POR MARIELA CASTAÑÓN
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Más de 58 mil armas de fuego, entre carabinas, escopetas, pistolas y revólveres pertenecen a los prestadores de servicios de seguridad privada, según la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (Digessp), lo que a criterio de profesionales esto representa un riesgo latente ante la falta de controles.
De acuerdo con los datos oficiales, aunque actualmente 160 empresas de seguridad privada están registradas en Digessp, las más de 58 mil armas corresponden únicamente a 132 prestadores de seguridad, pues supuestamente algunas operan sin armas.
Digessp detalló que los inventarios de las empresas dicen que poseen 27 mil 978 escopetas, 20 mil 978 revólveres, 9 mil 765 pistolas, 120 carabinas, 24 rifles, para sumar un total de 58 mil 823.
SIN REGISTRO DE IBIS
Representantes del Laboratorio de Balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) explicaron en abril pasado a La Hora, que la mayoría de armas que ingresan al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), son armas cortas, a excepción de escopetas y armas hechizas.
“Aproximadamente el 70 por ciento de las armas de fuego que ingresan a IBIS son calibre 9 milímetros, el segundo calibre más ingresado con un aproximado de 9% es .40, también está .22 que tiene aproximadamente el 5% de utilización, igual que el 5.56”, explicaron.
De acuerdo con el Inacif, desde 2010 –fecha en que se implementó el IBIS– ingresaron 11 mil armas de fuego, entre pistolas, rifles, revólveres.
RIESGOS
A criterio de Édgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la falta de control en las empresas de seguridad privada y la cantidad de armas que administran los prestadores de seguridad privada, representan riesgos para la seguridad.
“Es un riesgo real inminente y operante. Las empresas de seguridad privada están fuera de control, acabamos de ver la destitución de la exdirectora de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada –Patricia Monge–, a estas alturas no se sabe quién ocupará ese puesto, uno ve que lo que prevalece es la defensa de las empresas como negocio y no se privilegia la seguridad de las personas como un bien público”, indicó el entrevistado.
