POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Antes de realizar una inspección in situ en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en Escuintla, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, confirmó a La Hora que a más tardar la próxima semana, un grupo de abogados de la entidad presentará a la Procuraduría General de la Nación, la documentación necesaria para que se declare lesivo el contrato de usufructo entre la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y EPQ, suscrito en julio de 2012.
«Hemos estado recopilando información desde hace tiempo atrás, que nos permita tener todos los elementos para poder iniciar un proceso de lesividad al contrato suscrito por la empresa española para la ampliación del puerto Quetzal. Ese usufructo es lesivo para los intereses del Estado y para demostrarlo no solo necesitamos documentos a la vista, sino la presencia física en el lugar para tener una idea más completa de todo lo que ha está ocurriendo alrededor de ese contrato».
Con estas palabras se refirió Carlos Mencos, titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), al usufructo oneroso que con el aval del presidente Otto Pérez Molina fue firmado en 2012 entre la Empresa Portuaria Quetzal y Transporte de Contenedores Quetzal -subsidiaria de Transporte de Contenedores de Barcelona (TCB)-, para la ampliación del puerto ubicado en el departamento de Escuintla.
Según el funcionario, un grupo de abogados de la institución se encuentra recabando los últimos elementos que sustenten la petición de lesividad del convenio en mención, que será enviada a la Procuraduría General de la Nación a más tardar, la próxima semana, pues a su consideración, el mismo promueve la competencia desleal hacia EPQ, lo cual es «perjudicial para el país».
«Le anticipó que sí solicitaremos la lesividad de este contrato de acuerdo a los elementos que tenemos en este momento, pero trataremos de que la petición sea lo suficientemente contundente para que la PGN apruebe inmediatamente nuestro dictamen y lo envíe al Ejecutivo para que sea conocido por el Consejo de Ministros», afirmó Mencos.
El jefe de la Contraloría recordó que el citado contrato fue concedido por 25 años y que por disposición legal, la portuaria Quetzal debe repartir utilidades entre los municipios de Escuintla. No obstante, explicó, con la entrada en funcionamiento del puerto privado, se reduciría la actividad en EPQ y se afectaría de forma directa la obtención de esos recursos, ya que el documento firmado en 2012 faculta a TCQ a que establezca su propio pliego tarifario.
«La evidencia más contundente es el contrato mismo, ya que consigna una serie de aspectos que son lesivos. La empresa española goza en este momento de múltiples ventajas y beneficios para competir sobre las condiciones actuales con las que está operando la Portuaria Quetzal. En este caso, ya hay denuncias penales presentadas en otras instancias, pero quizá no han sido lo suficientemente sustentadas y contundentes, lo que no ha permitido que este contrato se suspenda», subrayó.
Fuentes de la Procuraduría General de la Nación (PGN), entidad que tendría que pedir la lesividad del usufructo, informaron que al ingresar el expediente de la CGC se haría un análisis en el departamento jurídico para determinar si el contrato contraviene los intereses del Estado.
HISTORIAL DE CUESTIONAMIENTOS
A continuación un listado de publicaciones de La Hora en torno al cuestionado usufructo de Transporte de Contenedores Quetzal:
• Entre mitos y realidades, foro confirma negocio en Portuaria
23 de agosto, 2012
• Sindicalistas de Portuaria Quetzal piden reconsiderar contrato con TCQ
7 de septiembre, 2012
• Aún existen anomalías en caso de la Portuaria Quetzal, dice Montenegro
6 de marzo, 2013
• Insisten en que contrato de Portuaria fue concesión y no usufructo
21 de agosto, 2012
• 10 reparos en contra de la Empresa Portuaria Quetzal
21 de agosto, 2012
