Por Redacción La Hora
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) plantearon una solicitud de antejuicio contra los diputados de Libertad Democrática Renovada (LIDER), Luis Chávez, Mirza Arreaga, Mario Yanes y Mario Rivera y contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.
El MP y la CICIG solicitaron el antejuicio contra los diputados Chávez, Arreaga y Yanes por el distrito de Huehuetenango y Petén, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Según la información, los diputados Chávez y Arreaga habrían intentado negociar la adjudicación de proyectos para sus empresas con el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, en febrero de 2014, quien los denunció en junio pasado.
A la denuncia, el titular del MIDES aportó grabaciones de las negociaciones en las que pidieron los proyectos para sus empresas en Huehuetenango, por un monto de entre Q5 y Q10 millones, a cambio de no molestarlo; a cambio de la adjudicación le ofrecían una retribución económica.
En otro video quedaron grabadas las peticiones del diputado Yanes al ministro sobre plazas en el MIDES para sus allegados; también solicitó láminas para entregar a sus electores.
En conferencia de prensa, la fiscal general, Thelma Aldana, detalló que el antejuicio contra Rivera es por posible enriquecimiento ilícito; presuntamente el diputado adquirió inmuebles que sobrepasan su capacidad adquisitiva.
Según Aldana, Rivera tiene una casa de recreo en el Puerto de San José, Escuintla y una casa de playa en Waikiki, Iztapa, esta última valorada entre US$4 y US$5 millones a la que solo se puede acceder por lancha; además posee dos viviendas más en la ciudad capital, cinco vehículos lujosos y en 2 bancos del sistema tiene más de Q9 millones.
En el caso de Arnoldo Medrano, la solicitud de antejuicio es por asociación ilícita, concusión, fraude y lavado de dinero u otros activos, por supuestamente beneficiarse de fondos públicos a través de empresas vinculadas a sus familiares.
El antejuicio contra Medrano inició con una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por transacciones sospechosas en la que detalla que el jefe edil se apropió, mediante varios mecanismos, de fondos de la municipalidad de Chinautla.
En 2008 se constituyeron 8 empresas en las que hay intervención del alcalde, ya que están a nombres de familiares, afirmó el jefe de la CICIG, Iván Velásquez. Durante la investigación del MP, se logró establecer que entre el 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2011, la red de sociedades mercantiles que se crearon en 2008, vinculadas con Medrano, fueron beneficiadas con adjudicación de contratos por parte de municipalidades de forma directa y a través de ONG, por un monto de Q423,565,578.54.
Los fondos destinados por la municipalidad a través del fideicomiso al pago de obra y servicios públicos ejecutados por las entidades relacionadas, fueron utilizadas por estas, en la constitución de certificados a plazo fijo de los cuales fueron beneficiarios familiares del alcalde.
El destino de los fondos entregados por la municipalidad y ONG a las empresas constructoras fue invertido por cada una de ellas en adquirir remesas en efectivo la compra de un terreno municipal en Fraijanes por Q5.900,000.oo indica la investigación.
Según Velásquez, la familia Medrano Osorio se ha beneficiado con más de Q24 millones de la comuna de Chinautla.
La utilización de apertura de certificados a plazo fijo, las transferencias financieras entre las entidades mercantiles, la emisión de cheques a favor de personas allegadas a Medrano y su esposa, María Luisa Osorio Vásquez, fue el mecanismo empleado para ocultar el manejo de los fondos públicos adjudicados para la ejecución de obras y prestación de servicios para esa municipalidad, indicó el MP en la investigación.
Foto: MP/Twitter
