POR REDACCIÓN LA HORA
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El informe presentado hoy por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sobre el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, menciona a varios actores políticos y económicos en casos ilustrativos sobre la ilegalidad en el manejo de los recursos públicos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El titular de la CICIG, Iván Velásquez, lanzó un señalamiento directo contra Gustavo Alejos, el empresario que fue Secretario Privado de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Colom y Sandra Torres.
Velásquez expuso a Gustavo Alejos como un caso ilustrativo de financiamiento de campañas, para el posterior aprovechamiento de cargos públicos con miras al enriquecimiento propio y ajeno.
Según Velásquez, Alejos fue un recaudador de recursos para la campaña electoral de Colom en 2011, se enriqueció a través de sus negocios particulares y además construyó redes políticas desde su cargo.
«Sus empresas fueron beneficiadas», destacó el Comisionado, y agregó que en la actual campaña Gustavo Alejos también financió las aspiraciones de la presidenciable Sandra Torres; de su hermano, Roberto Alejos y del partido Gran Alianza Nacional.
Se intentó contactar a Roberto Alejos, para conocer su postura y la de su hermano, Gustavo Alejos, pero no respondió los llamados a su teléfono celular.
GLORIA TORRES
El informe también menciona a Gloria Torres, hermana de Sandra Torres, quien ahora aspira a la presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según el informe, Gloria Torres construyó «una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia», cuando su hermana era Primera Dama, en el Gobierno de Álvaro Colom.
«Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización. Sobre la base de estas relaciones construyó un conjunto de entidades a través de las cuales recibía fondos de las municipalidades. Fue investigada y acusada de lavado de dinero y estafa», señaló Velásquez.
Asimismo hace mención a Obdulio Solórzano Montepeque, a quien «se presenta es la participación de un presunto miembro de un grupo dedicado al narcotráfico en posiciones importantes de gobierno».
Gloria Torres, quien ahora es integrante de la Unión del Cambio Nacional, no respondió las llamadas a su celular, pero Orlando Blanco, el jefe de la bancada de la UNE, sí se pronunció.
Blanco dijo que valoran el contenido del informe, porque resalta las falencias existentes en materia de fiscalización política, pero precisó que las personas a las que se refiere dicho documento ya no pertenecen a la UNE.
Según el legislador, los aludidos deben aclarar su situación en las instancias que corresponden.
BAUDILIO HICHOS
Otro caso tiene que ver con la solicitud de antejuicio contra el diputado Baudilio Elinohet Hichos López, diputado por el departamento de Chiquimula.
De acuerdo con la solicitud presentada por el MP y la CICIG, entre agosto de 2014 y febrero de 2015, un grupo estructurado de personas con roles definidos, de forma concertada cometió delitos contra la administración pública, con el ánimo de obtener beneficios ilícitos en procesos de cotización y/o compra directa de servicios contratados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
CHÁVEZ-ARREAGA:
De acuerdo con el informe, «entre las características de las redes político-económicas ilícitas (RPEI) está la tendencia a desarrollar prácticas políticas ilícitas que buscan ejercer poder indebido sobre el Estado, e influencia anómala en diversos procesos sociales».
«El caso Chávez-Arreaga -en referencia a los diputados de Libertad Democrática Renovada (Lider), Luis Chávez y Mirza Arreaga- ilustra la manera cómo, valiéndose de su cargo de diputados al Congreso de la República, presionaron al ministro de Desarrollo Social para que les fueran asignados proyectos de inversión pública por un monto de entre cinco y diez millones de quetzales a las empresas que ellos designaran», apunta.
En su oportunidad, ambos legisladores descalificaron los señalamientos de la CICIG e indicaron que eran blanco de ataques políticos.
ARNOLDO MEDRANO
La estructura formada en torno al alcalde del municipio de Chinautla, Guatemala, Edgar Arnoldo Medrano Menéndez, «es un ejemplo ilustrativo de la forma en que operan las redes político-económicas ilícitas en el ámbito regional y local», señala el informe de la CICIG.
Velásquez también hizo mención de otros casos, como el de Eswin Jerson Javier Javier, conocido como «Tres Quiebres», quien aspira a ser alcalde de Ipala, Chiquimula.
El informe refiere que el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ha indicado «…que Javier es sindicado de actividades de narcotráfico en el oriente del país».
No se pudo obtener la versión de Javier.
