POR CLAUDIA PALACIOS
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Los querellantes del proceso penal por la estafa del Banco de Comercio solicitaron a la Fiscal General, Thelma Aldana, que el caso sea investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debido a que nuevas pesquisas apuntan a personas de poder económico y político que podrían influir en el expediente.
Raúl Maldonado, representante de las víctimas de la millonaria estafa, explicó que la petición ya fue hecha por el propio fiscal del caso, Rony López, Jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, durante una reunión con la Jefa del Ministerio Público el 4 de marzo del presente año.
«El señor Rony López hizo mención también que en este caso había gente de mucho poder económico y político que podría estar implicada y salir perjudicada. Así, mencionó también la protección de que gozan estos funcionarios de alto nivel dentro del Sector Público Financiero Nacional, que dirigen o han dirigido la economía del país por años», señala en la carta que envió a Aldana.
Maldonado dijo que los querellantes temen que los avances en las investigaciones del caso se entrampen y queden en la impunidad tras 8 años de lucha. Los afectados resaltaron que la jueza que tiene en sus manos el expediente judicial, Carol Patricia Flores, perdió la inmunidad tras señalamientos de enriquecimiento ilícito por parte de la CICIG y que el abogado José Arturo Morales Rodríguez, ahora detenido por supuestamente liderar el «Bufete de la Impunidad», era asiduo asistente a las audiencias del caso en las que declararon.
El representante de los querellantes señaló que además del fiscal del caso, el exvicepresidente Eduardo Stein, durante el mandato de Óscar Berger, también hizo una solicitud para que fuera la CICIG quien realizara las investigaciones, en vista de las «mafias» involucradas en la estafa.
La Hora intentó obtener una reacción por parte de la Fiscal General, sin embargo hasta la hora de cierre de esta edición, no fue posible contactarla.
EL CASO
Las investigaciones del MP indican que los exdirectivos del Banco del Comercio trasladaron ilegalmente los fondos hacia instituciones que no son fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, forzando así al cierre de la empresa y estafando a unas 6 mil personas por aproximadamente Q1 mil 680 millones.
El proceso penal contra los exdirectivos del Banco de Comercio tiene 8 años en tribunales y hasta la fecha solo se ha logrado una sentencia contra Roberto Segovia, quien fue condenado a 33 años de prisión.
El ex superintendente de bancos, Willy Zapata, quien se presume tenía información de la estafa y no actuó contra los responsables, ha interpuesto al menos 18 amparos para entrampar el proceso que se ha iniciado en su contra por los delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. El sindicado aún está a la espera de rendir su primera declaración.
