POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
El diputado Carlos Herrera, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso, confirmó que junto con los abogados del Legislativo, se revisan varios contratos adjudicados por el Estado a la empresa Estrategias de Inversión, Sociedad Anónima, pues la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carmen Urízar, es también la esposa de quien figura como gerente de dicha compañía, lo que a su criterio, podría constituirse como tráfico de influencias para obtener beneficios económicos ilícitamente.
De acuerdo al parlamentario, la Sala Legislativa de Defensa al Consumidor ratificó a inicios del presente año, una denuncia penal ante el Ministerio Público contra Urízar, por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y malversación de fondos, al haber contratado en 2014, a la empresa de capacitación y adiestramiento de personal Estrategias de Inversión, S.A., en donde Oscar Rolando Rodríguez González, esposo de Urízar, figura como presidente de la compañía.
Otro de los hechos denunciados por Herrera es que el claustro de catedráticos de esa entidad tiene relación laboral con la CNEE bajo los reglones 011 –permanente– 022 –contrato anual con prestaciones– y 029 –por asesoría– por lo que a su consideración, no pueden ser parte de una empresa privada que cobra servicios de capacitación a la misma institución donde trabajan.
Según el congresista, Estrategias de Inversión utilizó personal de la Comisión de Energía para brindar capacitaciones y asesorías de carácter económico-financiero en horarios de trabajo, para el desarrollo de proyectos de infraestructura en energía, transporte, telecomunicaciones y otros; y cada empleado facturaba unos US$5 mil mensuales.
Asimismo, constató que en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones Guatecompras, existen registros de hasta doce adjudicaciones por concurso desde 2010 a la fecha, con montos variados que suman Q2 millones 115 mil 455.58 en ese período.
Finalmente, Carlos Herrera afirmó que en varias ocasiones la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso ha citado a Carmen Urízar para que explique esta situación, pero que la funcionaria no ha atendido las convocatorias de los diputados.
“Las pruebas ya se presentaron ante el Ministerio Público No tengo yo nada contra ella –Urízar-, pero lo malo es que se está usando una institución pública así como sus recursos y personal, para beneficio de la empresa de ellos. Esto no sale a la luz todos los días porque es una institución que está un poco escondidita. Serán las autoridades quienes investiguen pero lo que sí es seguro es que con ese tráfico de influencias descarado no se va a llegar a nada bueno”, acotó el entrevistado.
Antes de ser designada como presidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Carmen Urízar fungió como directora del Área Económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN-, ministra de Energía y Minas (2007–2008) y vicepresidenta del Consejo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE).
Según fuentes oficiales, el salario mensual devengado por la presidenta de la Comisión es de Q77 mil, más gastos de representación.
Se intentó obtener la opinión de Carmen Urízar, pero Olga Andreu, comunicadora social de la CNEE, informó que se encontraba en una reunión de trabajo.
Por la tarde, Andreu envió un mail a La Hora con declaraciones de Urízar, quién explicó que después de conocer la denuncia en su contra la “sensación fue de desilusión y frustración pues es lamentable que se ponga en tela de duda la honorabilidad de mi persona como consecuencia de la presentación de una denuncia irresponsable y sin ningún sustento legal ni práctico”.
“Me reservo el derecho de accionar legalmente en contra de quien corresponda pues es una verdadera pena que se señale ilegítimamente y sin ningún conocimiento previo a cualquier persona”, puntualizó.
