POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
Los sistemas públicos que deberían servir para fiscalizar el gasto público resultan inútiles o inexactos cuando se trata de transparentar la ejecución de los proyectos del Listado Geográfico de Obras (LGO). Cada año el Presupuesto de la Nación incluye en esta extensa lista los programas de obras de inversión y de equipamiento, pero no garantiza los mecanismos para verificar que se usen bien los recursos del Estado.
El Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, conocido también como LGO, agrupa proyectos de desarrollo para los 338 municipios del país, que se definen a través de un trabajo de “diálogo” y consulta de los consejos comunitarios, municipales y departamentales de desarrollo, aunque la palabra final la tienen los diputados, que tienen la función de aprobar el presupuesto del Estado.
Para este año se asignaron en diferentes rubros un total de Q13 mil 918 millones 988 mil 739 destinados a las diferentes obras. Los fondos estarían destinados a diversos proyectos de desarrollo, como la instalación de servicios de agua y saneamiento, infraestructura educativa y de sanidad, construcción de espacios deportivos y culturales, entre otros.
De acuerdo con Renzo Rosal, analista independiente, estos proyectos pueden cambiar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, marcan la diferencia entre tener o no servicios de agua potable, que son vitales para evitar muertes de menores; disponer de centros educativos adecuados para la preparación de las futuriciones generales, o contar con servicios de salud que garanticen una buena atención.
A pesar de la relevancia de los proyectos, estos se seleccionan y manejan con una compleja discrecionalidad, que pone de manifiesto el desinterés de las autoridades locales y nacionales para rendir cuentas sobre el manejo de fondos públicos.
FISCALIZAR: UNA MISIÓN IMPOSIBLE
En un esfuerzo para conocer la transparencia en el gasto público, La Hora Departamental seleccionó al azar algunos proyectos del LGO y así conocer qué facilidades hay para realizar un ejercicio de auditoría social.
El listado de los proyectos, cada uno identificado con un código, se encuentra en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), pero con escasos datos que permitan conocer los pormenores de los proyectos.
Para indagar más se requiere hacer una revisión individual de cada proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), utilizando los códigos del documento original. En este sistema sí hay detalles de las obras, pero en la mayoría de casos faltan datos básicos como contratos, informes de obras, fotografías y estadísticas.
INCONGRUENCIAS Y DUDAS
Una de las obras a auditar fue la “Reposición Hospital Rodolfo Robles por reconstrucción sismo 7N 2012, Quetzaltenango, Quetzaltenango”, identificado con el código 130786 en el SNIP, para el que se asignaron Q3 millones.
Según el portal SNIP, hasta el 27 de mayo el avance financiero del proyecto se encontraba en 44 por ciento y el avance físico de las obras era de cero por ciento al 10 de agosto de 2015. Eso significaría que se había erogado Q1 millón 320 mil, pero que la infraestructura del nosocomio aún se encontraba dañada por el sismo.
Al respecto Jorge Pinot, supervisor de hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), explicó que las obras en el hospital ya están terminadas, y desconoce la razón por la que el portal no lo reporta de esa manera.
Una fuente del Hospital Rodolfo Robles, que pidió no ser citada, señaló que si bien se ejecutaron las obras de reparación, no considera que se hayan efectuado de la forma adecuada.
Otro de los proyectos seleccionados se encuentra registrado con el código 133368, con el nombre de “Reposición Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, Caserío Buena Vista, aldea El Manzanillo en Chiantla Huehuetenango”.
El objetivo es la reposición del establecimiento educativo a través de la demolición de una pared, las columnas, la cimentación y el piso de concreto, así como la construcción de una nueva plataforma y un módulo de aulas con una extensión de 135.18 metros cuadrados, un muro perimetral y la pintura de todo el proyecto.
Este trabajo, se encuentra en la “fase de ejecución”, pero hasta el momento el avance financiero y físico de la obra es nulo. La inversión recomendada para esta obra es de Q606 mil 973, pero únicamente se han asignado Q179 mil 275, según lo refleja el documento proporcionado por el Minfin.
Esto deja dudas sobre cómo se utilizarán los recursos, ya que los recursos asignados podrían servir para la fase de demolición, pero no serían suficientes para la nueva edificación.
Otro caso emblemático lo representa la “Reposición de la Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta de Aplicación Naciones Unidas en San Marcos”, con una asignación de Q1 millón 111 mil 200 e identificada con el código 139685 en el SNIP. En teoría, el proyecto registra un avance de obras del 33 por ciento hasta el 4 de marzo y de 59 por ciento en el aspecto financiero al 28 de julio.
Así mismo, la “Reposición en la Escuela Preprimaria Oficial de Párvulos Francisca Sandoval en San Marcos”, con el SNIP 139686 y con un presupuesto del Q519 mil 920; detalla un avance financiero del 63 por ciento hasta el 28 de julio y avance físico de 49 por ciento hasta el 2 de julio pasado.
Sin embargo, el 18 de mayo pasado, la empresa minera Goldcorp dejó en evidencia que el Ministerio de Desarrollo no había ejecutado los Q5 millones donados para reparar ambos centros educativos, que resultaron seriamente dañados por los sismos de noviembre de 2012.
En esa ocasión Goldcorp lamentó los nulos avances en la reconstrucción de las escuelas. El Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social habría seleccionado a las dos escuelas a fin de que fueran beneficiadas con la construcción, sin embargo hasta ese momento las obras parecían encontrarse abandonadas por los contratistas, según refirió en un comunicado la empresa.
A la fecha no se consigue una explicación de cómo se registraron avances físicos en las obras, según los informes del SNIP, a pesar de que las escuelas todavía no habían sido reparadas.
SIN DATOS, SIN FISCALIZACIÓN
Al margen de las obras de infraestructura, el LGO también contempla proyectos de equipamiento para casos como escuelas, centros de salud o espacios culturales y deportivos, que requieren de diferentes herramientas y equipos para funcionar.
En estos casos, el listado no facilita informaciones que conduzcan a conocer cómo se están ejecutando estos recursos. Por ejemplo, se requeriría un código para ubicar en Guatecompras a quién se le están comprando los equipos, por qué montos y con qué modalidades.
La ausencia de datos hace imposible fiscalizar de forma ágil el uso de los recursos públicos, porque el LGO solo ofrece resúmenes de las dependencias que comprarán el equipamiento.
EL MAYOR NIVEL DE CORRUPCIÓN
Un análisis denominado “Corrupción en el Erario Público”, señala que la corrupción en el Estado se puede dar de diversas formas, el pago de comisiones principalmente en la inversión pública, falta de controles y fiscalización de organización no gubernamentales fideicomisos y otros.
En cuanto al Listado Geográfico de Obras, el estudio asevera que esta sección del presupuesto es la que alcanza los niveles más altos en corrupción, ya que desde antes de aprobarse este presupuesto se negocian los montos para beneficiar a ciertos distritos, empresas y organizaciones no gubernamentales pertenecientes a funcionarios públicos, quienes con la ayuda de diputados logran la aprobación del mismo.
Una fuente relacionada al estudio dijo que anualmente se realiza un análisis a fin de verificar en qué estado quedaron los proyectos inconclusos, con el fin de evitar la duplicidad de asignación de fondos, aunque reconoce es una tarea complicada ya que no se publicitarían en el Portal de Guatecompras.
“El Programa va dirigido a obra obviamente en el interior del país, en el interior de la República prioritariamente pero que es coordinada por Alcaldes y los Gobernadores, en concordancia en muchas veces, con algunos diputados”, afirmó el entrevistado.
Asimismo, aseguró, que en muchas ocasiones se convierte en motivo de negocio pues las empresas constructoras la incluyen el gobernador o el alcalde, y en casos, los diputados, que tienen intereses económicos.
Según la entrevistada, la obra gris junto a los medicamentos son algunas de las compras más complejas para fiscalizar, puesto que requiere de conocimiento en tecnicismos que solo algunos expertos conocen, por lo que “se presta a sobrevaloración, mucha corrupción, mucho clientelismo”.
Para Luis Linares López, de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), la adjudicación de estos proyectos representa una de las mayores fuentes de corrupción de la administración pública, por lo que debería suprimirse y cambiarse por un sistema más transparente y apolítico.
“Para lo único que ha servido es para hacer proyectos del mismo tipo que hacen las municipalidades; la idea original, era que atendieran proyectos que no podían atender las municipalidades por ser proyectos que cubrían más de un municipio”, aseguró.
De acuerdo al analista, debido a que en las adjudicaciones están involucrados gobernadores y diputados, en la mayoría habrían fuertes comisiones de por medio, y constituyen una fuente muy grande de corrupción, “la única solución que queda con ellos es suprimir ese aporte, y utilizar los recursos en una forma más eficiente”.
DIFICULTAN FISCALIZACIÓN
Walter Figueroa del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que es inusual incluso el poder relacionar información de las Municipalidades con otros programas.
Figueroa indicó que, lo ideal sería que todos los sistemas se pudieran enlazar con una clave única, a fin de centralizar la información en un solo lugar y aunque si hay algunos que lo poseen no es en todos los casos lo que dificulta la labor de fiscalización.
“Si dificulta, hay algunos esfuerzos para que se identifiquen los proyectos y que uno los pueda buscar, pero esos esfuerzos dificultan la labor de auditoría social en el sentido de que esos esfuerzos están aislados”, dijo el experto del Icefi.
En ese sentido Renzo Rosal, analista independiente, agregó existe necesidad de distribuir las obras y surge la preocupación pues “se le ha metido mano” al LGO y se le ha orientado a quitarle legitimidad a cambiar proyectos, que representan actos de corrupción y trastocan las necesidades de la población.
“Creo que tal como ustedes lo han manifestado, estamos hablando de más de diez mil millones de quetzales que se trasladan a las Municipalidades y más o menos Q2 mil millones adicionales”, agregó.
Rosal, indicó que existen suficientes ingresos públicos por lo que las estructuras de corrupción se habrían adentrado. Asimismo dijo, que verificar los datos de estas obras “representa un dolor de cabeza, y uno debe tener un doctorado en búsqueda de información para poder acceder”, por lo que podría haber intención de esconder o parcializar los datos para que no se tengan a la vista.
En Cifras
Q5 millones fueron donados por GOLDCORP para la reparación de centros educativos dañados.
Q1 millón 111 mil 200, se asignaron para la reposición de la Escuela Primaria Oficina Urbana Mixta de Aplicación Naciones Unidas.
Q606 mil 973, es la cantidad recomendada para la reposición de la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta, de Chiantla, en Huehuetenango.
“Para lo único que ha servido es para hacer proyectos del mismo tipo que hacen las municipalidades; la idea original, era que atendieran proyectos que no podían atender las municipalidades por ser proyectos que cubrían más de un municipio”.
LUIS LINARES LÓPEZ –Asíes-“Si dificulta, hay algunos esfuerzos para que se identifiquen los proyectos y que uno los pueda buscar, pero esos esfuerzos dificultan la labor de auditoría social en el sentido de que esos esfuerzos están aislados”.
WALTER FIGUEROA –Icefi-“Representa un dolor de cabeza, y uno debe tener un doctorado en búsqueda de información para poder acceder”.
RENZO ROSAL ANALISTA INDEPENDIENTE
