POR CLAUDIA PALACIOS
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Más de una decena de implicados en los casos de corrupción develados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en los últimos cuatro meses siguen prófugos de la justicia.
Desde el 16 de abril del presente año, fecha en la que se desarticuló la estructura de defraudación aduanera «La Línea», los entes de investigación han develado 8 casos de corrupción que incluyen a particulares y funcionarios y empleados públicos de todos los rangos.
Entre los implicados hay más de una decena de personas pendientes de captura, cinco de los cuales son sindicados como actores principales en las redes de corrupción.
Entre los sindicados pendientes de captura se encuentran Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia de la República y supuesto líder de la red de defraudación aduanera «La Línea».
Por este caso también hay un número no divulgado de empresarios pendientes de captura.
Monzón Rojas tiene orden de captura internacional, al igual que Luis Alberto Mendizábal Barrutia, empresario sospechoso de participar en las negociaciones ilegales de un grupo de abogados denominado «Bufete de la Impunidad».
Además, están pendientes de ejecutarse las órdenes de captura de Ernesto Córdova, representante de la empresa generadora Jaguar Energy, Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas, S. A., y Williams Esteban Arbizú Luna, empleado de la misma. El MP y la CICIG los vinculan a la red de tráfico de influencias dirigida por César Medina Farfán.
En el caso de la red de lavado de dinero de Francisco Morales Guerra, alias «Chico Dólar», hay dos particulares prófugos y en el caso de los señalados por el desfalco de Q52 millones de la Policía Nacional Civil, aún no se ha detenido a Miguel Ángel Arana Paz, exasesor del departamento de material móvil de dicha institución.
Uno de los fiscales a cargo de las investigaciones indicó que la ejecución de las órdenes de captura es responsabilidad del Ministerio de Gobernación.
