POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
Privilegios, corrupción, tráfico de influencias, cobros ilegales, diferencias entre reos poderosos y débiles; violencia son algunos de los vicios del Sistema Penitenciario (SP), que evidencian como funciona un sistema fallido, dentro de un régimen fracasado.
Antes de ser extraditado a Estados Unidos, Jairo Orellana gozaba de múltiples privilegios en la prisión habilitada dentro del Cuartel Matamoros, ubicado en la zona 1. En una requisa realizada en esa base militar el pasado 26 de mayo, se evidenció el uso de teléfonos móviles, la utilización de máquinas para ejercitarse y espacios con comodidades que para muchos guatemaltecos son inalcanzables.
Anthony Pivaral, exdirector del SP, admitió tras ser destituido, que algunos de esos objetos ingresaron a la prisión con su autorización, porque a su criterio, los privados de libertad tienen derecho a la educación y al entretenimiento.
“Dentro de los objetos encontrados hay electrodomésticos como un horno microondas, una estufa, una refrigeradora, esto fue autorizado por mí, en base a lo que establece la Constitución Política de la República; la refrigeradora yo la autoricé para que los privados de libertad pudieran tener sus alimentos en buenas condiciones, autoricé una televisión LED para todos los privados de libertad, en todos los penales existen televisiones, está regulado”, dijo.
El exfuncionario también se refirió a los aparatos para hacer ejercicios y a la infraestructura privilegiada de algunas celdas, como la del narcotraficante.
“Había unos aparatos para ejercicios que yo autoricé, porque no hay espacio físico para hacer ningún tipo de deporte; los privados de libertad tienen derecho a la recreación, a la salud y los aparatos son parte de la salud. En el caso del señor Orellana no tenía mesas de billar, jacuzzi, sauna, nada de lo que se dijo en algunos medios. Lo único que tienen es su ducha y su sanitario, no tienen ningún lujo”, reiteró el entrevistado.
Pivaral fue seleccionado como director de la institución carcelaria, tras un proceso en el que participaron algunas organizaciones de la sociedad civil como entidades vigilantes; los aspectos evaluados en los aspirantes al cargo fueron especificados en la tabla de gradación en base a criterios académicos, profesionales y de proyección humana, pruebas psicométricas, una entrevista y solvencias emitidas por la Contraloría General de Cuentas (CGC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Este procedimiento se definió luego de la captura de Edgar Camargo, el antecesor de Pivaral en Presidios, que está envuelto en un escándalo de corrupción por supuestamente beneficiar al reo Byron Lima.
Sin embargo, la corrupción persiste y existe un amplio antecedente de tráfico de influencias en la dirección de la institución.
A criterio de Édgar Celada, analista de Seguridad y Justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la situación de Presidios es muestra de los desafíos que enfrenta el Estado que no cumple con sus obligaciones.
“Es una de las manifestaciones más palpables de las dificultades que tiene el Estado guatemalteco para cumplir con sus obligaciones constitucionales, la Constitución es bastante clara porque -en el caso del SP- debe contribuir a la reinserción social de las personas que infringen la Ley, pero al contrario, sabemos que en las cárceles los preparan para nuevos actos delictivos”, indicó.
TRÁFICO Y COBROS
Un año antes de ser detenido, Lima organizó una “actividad cívica” en Pavoncito, socializó la información de su plan en las redes sociales, se comunicó con los posibles participantes vía telefónica y envío cartas a diferentes medios de comunicación para que asistieran, el exdirector de Presidios, Edgar Camargo se mostró pasivo con el recluso y argumentó que los medios de comunicación “dimensionaron” ese evento.
La actitud del exfuncionario y sus argumentos en este y otros hechos vinculados con ese detenido, confirmaron que esto respondía a que ambos eran parte de una red de corrupción. El 3 de septiembre de 2014, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desarticuló una estructura criminal dentro de las cárceles, que cobraba por traslados de cárceles a los reclusos; estaba integrada por Camargo; el exsubdirector, Eddy Fisher; el reo Lima y otros funcionarios.
La investigación de la CICIG fue considerada por profesionales como un “avance importante”, sin embargo, admiten, que la situación no cambió porque la corrupción persiste.
“El problema no es Byron Lima, ni diez Byron Lima, el problema es que el sistema lo permite porque es obsoleto, inservible y corrupto, por eso es que internos como el señor Lima y otros controlan los penales, porque la realidad es que no hay controles”, opinó Julio Rivera Clavería, exviceministro de Seguridad
A criterio del profesional, Presidios es un sistema fallido que no posee infraestructura adecuada, condiciones dignas para sus trabajadores, buena selección de personal, presupuesto, pero sobre todo porque la corrupción impera.
“Esto no es solo en este periodo, ha sido en otros también, no tienen plan de reforma al Sistema Penitenciario, real y objetivo. Todo lo que se quiere hacer es sobre la base de la tranza y del negocio para los funcionarios de turno y eso no puede ser, eso es lo que hay que detener sí realmente queremos cambiar esto, de lo contrario el problema se agravará”, argumentó Rivera.
PODER Y VIOLENCIA
Una investigación de la Inspectoría General (IG) del SP documentada con el expediente número 57-2015-IGSP-AI, reveló como el 25 de mayo, dos empleados penitenciarios de la cárcel de Puerto Barrios pretendían sustraerle a un recluso Q10 mil, tras realizar una requisa en un taller de hamacas.
Los argumentos de la IG para señalar corrupción en la actitud de los funcionarios, fue porque el subdirector de turno, Santos Rivera “incumplió, omitió, rehusó y retardó” como empleado, el informe inmediato a las unidades de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario, relacionado con el decomiso del dinero, un teléfono celular y dos baterías.
Mientras que el coordinador de seguridad, Edwin Hernández “abusó de su autoridad”, porque realizó la requisa y decomisó el dinero, en ausencia del privado de libertad al que pertenecía el efectivo.
Según el informe, ninguno de los dos funcionarios públicos puso a disposición de las autoridades al recluso, por incurrir en el delito de Uso de Equipos Terminales Móviles en Centros de Privación de Libertad, según lo demanda el Artículo 26 de la Ley de Equipos Terminales Móviles.
De acuerdo con testimonios de familiares de varios privados de libertad, la situación en las cárceles es preocupante, pues muchos incurren en prácticas ilegales como extorsiones para poder pagar a funcionarios corruptos que se enriquecen de esto.
DESAFÍOS
A criterio de Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) existen muchos desafíos que debe enfrentar Presidios, entre estos infraestructura adecuada que permita un mayor control de los privados de libertad.
Por otro lado, la entrevistada explicó que la situación de esta institución es compleja porque incumple con las funciones para las que fue creada.
“Es Sistema Penitenciario no cumple con sus propósitos: resguardar a las personas privadas de libertad, garantizar la seguridad y la rehabilitación. Sí analizamos en ese sentido el propósito de la rehabilitación no se cumple, aunque en la Ley es considerada prioritaria, en la práctica no se le da prioridad ni se invierte recurso económico y personal”, afirmó Dedik.
Las recomendaciones del CIEN, según la profesional se basan en un trabajo de verificación de la Reforma Penitenciaria y la asignación adecuada en los recursos económicos.
“Nosotros sugerimos instalar una comisión de alto nivel que pueda dar seguimiento a la Reforma Penitenciaria, independientemente sí hay cambios de autoridad en la institución, también porque hay muchas carencias y pocos recursos, es muy importante priorizar en qué se invertirán los recursos financieros y no desperdiciar lo poco que hay, también recomendamos que esa comisión sea integrada por personal multidisciplinario y muy importante que existan expertos en finanzas públicas”, afirmó la investigadora.
Una de las preocupaciones del CIEN, en el proceso electoral, es la falta de abordaje del tema de seguridad y la exposición de los planes de trabajo para atender la problemática.
“Hemos observado que el tema de seguridad no se ha discutido ni se ha puesto sobre la mesa por parte de los candidatos, como fue el caso en el proceso electoral anterior, donde el tema de seguridad era discutido frecuentemente, ahora casi no se habla del tema. A pesar de la coyuntura política los desafíos en materia de seguridad persisten y no se han resuelto”, detalló.
PROFESIONALES COINCIDEN
Celada y Rivera Clavería, coincidieron en que el SP es un “sistema fallido”, donde no existen condiciones para sobrellevar los problemas, sin embargo, argumentaron que con voluntad política y objetivos claramente trazados se logrará encauzar la forma de administrar las prisiones.
En tanto, Dedik, opinó que retomar el orden interno sería uno de los principales retos para contribuir en un cambio del Sistema Penitenciario.
DIRECTORES DE PRESIDIOS
Al menos 15 personas ocuparon el puesto de director del SP de 1986 a 2015, algunos fueron criticados por su labor deficiente o por corrupción.
Actualmente, Presidios persiste acéfalo, pues tras la destitución de Anthony Pivaral en mayo pasado, el Ministerio de Gobernación no ha nombrado a nadie para ocupar ese cargo.
1. Anthony Pivaral fue nombrado director de Presidios el 27 de noviembre de 2014 y fue destituido el 30 de mayo de 2015.
2. Edgar Camargo fungió como director del 21 de febrero de 2013 al 3 de septiembre de 2014.
3. Luis González estuvo en el puesto del 25 de enero de 2012 al 15 de febrero de 2013.
4. Eddy Morales estuvo en dos ocasiones no consecutivas, el último cargo lo ocupó del 4 de agosto de 2009 al 25 de enero de 2013.
5. Giulio Talamonti, del 1 de abril de 2009 al 4 de agosto del mismo año.
6. Gustavo Gaitán, del 16 de junio de 2008 al 1 de agosto del mismo año.
7. Álvaro Arriaza, del 16 de enero de 2008 al 1 de agosto del mismo año.
8. Ana Castillo, del 3 de mayo de 2007 al 16 de enero de 2008.
9. Alejandro Giammattei, del 8 de noviembre de 2005 al 3 de enero de 2007.
10. Víctor Rosales, del 1 de febrero de 2007 al 28 de marzo del mismo año.
10. Lucía Toriello, del 15 de mayo de 2005 al 7 de junio del mismo año.
11. Manuel Roca, del 2 de marzo de 2004 al 1 de junio del mismo año.
12. Ángel Comte, del 20 de enero de 2000 al 2 de agosto del mismo año.
13. Gustavo Dubón, del 1 de septiembre de 1993 al 13 de febrero de 1996.
14. Julio Rivera Clavería, del 10 de marzo de 1986 al 15 de julio de 1988.
