POR VIRGINIA CONTRERAS
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Hoy se publicaron en el diario oficial los acuerdos ministeriales 157-2015 y 160-2015, en los cuales el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) autorizó la prórroga por seis meses más, del plazo de dos contratos abiertos a favor del Ministerio de Salud (MSPAS) para adquirir fórmulas sucedáneas de la leche materna y gases médicos hospitalarios, acción que según analistas no se dieron dentro del marco de la ley.
Según el MSPAS, se trata de fórmulas sucedáneas de la leche materna, leche entera, fórmulas para alimentación enteral por sonda o vía oral, fórmulas enterales modulares cereales para alimentación complementaria y la fórmula de harina vegetal sustituta de la leche; además de gases médicos hospitalarios, estos insumos son requeridos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de la Defensa.
Sin embargo, Francisco Quezada, especialista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) explicó que al realizar este aplazamiento se incurrió en una ilegalidad, dado que la Ley de Contrataciones del Estado no presenta una base legal para prorrogar este tipo de contratos, solo en el caso de contratos de obra, cuando existan motivos de fuerza mayor por lo que la obra no se pudo terminar.
De acuerdo con Quezada, la mayoría de las veces estos trámites son utilizados para favorecer a los proveedores y con ello, entorpecer el proceso de celebración de nuevos eventos para poderlos adjudicar a otros oferentes. “Cuando el Estado se queda sin proveedores y el evento colapsa, entonces recurren a prorrogar los contratos como una mala práctica, en algunas veces del Estado y en otros, mala fe de determinados proveedores”, aseguró.
A criterio del analista, la responsabilidad debe caer no solo en el Estado, sino en el litigio malicioso por parte de los distribuidores, quienes mediante recursos legales detienen los procesos para que el contrato se le siga dando en condición de prórroga.
MALOS ANTECEDENTES
Ricardo Barrientos, analista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, destacó que en esta situación también intervienen los antecedentes que poseen a lo interno las entidades solicitantes como el IGSS y el MSPAS. En el primer caso, mencionó que tiene una estructura de corrupción, en donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha empezado a limpiar con sus investigaciones; mientras que el segundo, señaló, es conocido por los problemas con los sindicatos.
Según Barrientos, todo ello se traduce en desacuerdos, sesgos, anomalías en la elaboración de las bases de los concursos y de esta manera, condenan a que los nuevos concursos no prosperen con éxito.
El analista calificó la acción del Minfin como “una salida por acorralamiento” en donde no queda otra solución que continuar prorrogando, ya que de lo contrario se presentaría el desabastecimiento total.
