POR VIRGINIA CONTRERAS
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El pasado 17 de junio se dictó sentencia en contra de nueve personas sindicadas en el Caso Asociación Primavera, que promovió adopciones ilegales de menores en el extranjero, en complicidad con abogados y notarios, registradores civiles y funcionarios de distintas entidades de gobierno. El segundo capítulo de la historia, no menos difícil, consta de la reparación de los daños para las víctimas. Se presume que desde 1999 a 2010, la Asociación facilitó al menos 101 adopciones ilegales y las familias biológicas esperan tener a sus hijos de vuelta en su verdadero hogar.
De acuerdo con la Fundación Sobrevivientes, Asociación Primavera era una compleja red dedicada a la trata de personas, que a través de abogados, médicos, operadores de justicia, funcionarios de la Dirección de Migración, Procuraduría General de la Nación (PGN) e instituciones privadas guatemaltecas y de Estados Unidos, ocultaban el tráfico de menores de edad bajo el manto de la adopción realizada de forma irregular.
De esta forma, Susana Luarca Saracho directora de la casa hogar, entregó en adopción innumerables menores de edad en el transcurso de varios años y quienes participaron en esta red, recibieron jugosos pagos, fruto de estos hechos ilícitos.
Datos de la PGN señalan que el 11 de febrero de 2008, por medio de la denuncia 47-2008 se daría inició al proceso que destaparía los sucesos anómalos de esta red de trata y llevaría a la captura y condena de sus principales integrantes.
La denuncia fue presentada en esa institución por la señora Loyda Rodríguez Morales, en relación a la desaparición de su hija Anyeli Liseth Hernández Rodríguez, de 2 años de edad, quien fue sustraída de su residencia el 3 de noviembre de 2006, en el municipio de San Miguel Petapa.
En esa ocasión, Rodríguez también solicitó que se suspendiera cualquier trámite de adopción y que se le autorizara revisar los expedientes de adopción que se estuviesen realizando en ese momento, para verificar si en las fotografías de las menores que aparecían en los expedientes se encontraba su hija.
Para marzo de 2009 se le concedió la autorización de revisar los archivos de adopciones de la PGN y encontró el expediente 0733-2008-CNA-EN, que correspondía e identificaba a una niña de la misma edad y características físicas a las de su hija, pero con un nombre distinto y cuyo proceso de adopción se había realizado a través de Asociación Primavera.
Según Sobrevivientes, para la sustracción de Anyelí Liseth, como en otros casos, se realizó una práctica que denominaba “el lavado del menor sustraído”, que consistía en registrar el nacimiento del menor en otra área del territorio nacional. En el caso de Anyelí, lo hicieron en el municipio de Iztapa, en el departamento de Escuintla. De esa forma le cambiaron su identidad y fue registrada con el nombre de Karen Abigail López García, falseando a la vez la información sobre sus padres.
El juez de la niñez y adolescencia de Escuintla, Mario Fernando Peralta Castañeda, fue quien se encargó de dictaminar la adopción de la menor.
Posteriormente, las investigaciones conducirían a establecer que la niña había sido entregada en adopción a una familia extranjera con la colaboración de una mujer que se hizo pasar como su progenitora; la fiscalía a cargo del caso logró dar con su paradero en Estados Unidos, por lo que su familia inició un proceso para traerla de vuelta a su país. Sin embargo, hasta la fecha, los padres adoptivos se han negado a entregarla a sus progenitores.
LA SENTENCIA
El 17 de junio del presente año, el Tribunal B de Mayor Riesgo impuso penas de prisión de tres a 18 años con ocho meses, en contra de nueve personas sindicadas de haber tramitado la adopción ilegal de la menor Anyelí Hernández.
Susana Luarca, directora del albergue, fue declarada responsable de los delitos de trata de personas, asociación ilícita y documentos falsificados, cuyas penas suman 18 años y ocho meses.
A Sandra Noemí Maldonado Velásquez, quien se hiciera pasar por la madre de la menor en el trámite de la adopción recibió una condena de 16 años y ocho meses por suspensión, mientras que al exjuez de Escuintla, Mario Peralta, se le imputaron 4 años conmutables por el cargo de prevaricato.
Además se condenó a César Augusto Galicia Prera, César Augusto Trujillo López y Mayrena Liseth Ríos Trujillo, los tres exfuncionarios de la PGN; así como a los abogados Saúl Vinicio García Rivera, Raúl Ticún Urías, y a José Marco Tulio España Sánchez.
El ente investigador también ordenó que se realicen las respectivas pesquisas a Timothy James Monahan y Jennifer Lyn Vanhorn Monahan, padres adoptivos de la menor Anyelí, ya que tuvieron conocimiento del resultado negativo del examen de ADN que se le practicó a la niña y a sabiendas de que no había vinculo materno filial en la supuesta madre, continuaron el trámite de adopción logrando sustraerla y separarla de sus padres biológicos.
Derivado de los sucesos anómalos en las adopciones en el pasado, se llegó a creer que Guatemala era un país expulsor de niños, puesto que el trámite se basaba en solicitudes internacionales privadas realizadas por la vía notarial y sin control estatal. Sin embargo en el 2007, esta situación cambió.
MAYOR CONTROL
Según Rudy Zepeda, portavoz del Consejo Nacional de Adopciones (CNA), el sistema anterior a la Ley de Adopciones, permitió la salida de más de 35 mil niños al extranjero, en donde los precios por una adopción internacional sobrepasaban los US$25 mil y violaban los derechos humanos del menor y los de su familia, convirtiéndose en una actividad lucrativa e inescrupulosa que desvirtuaba el acto de la adopción.
Zepeda resaltó que no fue sino hasta el 31 de diciembre del 2007, que entraron en vigencia en Guatemala, el Convenio de La Haya, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional y el Decreto Número 77-2007 del Congreso de la República, Ley de Adopciones, y con ello, se establecerían los controles para velar por los intereses del niño, así como garantizar adopciones nacionales transparentes, gratuitas y con certeza jurídica.
De acuerdo con el vocero, desde el año 2008 a la fecha el CNA ha realizado 730 procesos de adopción nacional y recalcó que de momento no se permitirá la adopción internacional, dado que de las 154 declaratorias de adopción que se recibieron en el 2014, consiguieron la adopción de 120 niños, lo que demuestra que en el país, sí existe el interés por adoptar.
Las adopciones internacionales que se dieron en el pasado eran de bebés y niños pequeños que ahora sobrepasan los diez años, quienes en un futuro deberán enfrentarse a otra realidad distinta a la que actualmente conocen, en donde expertos indican que será indispensable brindarles el apoyo que requieran para sobrellevar el peso que transgresores de la ley provocaron al realizar estas adopciones ilegales.
IDENTIDAD
Marco Antonio Garavito, director de la Liga de Higiene Mental, explicó que los niños al crecer en un país ajeno y con personas con características físicas diferentes a las de ellos, por obvias razones se darán cuenta que no son sus hijos biológicos, lo que provocará sufrimiento e incertidumbre de saber cuál es su origen, su identidad, qué pasó con su verdadera familia. “Surgen una serie de dudas vinculadas con el tema de la identidad más que a la necesidad de una familia”, expresó.
Garavito, sugirió que es necesario que al momento en que los menores regresen a sus familias, necesitaran de personas o instituciones que les brinden acompañamiento para que el proceso sea más fluido y menos traumatizante.
“Todo reencuentro derivado de adopciones tendrá éxito si se cuenta con un proceso previo de acompañamiento en toda la investigación y las decisiones que deban tomarse, para que se dé este acercamiento con la familia originaria, debido a que se puede encontrar con alguien que hable otro idioma, o sea de una cultura diferente”, puntualizó.
EFECTOS
Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, expresó que no se tiene un estimado total sobre los casos de los niños que la Asociación Primavera dio en adopción. Aseguró que entre los antecedentes de esta red de trata se encuentran las denuncias que hace una década había impuesto Bruce Harris, director regional para América Latina de Casa Alianza y el procurador de ese entonces, Acisclo Valladares Molina, por las irregularidades que presentaba esa casa hogar.
Dubón comentó que la primera separación de los niños de sus hogares tiene un impacto determinante en sus vidas, puesto que ellos vivían con sus familias y fueron sustraídos y llevados a vivir con personas desconocidas. “Un niño en la primera etapa de su vida puede aparentar no recordar ese tipo de situaciones, pero tarde o temprano la reacción del trauma puede presentarse y por lo regular sucede en la adolescencia”, explicó.
A criterio del director, estos menores tendrán una nueva separación, ya que por al menos diez años han vivido con otras familias y los efectos del trauma que les han provocado, se minimizaran a medida en que ellos retornen a sus hogares de manera acompañada de profesionales que les puedan garantizar los mínimos efectos posibles.
CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES
Harold Flores, Procurador de la niñez y adolescencia de la PGN, manifestó que a ellos les compete seguir la investigación del MP. “Estamos haciendo las averiguaciones en conjunto con el MP para determinar en qué otros procesos están involucrados los integrantes de dicho albergue”. Añadió que además, son querellantes adhesivos en el caso.
Flores indicó que se dejó abierta la investigación por la presunta participación de terceras personas como los son trabajadores de la municipalidad de Iztapa, Escuintla, entre otros, que pudieran estar vinculados, en donde el MP trabaja en el tema.
Informó que por orden del Tribunal B de Mayor Riesgo, PGN emitió una alerta Alba Keneth a nivel internacional para lograr la repatriación de la menor Anyelí Hernández y al momento de que el regreso suceda, se llevará un proceso de tratamiento psicológico para ambas partes (ella y sus verdaderos padres), el cual dependerá del estado de resiliencia de la menor.
En cuanto a la búsqueda de los otros niños involucrados, el funcionario destacó que se encuentran realizándola, pero que a la vez desean asegurar las condiciones psicológicas necesarias para recibirlos, ya que el rol de la PGN se divide en dos líneas: penal y protección.
ANTES DE LA LEY DE ADOPCIONES
35 mil
niños salieron al extranjero en calidad de adoptados
25 mil
Dólares o más, el precio de un proceso de adopción
“Todo reencuentro derivado de adopciones tendrá éxito si se cuenta con un proceso previo de acompañamiento en toda la investigación y las decisiones que deban tomarse, para que se dé este acercamiento con la familia originaria, debido a que se puede encontrar con alguien que hable otro idioma, o sea de una cultura diferente”.
Marco Antonio Garavito
Director de la Liga de Higiene Mental
“Un niño en la primera etapa de su vida puede aparentar no recordar ese tipo de situaciones, pero tarde o temprano la reacción del trauma puede presentarse y por lo regular sucede en la adolescencia”.
Leonel Dubón
Director de Refugio de la Niñez
