POR SAIRA RAMOS
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El viceministro de Seguridad, Elmer Sosa, informó que el día de las elecciones, 6 de septiembre, se desplegarán 35 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 10 mil miembros del Ejército, para garantizar la protección de los ciudadanos que acudirán a las urnas a elegir a las nuevas autoridades.

Sosa dio a conocer cifras hoy, luego de participar en la firma de un convenio interinstitucional con el Sistema Penitenciario (SP), en el Congreso, donde adelantó los datos que hará público el Ministerio de Gobernación (Mingob), este día ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y observadores electorales.

El funcionario explicó que el plan de seguridad de la PNC y Ejército incluye los 22 departamentos del país, con más énfasis en las zonas del Occidente, Oriente y Norte, donde se prevé más conflictividad. El resguardo según Sosa se dará a la ciudadanía, así como a candidatos a un cargo público y periodistas que cubrirán las elecciones.

El Mingob “ya elaboró los mapas de calor identificando los puntos de conflictividad. Ya están definidas las funciones de cada fuerza de seguridad, de los observadores y de los integrantes del TSE. En los próximos días podríamos presentar el plan, pero podríamos decir que está garantizada la seguridad para las elecciones”.

En las elecciones del 6 de septiembre, el Supremo Electoral espera que 8.2 millones de guatemaltecos acudan a las urnas a elegir a las nuevas autoridades de Gobierno, sin embargo, las organizaciones del Mirador Electoral prevén que la cifra sea menor ante el panorama político incierto que se da previo a los comicios.

MUNICIPIOS CON RIESGO DE CONFLICTIVIDAD

A finales de julio, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES) y el TSE presentaron un mapa de riesgo de violencia y conflictividad electoral donde identificaron 74 municipios con riesgo alto de violencia electoral, 148 con violencia electoral media y 49 casos de violencia preelectoral.

El diagnostico de IFES y el ente electoral se presentó después que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), alertó 42 municipios fronterizos con posible riesgo electoral por elementos como el narcotráfico, trata de personas, extracción química de metales, hidroeléctricas y por la colocación de torres de distribución de energía.

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