POR VIRGINIA CONTRERAS
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Esta mañana se realizó el seminario-taller “Democracia a pesar de la crisis, una apuesta a la Reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)”, en donde Frank LaRue, exrelator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión explicó que es necesaria la aprobación de la misma, ya que al hacerlo prevalecería la transparencia en cuanto a la inversión de los fondos para que el crimen organizado y el narcotráfico no puedan influir con su dinero en las elecciones.
LaRue indicó que la LEPP debe darse antes de la contienda electoral, puesto que el país se encuentra en el momento idóneo para que se lleve a cabo su aprobación. “Este es el momento histórico en que la reforma se puede dar, pese a que se estén discutiendo otros temas incluyendo el proceso electoral mismo. Estas son las condiciones específicas para se puedan dar”, señaló.
Además, indicó que las reformas pueden representar al país un sistema político distinto, donde se rescaten los procesos de candidatos y donde la población pueda votar y participar con mayor facilidad.
A decir del entrevistado, el Congreso no debe terminar este periodo de sesiones sin haber aprobado la reforma, por lo que la población tendría el derecho de poner condiciones que manifiesten que no se llevarán a cabo las elecciones en tanto no sean aprobadas.
“Las elecciones se pueden posponer constitucionalmente y esto puede ser válido para dar paso a que los legisladores voten a favor de las reformas”, enfatizó.
SUMAN ESFUERZOS
Desde inicios del mes de julio, la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, conformada por la Universidad de San Carlos, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres y campesinos, hizo entrega de un pliego petitorio al presidente del Congreso, Luis Rabbé.
En esa ocasión solicitaron la reforma electoral en el sistema de partidos políticos que permita las condiciones equitativas de competencia política, así como una mejor representación de los actores sociales que no tienen acceso a los partidos tradicionales y con ello, se garanticen la intermediación de intereses de las poblaciones excluidas en la toma de decisiones públicas.
En esa misma línea, miembros de distintas organizaciones sociales han unido esfuerzos para demandar que la aprobación de la iniciativa no pase por procesos dilatorios; así como que la Corte de Constitucionalidad (CC) la autorice de manera inmediata.
Asimismo, han destacado que sean escuchadas las peticiones, demandas y exigencias de la población en dicho proceso y en cumplimiento al mandato democrático de representación de las voces de los ciudadanos.
