POR VIRGINIA CONTRERAS
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El director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del lago de Amatitlán (AMSA), Marlon Valladares, informó que la empresa israelí M. Tarcic Engineering interpuso el pasado viernes un amparo en contra de una providencia, a razón de que AMSA se negaba a hacer efectivo el pago de Q11.5 millones, que conformaba la primera fase del contrato de Q115 millones, por el líquido que cubriría la administración y aplicación del «agua mágica» para limpiar el lago.
Valladares destacó que el proyecto de Q115 millones se dividía en tres fases, en donde en la primera se debía cancelar el 10% de esta cantidad (Q11.5 millones); por lo que la empresa israelí pretendía hacer efectivo el pago, a lo que AMSA respondió que dicha fase no se había completado y debido a ello no se pagaría.
El director indicó que a esa providencia le siguió un nuevo amparo en contra de la resolución, en donde AMSA rescindía anticipadamente dicho contrato, ya que según el Ministerio de Salud, el producto no contaba con inscripción sanitaria y conforme a ello, existe una prohibición de comercializarlo en el país.
Señaló que se presentó un informe circunstanciado al Juzgado Octavo de Primera Instancia del Ramo Civil y se encuentran a la espera de si resuelven a favor de la empresa o a favor de AMSA.
A FAVOR
De acuerdo al entrevistado, la Ley de Contrataciones del Estado les transfiere la potestad por ser la autoridad máxima superior de interponer ese tipo de proceso legal. «Estamos a la espera de que el juez octavo haga el análisis correcto de la Ley de Contrataciones del Estado y nos dé la razón, para que quede sin efecto el amparo que ellos interpusieron», explicó.
Se espera que mañana se le dé respuesta a este último amparo comentó Valladares.
Agregó que la empresa israelí busca que los recursos los conozca otra instancia para dejarlos sin efecto, ya que si esto sucede, el contrato quedaría vigente. «Ellos aducen que AMSA no es la instancia que debería conocer el caso, sino la Presidencia de la República, en tal sentido, ellos están interpretando incorrectamente la Ley de Contrataciones del Estado», aseguró.
EN PROCESO
En cuanto al reembolso de los Q22.8 millones, el funcionario declaró que están a la expectativa sobre qué juzgado conocerá el caso, para que la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicite formalmente el embargo de cuentas y de bienes de los representantes legales, así como de M. Tarcic.
«Nosotros pedimos ser querellantes de la denuncia en contra de la empresa y estamos esperando la notificación que debe realizar el Ministerio Público sobre nuestra propuesta», dijo.
