POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros dentro del Estado. Analistas señalan que la corrupción, lejos de ser un problema ajeno a la sociedad, le pasa una alta factura a la ciudadanía con más endeudamiento público y retroceso en el gasto y la inversión social.
En el Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, varias instituciones hacen estudios y análisis que buscan combatir este problema que aqueja al país y le deja pérdidas millonarias.
Recientemente se lanzó el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, dentro del cual participan entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Acción Ciudadana, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, señala que para poder vencer a la corrupción en la administración pública, primero se tienen que entender el problema. “Cuantificar el costo que representa la corrupción es fundamental para lograr ese entendimiento, así como también para poder despertar la conciencia ciudadana”, considera.
Zapata subraya que en cuanto a la producción del país, que por cada cinco puntos que empeora la percepción de corrupción en Guatemala, la Inversión Extranjera Directa se reduce en 6.58%. Respecto a los recursos del Estado, los mayores niveles de corrupción reducen los ingresos del Estado, y a la vez aumenta el endeudamiento, asegura.
Por ende, explica, esto afecta a los ciudadanos ya que la corrupción reduce el gasto social, no solo por pago de deuda sino por el pago de comisiones y el sobreprecio de algunos proyectos que se financian con los recursos públicos.
“Se pueden mencionar varios ejemplos que han salido muy caros, como la estafa del agua mágica que limpiaría el Lago de Amatitlán y que costó Q137 millones, lo cual equivale al funcionamiento del Ministerio de Ambiente. También el contrato fraudulento en el IGSS para el servicio de hemodiálisis ascendía a Q116 millones, lo cual representa 175 ambulancias equipadas. Y qué decir del caso que originó la indignación de los guatemaltecos, el de defraudación aduanera de parte de la banda La Línea, el cual, según las investigaciones, generó pérdidas al fisco por Q500 millones, casi seis meses de trabajo del Ministerio Público”, enfatiza el entrevistado.
Un análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado para 2015, realizado por la bancada Encuentro por Guatemala, calcula en 24 por ciento el monto de las pérdidas por corrupción y estima que solo en inversión pública hay fuga del 20 por ciento en sobreprecios, mala ejecución y comisiones por obras y proyectos, ante la ausencia de controles y otras medidas de transparencia y fiscalización.
DIFÍCIL CUANTIFICAR
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Ciencias Fiscales (ICEFI) y exviceministro de Finanzas en el gobierno de la UNE, coincide en que es imposible unificar una cifra de lo que se pierde de recursos estatales cada año, pero lo que sí es obvio, indica, es que el precio de la corrupción lo pagan todos los guatemaltecos, traducido en deficiencias de infraestructura, salud, educación y otras áreas que por ley, el Estado es responsable de cubrir.
De igual forma, expresa que la corrupción es un problema transversal que debe enfrentarse, y que la crisis política desatada luego de las investigaciones y capturas recientes en escándalos mayúsculos por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, constituyen una coyuntura muy oportuna para buscar consensos entre la ciudadanía y las autoridades de turno, para combatir ese cáncer social.
“Por ejemplo, con el caso hipotético de la construcción anómala de un centro polideportivo en Barberena. Veo que el municipio carece de drenajes, carreteras e infraestructura de urbanización mínima. Entonces, en mi lógica de prioridades, creo que el gobierno y la autoridad local debieron resolver esos temas más urgentes. Ahí podría percibir un acto de corrupción, y aunque tenga pruebas fehacientes tampoco puedo decir que socialmente nadie se está beneficiando de ese polideportivo. Si se demostrara, incluso, que hubo la intención de defraudar al Estado, no quiere decir que se tenga que demoler el polideportivo. Ese es el costo de la corrupción. Las oportunidades que se pierden de inversión. Por eso es tan difícil medir”, subraya.
En la presentación del estudio “Impacto económico de la corrupción”, que el Icefi hizo en el Congreso “Ciudadanos contra la corrupción”, el pasado 27 de mayo, detalló que del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobado por Congreso de la República por Q70 mil 600 millones, los rubros más vulnerables a desviación de recursos para fines de corrupción son las adjudicaciones en contratos abiertos de medicamentos, productos farmacéuticos y otros insumos hospitalarios en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de la Defensa Nacional (Centro Médico Militar).
El pasado 2 de junio, La Hora expuso los contratos abiertos en el ramo de medicinas e insumos hospitalarios para proveer 1 mil 633 productos, que a su vez están amparados en 239 contratos.
De las 82 entidades que tienen contratos abiertos, dos grupos se reparten recursos públicos correspondientes a Q2 mil 552 millones 478 mil 130.76, y son Agencia Farmacéutica Internacional, Sociedad Anónima (Agefinsa) y el grupo de J.I. Cohen que actúa a través del señor Jack Irving Cohen y de J.I. Cohen, Sociedad Anónima.
En una entrevista con la revista ContraPoder, Gustavo Alejos, exsecretario privado durante el Gobierno de Álvaro Colom, reconoció abiertamente que apoyaba las aspiraciones políticas de Torres, entonces precandidata presidencial y a su hermano, Roberto Alejos, y explicaba que eso le acarreaba problemas con el Gobierno.
“El problema con el Gobierno se ha generado a partir de que Sandra ha subido en las encuestas y porque algunos ven a mi hermano como un enemigo en la capital. Eso ha creado una guerra con el Gobierno, pero ellos deben entender que en materia comercial, no nos hemos prestado a algo. La empresa JI Cohen, de la cual soy parte, ha tenido problemas con las multinacionales farmacéuticas, nos han pedido que nos alejemos del tema político. Y por esa razón publico? un comunicado en la prensa por medio del cual la compañía informo? que era ajena a cualquier partido político”, indicaba al semanario.
Otros rubros vulnerables a este flagelo en el gasto de la Administración Central (ministerios y secretarías), de acuerdo a la misma fuente, 79 son los fideicomisos públicos que registra el Ministerio de Finanzas Públicas con fondos del Estado, ejecutados con el apoyo y las reglas de entidades bancarias o financieras, las cuales se aprovechan de la escasa regulación en la materia para evadir la fiscalización.
Asimismo, las asignaciones a los comités técnicos, municipalidades por su vínculo político con diputados distritales, Consejos Departamentales de Desarrollo, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros.
DEUDA PÚBLICA CONTRA DÉFICIT FISCAL
El endeudamiento público superó los Q124 mil 740.3 millones, luego que en los primeros seis meses de 2015 se contrató nueva deuda por Q9 mil 839 millones. Eso significa un incremento del 9 por ciento respecto del saldo contabilizado al 31 de diciembre de 2014, cuando la deuda cerró en Q114 mil 904 millones, según estadísticas del Banco de Guatemala.
Por deuda interna, hasta el 30 de junio, según el reporte, el incremento fue de Q5 mil 167 millones, y por la externa, Q4 mil 670 millones.
Saúl Figueroa, viceministro de Finanzas, encargado del área de ingresos y evaluación fiscal, indica que el incremento de la deuda pública se explica por la venta de los Bonos del Tesoro por Q8 mil millones para destinarlo a gasto público y el desembolso de tres préstamos con organismos internacionales. Ambas fuentes de financiamiento fueron aprobadas por el Congreso.
“Se colocaron Q8 mil millones en bonos y Q2 mil millones por préstamos, y eso es lo que explica el comportamiento”, afirma Figueroa.
De acuerdo con datos de la banca central, la deuda pública del Estado en la actual administración de Otto Pérez Molina, ha crecido hasta en un 26.4 por ciento, frente al 22.9% y 20.9% contratado durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (Gana), respectivamente.
En números redondos, el indicador del Banguat resume que el endeudamiento externo recibido a la fecha por el presidente Pérez Molina suma US$6 mil 926.8 millones, en comparación con los cuatro años de mandato de Álvaro Colom, donde la deuda percibida reportó un total US$5 mil 103.4 millones. Mientras, en el gobierno de Óscar Berger, la deuda externa fue de US$3 mil 149.5 millones al término de su gestión.
Al respecto, el economista independiente Carlos Martínez expone que la deuda pública debe ser analizada con profundidad y tomando en cuenta varios factores. “La de Guatemala no es tan grande, sobre todo si la comparamos con otras de la región, ya que representa el 25% del Producto Interno Bruto (en Honduras es del 48%), pero es en la capacidad de pago o carga tributaria donde surge el conflicto”, explica.
Según el experto, si no se ajusta la capacidad de pago, en 10 o 15 años, podría haber problemas serios por el endeudamiento. “Por otro lado, los préstamos no son malos o buenos per se, sino que tienen relación con la finalidad con la que se piden, su uso transparente y responsable, así como los retornos o beneficios obtenidos que los hacen positivos o negativos”, opina.
Para el profesional este nivel “exagerado” de deuda ha ido en aumento en los últimos tres gobiernos. A decir del profesional, fue en el mandato de Vinicio Cerezo que se empezó a adquirir deudas para hacer funcionar al Estado y no para invertir en obras o fundar entidades. La práctica continuó y se agravó en los gobiernos de Alfonso Portillo, Berger y Álvaro Colom.
Por último, la analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), Claudia García, opina que se debe poner mayor atención al comportamiento de la deuda externa monitoreando las tasas de interés que paga el Estado, porque no solo depende de la ayuda que ofrezcan las demás naciones sino la capacidad de pago que tendrá el país.
“Lo preocupante es que la actual administración ha tenido pésimos resultados en la recaudación fiscal, de tal forma que no cuenta con los medios para cubrir la deuda pública, que en este momento ronda el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). …el país no puede seguir con una deuda tan alta, por lo que se debe definir una política que regule al año el déficit fiscal”, culmina.
RECURSOS NECESARIOS
Según un análisis del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2014, con enfoque en la niñez y adolescencia, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el último año se destinaron Q12 mil 534 millones para financiar la cobertura educativa, de salud y seguridad alimentaria de la población menor de edad en Guatemala (unos 7.2 millones de niños y adolescentes en todo el país).
Para el área de Educación se aprobaron Q12 mil 193 millones. En Salud fueron aprobados Q4 mil 435 millones para funcionamiento de hospitales, pago de medicamentos y cobertura en esa área. En tanto el Ministerio de Gobernación tuvo un presupuesto de Q3.955 millones.
El analista político Renzo Rosal, opina que la corrupción define todo lo que está mal en la sociedad, porque por culpa de esta, se tienen deficiencias y limitaciones en salud, educación, de violencia, todos se benefician de esta y es la que abre la puerta al crimen organizado. Además, impide que el desarrollo llegue a las áreas marginales, porque mantiene las condiciones que permiten, a quienes las manipulan, beneficiarse de este ambiente.
“En las colectividades donde la corrupción impera, sus miembros ven poblarse de obstáculos e impedimentos. Esto, a su vez, favorece el desaliento y la actuación desganada; pero, además, suprime las posibilidades de desarrollo, colaboración y ayuda; y entonces todo resulta agobiante y abrumador. Por ello, los recursos se desaprovechan y el conflicto permea la vida social. El costo de esta inoperancia y disfuncionalidad resulta inimaginablemente elevado. A la par suya, lo apropiado ilegítimamente por los corruptos, por mucho que sea, constituye apenas una migaja”, dice el investigador.
EN CIFRAS
Q124 mil 740.3 millones
Endeudamiento público
Q9 mil 839 millones
Deuda adquirida en los primeros meses de 2015
26.4%
Crecimiento de deuda en esta administración
