POR CLAUDIA PALACIOS
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Detrás de la red de tráfico de influencias liderada por César Medina Farfán, hay funcionarios públicos corruptos, pero también empresas privadas corruptoras que se beneficiaron de la red infiltrada en las instituciones del Estado. Ninguno de estos empresarios ha sido capturado aún.
Los entes investigadores señalan a Ernesto Córdova, representante de la empresa generadora Jaguar Energy, Luis Alberto Zabala González, gerente general de la empresa Zeta Gas, S. A.; Williams Esteban Arbizú Luna, jefe de Asuntos Jurídicos de la misma, por presuntamente sobornar a funcionarios públicos para obtener beneficios económicos para sus empresas.
JAGUAR ENERGY
De acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), el modo de operar de la estructura era que ante cualquier necesidad de protección de los intereses de Jaguar Energy, Ernesto Córdova acudía a Medina para solicitar y/o transmitir a los funcionarios en la Secretaría General de la Presidencia y el Viceministerio de Energía y Minas las solicitudes de Córdova para “ejercer influencia, obtener información privilegiada, asesorar, coordinar o dar seguimiento a lo solicitado; todo a cambio de pagos o ventajas, disfrazados de consultorías ficticias entre testaferros de la estructura y Jaguar Energy.”
Hasta la fecha, Córdova, quien posee ciudadanía peruana y estadounidense permanece prófugo de la justicia; sin embargo ya se emitió un alerta internacional para su detención.
ZETA GAS
De acuerdo con el ente investigador, en julio de 2014 Medina Farfán fue contactado por Zabala González y por Arbizú Luna, funcionarios de Zeta Gas, con el objeto de que sirviera como intermediario entre la compañía y autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a efecto de que se autorizara convertir una planta adyacente del Puerto Quetzal en un depósito aduanero privado y que la empresa pudiera obtener beneficios, al operar con independencia para recibir gas bajo el régimen de importación general.
Farfán pidió la asistencia del entonces titular de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán, quien le indicó las directrices que debían seguirse para obtener la autorización, saltándose los pasos administrativos de ley a cambio de una dádiva para el superintendente y los empleados públicos involucrados. De esta forma Zeta Gas también logró reducir el monto de una fianza por US$5 millones a una menor por Q5 millones.
EMPRESAS
La CICIG y el MP aún no determinan si además de la persecución penal contra los empresarios, se iniciarán procesos legales contra las empresas.
