POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Los programas sociales en el gobierno del Partido Patriota, lejos de erradicar la pobreza y la pobreza extrema en el país, se han caracterizado por ser asistencialistas pues no mejoraron las condiciones de desarrollo ni la capacidad productiva de los beneficiarios en sus comunidades. Aunado a esta situación, siguen siendo utilizados para impulsar campañas políticas, al igual que con los creadores de la plataforma, la administración de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Los programas sociales fueron constituidos en Guatemala por el gobierno de Álvaro Colom en 2008 argumentando que eran para reducir la pobreza y la pobreza extrema; sin embargo, para analistas y expertos en el área de transparencia, estos en poco tiempo fueron desvirtuando su naturaleza al convertirse en una política clientelar, generadora de votos y que terminó por perder de foco el origen de los mismos: erradicar la miseria y el hambre dando oportunidades de desarrollo a las personas más necesitadas.
Para los conocedores del tema, las políticas sociales durante los tres años y medio de gobierno de Otto Pérez Molina, también han pasado a ser solamente paliativos que no se han traducido ni en modestos índices de reducción de la pobreza, la desnutrición infantil o mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, porque igualmente siguen siendo usados como canales de clientelismo político y corrupción.
En ese contexto, la transferencia de cuantiosos recursos públicos a programas clientelares como la “Bolsa Segura” o el “Bono Seguro”, por mencionar algunos, se torna delicado pues aunque el Banco Mundial reconoce en recientes estudios el potencial de Guatemala para acelerar su crecimiento económico a través del comercio, la integración regional y el turismo, el país se ubica dentro de las naciones con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con más del 50 por ciento de la población viviendo en pobreza, particularmente en las zonas rurales y entre poblaciones indígenas.
MÁS PUBLICIDAD QUE RESULTADOS
A pesar de tres años y medio de entregas en actos oficiales, los programas sociales que fueron desmantelados, según el Gobierno, para mejorarlos, no han terminado de arrancar debido a la baja ejecución del presupuesto que tiene contemplado para este año el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que alcanza en el primer semestre de 2015, el 32.07 por ciento de Q1 mil millones 211 mil.
A pesar de que los programas de seguridad social empezaron a implementarse durante la administración pasada y que dependían de la coordinación del Consejo de Cohesión Social (CCS), dirigido por Sandra Torres, la ex primera dama, uno de los primeros decretos que aprobó la actual Legislatura en el Congreso fue la creación del Mides con la misión de institucionalizar los mismos y coordinar las acciones relacionadas con ellos dentro del Gobierno.
El presidente Otto Pérez Molina lanzó Mi Bono Seguro el pasado 30 de abril en la cabecera departamental de Chimaltenango y con ello sugería que el reinicio del programa de las transferencias condicionadas estaba próximo este año en esa localidad. Sin embargo, más allá del acto simbólico, los desembolsos continúan sin llegar a los beneficiarios dos meses después, según algunos vecinos que no quisieron ser identificados.
Otro municipio de los que se mantienen a la espera es Santiago Atitlán, Sololá, seleccionado en el gobierno pasado como municipio piloto para el programa de transferencias, llamado entonces Mi Familia Progresa (Mifapro). En este lugar se incluyó a 2 mil 418 familias beneficiarias. El número se redujo en el actual gobierno a mil 273, pero hasta el momento ninguna de ellas ha visto los Q300 para que los padres envíen a sus hijos al menos a un 90 por ciento de las clases.
La situación es similar en el área de salud. Personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de la cabecera municipal señala que en varias aldeas se han encontrado con dificultades, pues aun cuando recibían el aporte económico, muchas de las familias beneficiadas se mantenían renuentes a llegar a los controles y, sin la entrega periódica, algunas personas han dejado de cumplir con este requisito.
No obstante, el portal web del sistema Guatecompras, evidencia que hasta el momento, la cartera que dirige el ministro Leonel Rodríguez, ha adquirido a través de la modalidad de excepción, insumos básicos que integran la Bolsa Segura (frijol, maíz, avena, leche, harina, aceite, sal y azúcar), en el presente ejercicio fiscal. Asimismo, existe una licitación de 20 mil vales de gasolina con un costo de Q1.5 millones.
Los procedimientos por excepción y las compras directas han sido la manera por medio de la cual el Ministerio se ha provisto de bienes y servicios. Un total de 810 procesos se han realizado por esta vía desde el 2012, equivalentes a casi Q6.75 millones.
Con el cambio de administración, de la UNE al PP, llegaron también algunas modificaciones a los programas sociales que no se limitaron a la creación de un ministerio para administrarlos. La reducción de los beneficiarios de las transferencias condicionadas fue el primero de ellos.
De 1 millón 886 mil 838, el número de familias cubiertas por Mifapro pasó a 757 mil 765, con Mi Bono Seguro. Esto fue el resultado de un proceso de depuración durante la gestión de la exministra Luz Lainfiesta.
Una de las causas fue la revisión de los listados en donde se descubrió que varias familias habían cobrado más de una transferencia al mes. Por este motivo, hay 58 personas denunciadas ante el Ministerio Público, según el viceministro del área administrativa-financiera, Gabriel Mendoza.
Otra nueva modalidad fue la eliminación de las entregas periódicas que Mifapro hacía en los diferentes municipios priorizados. Con el nuevo sistema, las personas sólo tienen que ir a los bancos a retirar el depósito monetario que el programa le haga a su cuenta.
El viceministro aduce que gracias a esta modalidad, se logró que todas las personas (madres de familia principalmente) que se encuentran incluidas en el programa tengan ahora una cuenta bancaria, que no sólo fomentará la cultura del ahorro en quienes reciben este beneficio, sino que también representa invertir menos recursos en la logística que se montaba para cada entrega. Las estimaciones del Mides apuntan a una reducción de gastos de entre Q9 millones y Q13 millones, por este cambio de mecanismo.
Pero esta reducción de gastos no necesariamente implica más dinero para los programas. Mendoza resalta que el presupuesto que tiene actualmente la institución es casi el mismo que se tenía el año pasado sólo para el programa de transferencias: Q1 mil 235 millones. Entre las consecuencias que esto acarrea para Mi Bono Seguro, a criterio del entrevistado es que, a pesar de que se busca poner al día los pagos a los beneficiarios, durante este año sólo recibirán el equivalente a seis meses, en lugar de 12.
Esta es una de las razones por las que se explica también la reducción de personal de otro programa, Jóvenes Protagonistas (antes Escuelas Abiertas), en el que se tuvo que suprimir gran parte de los talleres que se impartían a varios jóvenes en áreas urbanas de la capital y cabeceras departamentales.
“UN GRAVE DELITO” CONTRA LOS POBRES
Los índices de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil en el país son de los más altos en la región. Según el Índice de Desarrollo Humano (2014), Guatemala ocupa la posición 133 entre 187 países clasificados, y en la región centroamericana se ubica en último lugar.
Asimismo, el estudio Evaluación de la pobreza en Guatemala del Banco Mundial señala que el país fue capaz de reducir la pobreza de un 56% al 51% entre 2000 y 2006. No obstante, cifras oficiales también del 2014 indican que la pobreza subió a un 53.7%. La situación es especialmente difícil en los municipios rurales, que abarcan el 44% del país. Allí casi ocho de cada 10 personas viven en pobreza, según los resultados del Mapa de Pobreza Rural del mismo período.
Para el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristhians Castillo, la institucionalidad, la priorización de los más pobres, la rendición de cuentas y la transparencia en las compras son promesas que se quedaron en el tintero de la plataforma social del Partido Patriota.
Castillo refiere además que la UNE, como impulsor de los programas, los implementó de manera efectiva en el interior de la República, en donde obtuvo su nicho electoral y lo trabajó en los años siguientes con fines partidistas; el PP, pese a que lo institucionalizó, cambio su metodología y las entregas por medio del Mides se volvieron más focalizadas en donde tienen caudal político.
“El Partido Patriota llegó con la escoba por el mango a barrer con lo que había hecho el anterior gobierno. Como la mayor crítica de campaña hacia la UNE fue la utilización política de esos programas de Cohesión Social, Otto Pérez decidió institucionalizarlos inaugurando un nuevo ministerio rector encargado de despolitizarlos y quitarles el tinte clientelar. Pero la deseable institucionalización frenó el desarrollo de los programas”, argumenta el entrevistado.
El politólogo de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal, coincide en que la falta de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el crecimiento de los programas sociales durante el gobierno de la UNE, permitió que las autoridades de gobierno y en especial Sandra Torres, utilizaran dichos programas de forma clientelar, destinados únicamente a elevar su imagen pública, aunque afirmó que también “muchos ciudadanos se prestaron a esa mala práctica”.
Rosal señala que los programas sociales no llegaron a lugares donde realmente se necesitaban y en consecuencia, personas con solvencia económica se veían beneficiados.
“Uno de los mayores focos de corrupción fue el Consejo de Cohesión Social, desde donde se dirigían estos programas. Esto un grave delito contra los más pobres y viene ocurriendo desde hace mucho”, subraya el investigador.
En tanto, Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, recuerda que es el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza que los utiliza con el objetivo de tratar de beneficiar sobre todo a las mujeres, llevándolas a un proceso de registro frente al Estado y utilizar esa fuerza social de las mujeres como capital electoral.
Entonces lo que se observa, a decir de la parlamentaria, es que el Partido Patriota lo que hizo fue aprovecharse de la aceptación social que estaban teniendo esos programas, los institucionaliza a través del Mides, pero los debilita presupuestalmente porque hay una clara diferencia entre el Gobierno actual y el anterior.
“Mientras la UNE le apostaba con suficiente inversión de recurso a la política de orden social, el Patriota debilita esos programas. Obviamente las políticas sociales en el actual Gobierno han fracasado completamente porque los han reducido a su expresión mínima (y han mantenido) el clientelismo político”, declara Montenegro.
PDH: COMEDORES SEGUROS NO SON LA EXCEPCIÓN
Durante los tres años de gobierno del presidente Otto Pérez Molina, los programas sociales han caído en decadencia y un claro clientelismo político, con niveles de corrupción difíciles de invisibilizar y los “Comedores Seguros” no han sido la excepción; según la Procuraduría de los Derechos Humanos, que enfatiza que alrededor de estos se han generado millonarias compras sin licitar y a empresas que en su momento fueron rechazadas por no llenar los requisitos en procesos de licitación.
Actualmente existen 15 comedores seguros a nivel nacional, ubicados en los departamentos de Chiquimula, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Quetzaltenango, Quiché y San Marcos, luego del cierre de 2 de ellos con la entrada del gobierno actual en el 2012, en medio de protestas de los pobladores afectados por tal medida.
Julio Velásquez, jefe de la Defensoría del Derecho a la Alimentación, asegura que la institución ha logrado documentar una serie de anomalías en la compra de insumos para el programa Comedores Seguros, con las empresas Fumarolas, S.A. y Maxtel, S.A. quienes tienen el mismo representante legal y dirección fiscal, recibiendo entre las dos compañías, alrededor de Q9 millones por compras de alimentos.
De igual forma, Velásquez detalla que en abril 2013, en el departamento de Chiquimula durante un proceso de licitación la empresa Inversiones Puckett, como única oferente fue rechazada, argumentando que no llenaba los requisitos para su contratación y pese a esto en el mes de junio se le contrató de forma directa y se le pagó Q29 mil 580 por 6 mil 99 en raciones de alimentos.
Otro caso se suscitó en el departamento de Escuintla donde también solo ofertó la empresa Alana S.A., la que fue rechazada, y meses después, le realizan compras de forma directa por la cantidad de Q77 mil 36, Q58 mil 111, Q87 mil 354.80, y Q83 mil 727, para un total de 46 mil 285 raciones alimenticias.
Actualmente para poder ingresar y optar a una razón de comida en los comedores seguros, el usuario tiene que facilitar todos sus datos personales en la primera ocasión, luego puede entrar poniendo su huella digital. Este procedimiento es mal visto también por el representante de la Magistratura de Conciencia, debido a que se puede prestar para anomalías electorales.
Según el análisis realizado por la Defensoría de Alimentación, los Comedores Seguros no han tenido mayor impacto en el tema de combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala.
“Las personas tienen buen concepto del mismo pero no hay incidencia y esto se comprueba mediante la cantidad de desnutridos agudos. Esto nos resulta ilógico porque este programa tiene mayor presencia en los departamentos de Guatemala y Escuintla y estos son precisamente donde se presentan elevados índices de casos de desnutrición. Entonces es obvio que gastar más dinero en programas sociales no es la solución”, puntualiza Velásquez.
Finalmente, el delegado de la oficina del Ombudsman, menciona que otro de los hallazgos de una investigación de campo efectuada en cuatro municipios en abril de este año, devala a los beneficiarios de la Bolsa Segura, personal del Mides les pide la boleta de actualización de empadronamiento.
“Por lo tanto, debemos escuchar cuidadosamente las soluciones a la pobreza que ofrecen los candidatos a la presidencia y desconfiemos de las fracasadas promesas de lanzar más dinero al problema. Eso simplemente no funciona”, culmina el funcionario.
EN CIFRAS
PROGRAMAS SOCIALES
Mi Familia Progresa: 1 millón 900 mil beneficiarios
Bolsa Segura y Bono Seguro: solo alcanza al 50% de la anterior cifra
Periodicidad con la UNE: entrega cada mes
Periodicidad con el PP: entrega cada tres meses
Presupuesto en el PP para el Mides en 2015: Q1 mil 211 millones
La UNE erogó en 2011 para Cohesión Social: Q1 mil 577 millones
