POR GRECIA ORTIZ
gortiz@lahora.com.gt
El financiamiento de la política es un submundo copado por el crimen organizado, poderes fácticos, grupos económicos y partidos políticos, que encuentran en el Estado los mecanismos para enriquecerse a costa de la población. Ese es, en resumen, el rompecabezas que armó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en su último informe “El financiamiento de la política en Guatemala”, en el que además llama a los ciudadanos a decidir el futuro que quiere para el país.
El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, comparó a los partidos con “franquicias”, es decir, con los instrumentos que se utilizan para la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial. En otras palabras, los partidos políticos son una especie de empresas creadas con el fin de lucrar.
El estudio del ente internacional ofrece una perspectiva de como los poderes fácticos, grupos empresariales y criminales patrocinan las campañas de los políticos, para que alcancen puestos de poder en las elecciones, y después estos deben devolver los recursos a través de contratos o favores.
De acuerdo al informe, el 25% del financiamiento viene de las estructuras criminales, sobre todo del narcotráfico, otro 25% proviene de los empresarios y un 50% son de los proveedores del Estado divididos en infinidad de entidades de distinto tamaño.
«Los recursos públicos financian la política pero por la vía de la corrupción», dijo el comisionado Iván Velásquez. «La corrupción es la unificadora del sistema político guatemalteco, basado en una amalgama de intereses que incluyen a políticos, funcionarios, entidades públicas, empresarios, organismos no gubernamentales y grupos criminales», sentenció.
CASOS EJEMPLARES
Velásquez tomó un caso específico para ejemplificar cómo existen recaudadores de financiamiento en la política y nombró a Gustavo Alejos, ex secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), quien llegó al poder con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
Alejos habría recaudado fondos para lograr la presidencia de Colom y luego sus empresas fueron favorecidas con contratos de obras públicas. Ahora, es Sandra Torres, exesposa de Colom, quien aspira a la Presidencia con la UNE.
El comisionado explicó que la política ha girado más en torno a personas que se benefician y no a proyectos políticos.
Uno de los casos específicos es el del empresario Eswin Jerson Javier, que se postuló para alcalde por un comité cívico para las elecciones del 2015 para el municipio de Ipala, en el departamento de Chiquimula. Estaba sindicado de narcotráfico, según el ex Ministro de Gobernación Mauricio López.
Según Velásquez, «uno de los productos más perverso ha sido el surgimiento de los partidos de franquicia» que surgen o están en formación en épocas electorales y se ponen al servicio de quien mejor les convenga.
LE CORRESPONDE A LA CIUDADANÍA
El jefe del ente internacional aseveró que en el país los gastos de campañas son excesivos y desproporcionados, y la manera en co mo los políticos gastan ese dinero abre la puerta para el financiamiento ilícito.
Velásquez afirmó “la sociedad guatemalteca debe decidir; durante más de una década diversas entidades nacionales e internacionales han promovido un debate profundo sobre las reformas a la legislación electoral y particularmente sobre el financiamiento, es poco lo que se puede agregar a lo ya discutido”.
Por otro lado, aseguró que es a la sociedad a quien le corresponde tomar las decisiones específicas, dejando en manos de los guatemaltecos el cambio, y que se debe limitar el gasto excesivo en las campañas electorales.
Otro de los cambios que se esperan es que en el futuro se logre minimizar el gasto de campaña de los políticos. La sugerencia apunta a que el financiamiento de origen privado no debe superar el 20% del total.
El comisionado de la CICIG, por otro lado afirmó que en base al informe presentado se debe aprobar el proyecto de reformas a fin del fortalecimiento del régimen político electoral que posee importantes modificaciones.
“Consideramos que estas reformas constituyen un paso importante para la reforma electoral y constituyen la opción legal para las reformas de un sistema político urgido de un profundo cambio”, dijo.
PROBLEMA NO ESTABA DIMENSIONADO
Renzo Rosal, analista independiente, opinó que el informe presentado por la CICIG, es uno de los documentos más académicos más importante que se han formulado en el país en los últimos años.
“Es una buena sistematización de los distintos hallazgos de datos, inclusive es uno los documentos más académicos que se han formulado en los últimos años del mismo tema. Hay una idea de darle la actualidad al tema del financiamiento en la política, y está claro que este es un fenómeno histórico viejo, pero no se había logrado dimensionar adecuadamente”, aseguró.
El analista, explicó que esto evidencia que la normativa de Ley Electoral está ampliamente superada por la realidad, y ahora a través del informe se puede ver “que los partidos se convierten en una especie de brazos de grupos empresariales o del crimen organizado”.
Rosal, agregó que sería importante tener un segundo informe, para saber qué está sucediendo en el actual proceso electoral.
Karla Campos del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, dijo que aunque era algo que ya se sabía, el informe constituye un aporte positivo, pues en el país no existe un avance de ese nivel y denuncias concretas como las que se realizan ahora.
De acuerdo a la entrevistada, “existe un gran cambio en el tema de democracia en el país y eso va ir contribuyendo a fortalecer toda la democracia, que los partidos políticos en sí, se acostumbren a empezar a ver que en Guatemala, realmente el poder radica en el pueblo”.
Álvaro Pop, del organismo Naleb´, aseveró que el comisionado de la CICIG, se convirtió en portavoz de la ciudadanía inconforme hacia el sistema político.
Las reformas a la Ley de Partidos Políticos, dijo Pop, constituyen también otro los aspectos que expresa el informe, que además revela que la situación no está bien y que en consecuencia el voto debe ser evaluado.
Otro aspecto relevante del mismo, según el entrevistado, es que representa un llamado hacia los sectores económicamente “poderosos”, que han financiado los partidos políticos, para que vean como están haciendo sus financiamientos, “parece que no se dan cuenta que están arruinando la democracia”, afirmó.
Estuardo Gamalero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseveró que las investigaciones que fundamentan el informe constituyen una validación de las causas y razones que han contaminado los procesos electorales e incluso organizaciones políticas.
El representante del TSE, agregó que tal como lo indicó el jefe de la CICIG, el estudio debe tomarse como diagnóstico a fin de entender el problema y que los guatemaltecos, a través de las entidades correspondientes, corrijan las debilidades existentes.
No obstante, señalo la falta de voluntad política y la carencia de filtros legales que han permitido en el sistema del país, prácticas incorrectas que terminan siendo en muchos casos constitutivas de actos delictivos, por lo que es necesaria la aprobación de la Reforma Electoral.
CASOS EJEMPLARES
Ángel González:
Propietario de medios de comunicación en el país, que se habría visto beneficiado con la ampliación de un último usufructo de frecuencias.
Felipe Bosch y Alfredo Vila:
Reconocieron su participación como financistas de la coalición GANA, que llevaron al poder a Óscar Berger.
Gustavo Alejos:
Fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom 2008-2012, logró una importante influencia política y se convirtió en facilitador de negocios propios y ajenos. Habría influido en el nombramiento y destitución de funcionarios.
Gregorio Valdez:
Apoyó financiera y logísticamente la campaña de Álvaro Colom, sin reportarlo.
Arnoldo Medrano:
Es investigado por diferentes hechos anómalos, posee antejuicio.
Baudilio Hichos:
Se le señala de haber cometido delitos contra la administración pública, la red de la estructura consistió en el aprovechamiento de influencias en las autoridades del IGSS, también tiene una solicitud de antejuicio.
José David Echeverría:
Durante el gobierno de Álvaro Colom, se habría beneficiado con contratos millonarios adjudicados.
Gloria Torres:
Hermana de Sandra Torres, también habría construido otra red de corrupción cercana a la presidencia.
Byron Lima Oliva:
Tendría una estructura con la que logró hacerse al control del Sistema Penitenciario.
Eswin Jerson Javier:
Señalado de beneficiarse con la obra pública, actualmente candidato a alcalde de Ipala Chiquimula.
INVESTIGARÁN
La fiscal general, Thelma Aldana, anunció la creación de una agencia fiscal especial para la investigación de 16 casos de financiamiento electoral ilícito, identificados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Jefa del Ministerio Público (MP) indicó que en las próximas semanas se definirán los detalles sobre el proyecto y se nombrará a un fiscal a cargo.
Aldana señaló que dos casos revelados por el informe de la CICIG que datan de las elecciones del 2011 serán trasladados a la Fiscalía de Narcoactividad y dos más a la Agencia Fiscal de Delitos Electorales.
EL HOMBRE DE LAS REDES
En una entrevista para la Revista ContraPoder de 2014, Gustavo Alejos (ejemplificado por la CICIG) afirmó su apoyo hacia la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres y su hermano Roberto Alejos, pero también se reconoció financista del partido GANA.
Además afirmó haber apoyado a los expresidentes Óscar Berger y Álvaro Colom.
“La he ayudado y la sigo ayudando –Sandra Torres-. Creo en su trabajo, como creo en el trabajo de mi hermano –Roberto Alejos-. Ambos son buenos candidatos”, recalcó.
Dentro de su fortuna se incluyen onerosos bienes como un avión, un yate, un apartamento en Miami, una vivienda en la Marina Sur, y un helicóptero. Su declaración patrimonial asciende a US$180 millones. “Mi papá y yo tenemos tiempo de dedicarnos a la agricultura”, aseguró.
Alejos mantuvo relación con la farmacéutica JI Cohen, sin embargo días después de la entrevista, ambos habrían terminado su relación.
En Cifras
326 denuncias se han conocido en el Ministerio Público (MP), relacionadas a delitos electorales, de 2007 a mayo de 2015, de acuerdo a CICIG.
«La corrupción es la unificadora del sistema político guatemalteco, basado en una amalgama de intereses que incluyen a políticos, funcionarios, entidades públicas, empresarios, organismos no gubernamentales y grupos criminales».
IVÁN VELÁSQUEZ CICIG“Consideramos que estas reformas constituyen un paso importante para la reforma electoral y constituyen la opción legal para las reformas de un sistema político urgido de un profundo cambio”.
IVÁN VELÁSQUEZ CICIG“Los partidos se convierten en una especie de brazos de grupos empresariales o del crimen organizado”.
RENZO ROSAL
