POR MANUEL RODRÍGUEZ
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Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), opinó que los pactos de condiciones de trabajo suscritos entre el Gobierno y el sindicato mayoritario del Ministerio de Salud, son negociados a la ligera para apaciguar las amenazas de los empleados públicos sobre el paro de labores pero ocasionan un desequilibrio financiero en el erario nacional y repercuten en la obtención de recursos para el funcionamiento del resto de instituciones del Estado.

“El pacto colectivo del Ministerio de Salud es totalmente lesivo para el Estado en cuanto a los privilegios y beneficios que se le otorgan a un grupo de sindicalistas. Además que son negociados sin el visto bueno del Ministerio de Finanzas y sin el análisis sobre los recursos disponibles del Estado para poder cumplir luego con otras obligaciones. Y después vemos las consecuencias en la negligencia para atender a las personas en los hospitales porque los recursos se están utilizando para el pago de viáticos, honorarios y bonos, lo cual es totalmente nefasto”, reclamó el empresario.

Este año, el pacto colectivo de trabajo suscrito entre el Gobierno el Ministerio de Salud y el sindicato mayoritario de esa cartera tendrá un costo de Q1 mil 835 millones, mientras el Mineduc adquirió una carga que supera los Q1 mil millones en este rubro.

Si bien es positivo que los trabajadores se organicen y pidan mejores condiciones laborales con la entrada de un nuevo Gobierno, debe analizarse si los pactos colectivos son viables y además pedir a cambio un mejor servicio para la población, opinó Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.


Revisarán Pacto

Según Miguel Ángel Balcárcel, Comisionado Presidencial para el Diálogo, en los próximos días se integrará un grupo de técnicos que evaluará la viabilidad del cumplimiento del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con los empleados del Sector Salud, acuerdo alcanzado luego de una reunión con autoridades del Ministerio de Salud y representantes del Frente Nacional de Lucha.

La instancia estará conformada por viceministros de la cartera, así como representantes financieros y de recursos humanos. Las autoridades estudiarán las bases legales respecto del régimen de contratación de servidores públicos de dicha área, salarios iniciales, bonos, entre otros beneficios.

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