POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Según un análisis realizado por expertos sobre el Pacto de Condiciones de Trabajo suscrito entre trabajadores sindicalizados del Ministerio de Educación y autoridades de esa cartera en 2012, en la negociación del mismo no se tomaron en cuenta aspectos como la capacidad de pago del Estado para los beneficios laborales concedidos, pero sí influyeron las presiones de los sindicalistas con poder político.
A inicios de 2012 se firmó un pacto colectivo de trabajo que fue homologado por el Ministerio de Trabajo en febrero del 2013, entre el Mineduc y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). El pacto colectivo anterior era del 2008.
En el actual convenio, entre otras cosas, se establece un aumento del 30% en forma escalonada de 2013 a 2015. Para el 2012 fue un reajuste salarial de 8%, un 10% para el 2014 y 12% para 2015, asimismo se incluyen compromisos para realizar procesos de capacitación, formación y evaluación docente.
El pacto colectivo, según el Código de Trabajo, se firma entre el patrono y el sindicato con mayor representación, en este caso es STEG. Según consta en la certificación, al pacto pueden adherirse otras agrupaciones (en el Mineduc existen 45 sindicatos) y los beneficios los gozan todos los trabajadores.
Al respecto, el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), señaló que este pacto colectivo es de los «peores» junto con el del Ministerio de Salud, de los que se tienen en el Estado (14 en total), porque cuenta con exagerados privilegios para los líderes sindicales y erogaciones a favor de los mismos, los cuales han sido firmados bajo presión y por eso el Estado, en un mediano plazo, tiene que recurrir al endeudamiento externo porque adquiere compromisos que no puede cumplir.
Paralelamente mencionó que el sistema educativo estatal sigue dando pobres resultados, ya que en la práctica este pacto colectivo no ha contribuido a la calidad educativa, sino únicamente ha sido utilizado para bajar niveles de tensión o instrumentalizar clientelarmente a los docentes, ello sin resultados efectivos para los estudiantes.
A criterio del investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Jorge Benavides, en dicho pacto hay poca o nula especificación de responsabilidad o medidas de desempeño que condicionen el aumento en salarios y prestaciones.
«Al ejercer únicamente una función sindical y no docente, se vuelven actores políticos con gran capacidad de movilización, valiéndose para ello de su protagonismo ante medios de comunicación y asociaciones nacionales e internacionales», considera Benavides.
De igual forma, opina que este pacto viola uno de los artículos de la Ley del Presupuesto al haber negociado pagos de forma multianual, los cuales carecían de un aval sobre disponibilidad financiera de parte del Ministerio de Finanzas y porque se hizo con el fin de evitar que se tomaran medidas de hecho, amenazas que siguen haciéndose en la actualidad para que se cumpla.
Para Benavides, también es problemático que al hacer efectivos estos aumentos se desfinancia el presupuesto del Mineduc sin que se mejore la calidad de la educación. Finalmente, advirtió que estos pactos colectivos, el del Mineduc y el del MSPAS, en el Estado son como bombas de tiempo que pueden hacerlo colapsar. Por eso, es necesario revisarlos y renegociarlos.
FINANZAS APROBÓ PACTO
El Ministerio de Educación, en relación con la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con dirigentes de sindicatos legalmente constituidos, informó que previo a ser suscrito, se contó con la opinión favorable del Ministerio de Finanzas Públicas.
«Este pacto es similar en sus condiciones a los firmados entre las partes en ocasiones anteriores, con la salvedad de que en el actual incorpora el aumento salarial para los educadores y trabajadores administrativos del Ministerio de Educación. Dicho pacto no asigna nuevas tarifas para el pago de viáticos o similares, ya que dicho rubro, en el caso del Ministerio de Educación, se rige según lo establecido en el Reglamento de Viáticos para el Organismo Ejecutivo», se lee en el texto enviado.
«Al ejercer únicamente una función sindical y no docente, se vuelven actores políticos con gran capacidad de movilización, valiéndose para ello de su protagonismo ante medios de comunicación y asociaciones nacionales e internacionales».
Jorge Benavides,
Fundesa
