POR CLAUDIA PALACIOS
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Desde 2012, el Estado guatemalteco ha erogado Q2 mil 680 millones 200 mil para subsidiar al transporte
A raíz de una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) tendrá que explicar al Ministerio Público (MP) de qué manera utilizó Q121 millones 573 mil 995.8, de los Q435 millones que recibió en el 2014 en concepto de subsidio para la modernización, operación y seguridad del transporte público urbano.
El subsidio al transporte urbano de Guatemala, ampliado hasta Q435 millones con la aprobación del Presupuesto 2015, es el más alto en la región centroamericana y a la vez, el que peor servicios ofrece a la población.
Viajar en bus en Guatemala es arriesgar la vida. Es poner la integridad física en manos de conductores y cobradores que pelean con la competencia por los pasajeros, como si de un juego se tratara. Las viejas y destartaladas unidades se amontonan apresuradas en las paradas, bañando las calles de humo negro, de acuerdo con testimonios de usuarios, constatados de primera mano por La Hora.
Ingresan pasajeros por decenas, «atrás todavía hay espacio», gritan los ayudantes, sin distinguir entre ancianos, niños o mujeres embarazadas. El valor de sus vidas es Q1 y después de las cinco de la tarde, de hasta Q5.
Quien ha utilizado el transporte público en la ciudad sabe que la cartera se usa al frente, las joyas se dejan en casa y para los creyentes, nunca está de más una oración antes de abordar el bus.
En los primeros 5 meses del presente año, 90 pilotos, ayudantes y pasajeros fueron asesinados, la consecuencia más extrema, aunque para nada extraña, de utilizar el transporte público.
El escenario es inverosímil, si se tiene en cuenta que tan solo desde 2012, el Estado guatemalteco ha erogado Q2 mil 680 millones 200 mil para subsidiar, no solo el combustible, sino también la modernización y la seguridad en el transporte público.
«El subsidio no sirve para nada, solo a los dueños de los buses les sirve para enriquecerse porque a nosotros nos siguen tratando como si fuéramos basura, porque así nos tratan, nos tratan mal», se queja, Arturo Cot, quien todos los días aborda un bus rojo para ir al trabajo.
La distribución y el uso irregular del subsidio por parte de la AEAU nunca ha sido un problema desconocido por la población y las instituciones a cargo de su regulación, menos para la CGC, que ha dejado evidencia de ello en sus informes de auditoría anuales. Sin embargo, fue hasta ahora que la institución presentó una denuncia penal contra los titulares de la organización.
IRREGULAR DISTRIBUCIÓN Y USO DE SUBSIDIO
La acción penal interpuesta por la CGC en el Ministerio Público, el pasado 13 de mayo, señala a Rudy Leonel Maldonado Castillo, presidente y representante legal de la AEAU; Mario Enrique Vargas Salazar y Óscar Alejandro Rossi Archila, tesoreros de identidad, por el manejo irregular de Q121 millones 573 mil 995.88.
La auditoría de la CGC dejó en evidencia que la AEAU no incluyó dentro de la distribución del subsidio de combustible a todos los prestadores del servicio colectivo urbano de Guatemala, conforme a la información proporcionada por la Superintendencia de Transporte Público Urbano (SPT).
Según detalla la fiscalización, la SPT registra 3 mil 221 unidades de servicio con derecho a recibir subsidio, pero según el plan operativo de AEAU, la organización solo lo otorgó a 2 mil 837 unidades. Esto quiere decir que existe una diferencia de 404 unidades que no fueron tomadas en cuenta para la distribución de la ayuda estatal.
Además la CGC advirtió que hay 20 unidades que fueron beneficiadas por un total de Q18 millones 450 mil 791.68, pero que no operaron en el 2014. «Sobre estas últimas no se indica si fue reintegrado el monto del subsidio que correspondería a la prestación del servicio», señala la denuncia.
EL CISMA
En marzo de 2012, en medio de señalamientos de corrupción y cobros de cuotas ilegales a los transportistas a cambio del subsidio, la AEAU sufrió su única ruptura hasta la fecha. Un grupo de propietarios de buses se unió contra la organización y formó la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala (Asopagua).
La separación de AEAU les costó caro, la Asamblea General de Propietarios aceptó su alejamiento, pero les notificó que en consecuencia, ya no serían beneficiarios del subsidio.
Asopagua ha luchado desde entonces porque el subsidio se entregue sin intermediarios a los propietarios, pero el poder político de la AEAU negoció la creación de un decreto en el presupuesto de 2013, en el cual se designa a la asociación como única receptora de la contribución.
Pese a la vigencia de dicho decreto en 2014, la CGC advierte en su informe anual que la exclusión de Asopagua como beneficiarios del subsidio, significa una violación a los convenios firmados con el Estado, ya que «como intermediario del subsidio la AEAU tiene obligación de no discriminar de ninguna manera a los empresarios del transporte público que comprueben estar prestando el servicio de transporte en la ciudad de Guatemala», en las condiciones establecidas por la SPT.
Sin embargo, mientras unos son excluidos, otros están de más. Al realizar una comparación entre la base de datos presentada por la AEAU de los agremiados a ésta y la información enviada por la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano se estableció que existen 33 propietarios de autobuses urbanos que no están registrados ante el SPT, a los cuales la Asociación de todos modos pagó el subsidio de combustible, sin estar autorizadas para operar en la prestación del servicio. Dichos pagos ascienden a la cantidad de Q1 millón 671 mil 241.
Jorge García, vocero de Asopagua, señaló a los directivos de AEAU de enriquecerse ilícitamente a costa del subsidio que les otorga el Estado. «La AEAU está robando billones, solamente a los miembros de Asopagua les debe más de Q89 mil millones que nos han robado. De este dinero la AEAU ha enriquecido a 7 personas que son sus directivos y todo ese dinero ha sido manejado para fines políticos», denunció.
García aseguró que producto de los esfuerzos que deben hacer los transportistas asociados a Asopagua para costear los costos de operación de sus buses sin el subsidio, éstos han adquirido deudas o han quebrado financieramente.
LA MODERNIZACIÓN ESTANCADA
Otra de las irregularidades encontradas al auditar la organización fue el descubrimiento de bienes adquiridos por la AEAU con fondos del aporte económico de inversión, destinados para el proceso de implementación y continuidad del sistema prepago (Transurbano), los cuales «al 31 de diciembre de 2014 (…) se encuentran en las oficinas centrales de la asociación y no han sido instalados en las unidades de la flota de autobuses autorizada por el ente regulador».
Dicho inventario, compuesto por lectores de tarjetas, torniquetes de paso y puertas para discapacitados, entre otras, asciende a la cantidad de Q102 millones 522 mil 151.11, «los cuales se encuentran en proceso de obsolencia y posible daño permanente para el equipo electrónico», indicaron los auditores.
En 2010, cuando AEAU logró ganar la licitación para el proyecto de 109 rutas del transporte metropolitano, en medio de la expectativa creada en la población, la organización se comprometió a introducir 3 mil 150 unidades azules, «Transurbanos», pero hasta la fecha, solo circulan 460 buses modificados.
CONSECUENCIAS PARA LOS USUARIOS
Para Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), esta falta de capacidad empresarial por parte de la AEAU y de los entes que la fiscalizan, como en el caso de la Contraloría, que pese a constatar irregularidades en sus auditorías anuales no accionó antes, terminó por afectar al usuario.
«Mientras no se dio la colocación del sistema prepago en los autobuses nuevos, incluidos los autobuses rojos, tenían la obligación de instalar los equipos en las unidades que tuvieran, es decir los 2 mil 600 buses rojos», señala Guerra.
Para el defensor «la no instalación de estos sistemas de cobro moderno ha tenido un retroceso en el transporte en los autobuses que les cobran de más a los usuarios de forma arbitraria. Esa es la primera consecuencia, el tener que pagar más por un servicio que está garantizado a Q1, pero la gente paga Q2, Q3 hasta Q4 a cualquier hora del día», indicó.
Según Guerra, otra consecuencia es que los usuarios se ven obligados a soportar el maltrato verbal y físico que ejercen algunos ayudantes de los pilotos.
La muerte de pasajeros e incluso los mismos transportistas son para el representante de la PDH la más lamentable de las consecuencias de la corrupción. «Ha habido una proliferación de la delincuencia en torno al tema de la extorsión producto del manejo del efectivo en los autobuses de transporte urbano. Ha tenido una repercusión también en la pérdida de vidas humanas, personas lesionadas, personas que han quedado con discapacidad, traumas psicológicos; es decir, las implicaciones reales en la sociedad guatemalteca en su conjunto, por no haber implementado el sistema prepago son enormes», señaló.
«ACLARARÁN»
Sergio Vásquez, vocero de la AEAU, explicó que las denuncias de la Contraloría son un malentendido que esperan aclarar pronto.
«La Contraloría recibió una explicación, pero lamentablemente ellos presentaron esta denuncia. Sin embargo, en estos momentos se están presentando los recursos y la información requerida por la CGC para aclarar estos señalamientos y que se den cuenta que no hubo ningún mal uso de los recursos. La CGC siempre hace auditorías y gracias hasta ahora todo ha sido clarificado.», informó.
CUATRO EMPRESAS
Antes del 2009, la AEAU estaba conformada por 28 empresas, cooperativas, asociaciones y organizaciones de transportistas. Tras la adjudicación e implementación del proyecto «Transurbano» se dio un proceso de reestructuración a lo interno de la organización y la nueva forma de organización dejó a la Asociación integrada solo por los accionistas de las 4 empresas siguientes:
Tendencias Modernas Latinoamericanas, S.A.
Rudy Leonel Maldonado Castillo
Expansión Corporativa Milenium, S.A.
Luis Alfonso Gómez González
Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.
Mario Enrique Vargas Salazar
Concesionarios de Transporte, S.A.
Víctor Hugo Figueroa Ortiz
36 AÑOS DE SUBSIDIO
En 1978, durante el Gobierno del General Romeo Lucas García, se creó el subsidio al transporte público, por medio del Decreto Gubernativo 65-78, como resultado de la crisis que afrontaba el transporte colectivo urbano en la ciudad, a razón de que un grupo de pilotos demandaban un aumento de salarios nominales que los empresarios se negaban a otorgar, aduciendo imposibilidad económica en tanto no se elevara el precio del pasaje.
ACCIÓN DE LA CONTRALORÍA
La acción penal interpuesta por la CGC en el Ministerio Público, el pasado 13 de mayo, señala a Rudy Leonel Maldonado Castillo, presidente y representante legal de la AEAU; Mario Enrique Vargas Salazar y Óscar Alejandro Rossi Archila, tesoreros de la identidad, por el manejo irregular de Q121 millones 573 mil 995.88.
DENUNCIA
Bienes adquiridos sin utilizar: Q102.5 millones
Pagos en exceso por distribución incorrecta de subsidio a combustible: Q18.5 millones
Pagos improcedentes: Q1.7 millones
Total: Q121 millones 573 mil 995.88
