POR MARIELA CASTAÑÓN
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En cinco meses concluye la administración de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, quien llegó en 2012 al poder por su promesa en seguridad. En sus discursos Pérez Molina anunció cero tolerancia a la criminalidad y un plan que lo llevaría a la creación de cárceles de máxima seguridad, una policía profesional y dignificada, una reducción de índices delictivos, entre otros, sin embargo, hoy poco o nada se ha cumplido en estos temas que serán el reto de la siguiente administración de gobierno, aunado a la corrupción incrustada en algunas instituciones, según profesionales consultados.
VIOLENCIA Y MUERTES
La falta de capacidad de respuesta para prevenir el delito en Guatemala es uno de los problemas que más afecta a la sociedad.
Entre enero de 2012 y julio de 2015, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó 21 mil 293 necropsias por causas asociadas a hechos criminales en investigación.
Por otro lado, el Ministerio Público (MP), recibió en los últimos tres años y cinco meses 24 mil 221 denuncias por extorsiones, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito.
Según expertos la cantidad de denuncias no siempre representa la cantidad de casos reales, sin embargo, sí es un referente de la problemática, muestra de eso es la cantidad de personas que siguen muriendo en el país a causa de este flagelo, que sigue planificándose desde las prisiones.
A la fecha, pilotos de buses, pequeños comerciantes y familias son asediadas por la extorsión por parte de delincuentes que logran acumular fuertes sumas de dinero, incluso, utilizando la banca.
AUSENCIA DE DIGNIFICACIÓN
La falta de respuesta de la Policía Nacional Civil (PNC) en los temas de prevención del delito, se debe a que aún no existe una policía profesionalizada plenamente y a la ausencia de recursos para que cumplan con su labor, según Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac).
Actualmente la fuerza policial, integrada por 34 mil 456 personas, continúa viviendo en condiciones precarias, con sedes policiales en mal estado y alquiladas, devengando el mismo salario que hace cuatro años tenía -aproximadamente Q3,900-; también sin balas e indumentaria adecuada para enfrentar la criminalidad.
Según los datos oficiales, se estima que el 80 por ciento de las sedes policiales, un total de 609, son rentadas, mientras que poco se avanzó en la remodelación de las mismas por corrupción, pues el pasado 23 de junio fue capturado el exmilitar y exsubidirector de Apoyo y Logística de la PNC, Héctor Rodríguez, por desviar Q52 millones de la PNC para beneficiarse asimismo.
En el tema de Reforma Policial, Celada considera que hubo pocos avances, pues no era prioridad para el actual gobierno, que pretendía hacer creer que se trabajaba en eso, cuando no era así.
“El problema fundamental es que el plan de Reforma Policial, empujado y avalado por la sociedad civil hace cuatro años, en este gobierno se le dio marcha atrás y no hubo continuidad en la idea general, el problema va más allá de la Comisionada actual, tiene que ver a mi juicio a que la Reforma Policial fue un membrete, una cosa que se usó con fines mediáticos, no era parte esencial del gobierno, sino que utilizaron la imagen pública y la credibilidad de doña Adela de Torrebiarte, para hacernos creer que el tema se estaba atendiendo pero todos sabemos que los recursos presupuestarios que se le destinaron a Reforma Policial en la práctica nunca fue algo que doña Adela pudiera impulsar, más que lo cosmético que se hizo”, reiteró.
El profesional detalló que se insistió en fortalecer al Ejército y destinarle recursos de la PNC, en lugar de apostar por la Policía.
SIN JERARQUÍA Y SIN CÁRCELES
El reto en las cárceles es otro y quizá uno de los más preocupantes para la sociedad, pues desde las prisiones los delincuentes siguen planificando ilícitos, principalmente extorsiones y muertes violentas.
Aunado a la situación se encuentra la falta de dignificación de los guardias, quienes hasta hoy carecen de jerarquía para hacer carrera dentro de la institución; el salario que devengan es de Q3 mil 675, pero regularmente obtienen un monto de Q3 mil 300, que alcanzan con bonos.
El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, le ofreció al personal penitenciario un incremento salarial de Q2 mil, pero este fue modificado a bono único y según la actual titular de la Cartera del Interior, Eunice Mendizábal, dejarán la propuesta del aumento de salario para el siguiente gobierno, pues en este momento no existe capacidad financiera para atender ese requerimiento.
En otro tema, la gestión de Otto Pérez concluye sin cárceles de máxima seguridad y posiblemente sin módulos de deshacinamiento, pues tras dejar de implementar el primer proyecto en mención se buscó otra alternativa que fue la ampliación de espacios carcelarios en la Granja Penal Canadá; el contrato por excepción tendría un costo de Q755 millones 44 mil 918, sin embargo, por sugerencias de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el proyecto tendría que implementarse en la próxima administración de gobierno.
De acuerdo con la exdirectora interina, Silvia Guinea, acatarían las recomendaciones de la CGC y esto atrasaría la obra prevista.
“La Contraloría mandó a suspender el proyecto, estamos haciendo las enmiendas correspondientes. Los módulos estaban certificados con bastante tecnología, pero como el SP no tiene el equipo idóneo para hacer las supervisiones tecnológicamente hablando, nos enviaron la nota para que suspendiera el evento y se hiciera una contratación de una empresa que llenara las calidades y cualidades que nos diera la garantía de la obra que se está realizando”, refirió Guinea.
Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó recientemente a La Hora, que esto evidencia la falta de planificación por parte de las autoridades.
“Esto evidencia nuevamente falta de planificación, una obra se puede atrasar, eso puede suceder por algunas circunstancias, pero lo que más preocupa es que ya no se terminará la obra como estaba planificada. Tengo entendido que se realizarán modificaciones de aspectos de seguridad, de tecnología porque la institución no tiene la capacidad para operar lo que planificó, pero creo que esas cosas debieron detectarse antes de firmar el contrato porque se hizo una inversión y había una planificación”, indicó Dedik.
Actualmente el SP alberga a 19 mil 396 privados de libertad, que viven hacinados.
ARMAS Y EMPRESAS DE SEGURIDAD
La circulación ilegal de armas de fuego continúa sin control, la mayoría de muertes violentas ocurren por armas de fuego, según un análisis de Inacif.
Por otro lado, según datos oficiales, hasta junio de este año existía resistencia por parte de aproximadamente 40 empresas de seguridad para adecuarse a la Ley que Regula los Servicios de Seguridad Privada.
La persona que buscaba que las empresas cumplieran con la normativa, la exdirectora de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), Patricia Monge, fue removida del puesto.
Recientemente el viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, dijo que este proceso continuaría hasta que se resolvieran las acciones legales interpuestas por los empresarios de la seguridad.
Monge detalló en una ocasión que con la adecuación buscaban conocer la cantidad de armas que poseían las empresas, la nómina de trabajadores, las certificaciones de los guardias, entre otros.
De acuerdo con datos oficiales, 58 mil 823 armas de fuego están en poder de las empresas de seguridad privada, entre estas escopetas, revólveres, pistolas, carabinas y rifles. A la fecha Digessp registra 160 empresas de seguridad privada.
Este vespertino buscó en su despacho a la recién nombrada directora de Digessp, Vera Guzmán, pero una representante de esa institución se excusó por la funcionaria, indicando que se encontraba en una reunión y no podía atender a La Hora.
POCA TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD INVISIBILIZADA
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), considera que la poca transparencia y la corrupción fueron algunos problemas que se suman a la gestión del Mingob.
El GAM en reiteradas ocasiones manifestó su desacuerdo por las compras por excepción que realizaba la Cartera del Interior; actualmente tres exfuncionarios, entre ellos el extitular de ese Ministerio, Mauricio López Bonilla, son investigados por el Ministerio Público (MP) por la sobrevaloración en un contrato de cámaras de vigilancia en la zona 18.
Por otro lado, el representante del Ipnusac, destacó que en este período electoral a diferencia del anterior, los candidatos invisibilizaron el tema de seguridad y poco se ha escuchado sobre eso.
“A diferencia de la campaña pasada, el tema de seguridad está invisibilizada, ni siquiera en cancioncitas, en los spots de radio y televisión, como si eso se hubiera esfumado. Lo que sucede es que los partidos políticos hicieron su encuesta de opinión y lo que más preocupa es el empleo y el tema económico, por eso dejaron en segundo término el tema de seguridad, pero que los candidatos no lo promuevan en sus agendas, no quiere decir que estemos mejor en materia de seguridad, quiere decir que en este gobierno como en el anterior, la seguridad fue un argumento publicitario para llegar al gobierno sin tener atención real en el tema”, refirió Edgar Celada.
En cifras
21 mil 293 necropsias realizó Inacif en tres años y medio
24 mil 221 denuncias de extorsión recibió el MP entre 2012 y 2015
34 mil 456 elementos integran la PNC.
80 por ciento de las sedes policiales son arrendadas
Q3 mil 300 devengan mensualmente los guardias de Presidios
Q2 mil de incremento salarial para los guardias, quedará pendiente para la próxima administración de gobierno.
19 mil 396 personas están detenidas en los centros carcelarios.
160 empresas de seguridad privada están registradas en Digessp
58 mil 823 armas de fuego están en poder de las empresas de seguridad privada
Temas pendientes
– Prevención de muertes violentas y delitos contra el patrimonio
– Infraestructura policial y carcelaria
– Ausencia de dignificación para los miembros de la PNC y del Sistema Penitenciario
– Falta de control de armas de fuego y empresas de seguridad privada
