POR SAIRA RAMOS
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El contralor Carlos Mencos, a través de un oficio, solicitó a la Junta Directiva del Congreso la aprobación del proyecto de ley que pretende modificar el Código de Comercio, Decreto 2-70, en la parte conducente de los fideicomisos públicos por parte de entidades gubernamentales.
La propuesta remitida por Mencos el pasado 13 de agosto se planteó con el objeto de prohibir “contundentemente la posibilidad que cualquier institución pública pueda utilizar recursos a través de los fideicomisos, algo que evitará la discrecionalidad”, y por consiguiente la corrupción, según dijo el funcionario.
A la fecha, la Contraloría General de Cuentas (CGC) contabiliza 67 fideicomisos en liquidación y 65 en ejecución, de los cuales el ente fiscalizador no tiene certeza en la transparencia de los mismos, ni tampoco conoce el costo que representa el pago por la administración por cada uno de ellos, por la protección que da la figura financiera.
La petición de Mencos fue conocida ayer en una reunión en la Instancia de Jefes de Bloque y el funcionario espera que la misma sea aprobada previo a que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la Nación que ejecutará el próximo Gobierno en su primer año de gestión.
“No es la primera vez que presentó este proyecto, en mi anterior gestión también lo hice. Las reformas además de prohibir el uso del fideicomiso busca que los comités técnicos que determinan a quienes se les asignan los proyectos sean funcionarios públicos para que tengan una responsabilidad institucional sobre los actos”, señaló Mencos.
Los fideicomisos públicos contemplados en el Código de Comercio son utilizados por las entidades gubernamentales, sin embargo, la Municipalidad de Guatemala, los Fondos de Desarrollo Social y el extinto Fondo para la Paz (Fonapaz), han sido los entes que más han recurrido a esa figura, según la CGC.
