estructura La Línea, caso en que estaba involucrado su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, ahora prófugo de la justicia.
CASO LA LÍNEA
El pasado 16 de abril, el MP y la CICIG dieron a conocer la captura de al menos 20 funcionarios,exfuncionarios y particulares, entre ellos el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, así como el superintendente Carlos Muñoz, tras una investigación de que un grupo de importadores estaban involucrados en acciones de contrabando, quienes tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evitar el pago de impuestos.
Para ello la red proporcionaba a los importadores un número telefónico conocido como «La Línea». Las autoridades establecieron que parte de la estructura estaba integrada por funcionarios de la SAT.
