POR SAIRA RAMOS
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Sectores que durante mucho tiempo permanecieron distanciados por intereses y posturas encontradas, hoy mantienen una línea uniforme en su posición contra la corrupción y la necesidad de plantear reformas del Estado. ¿El clamor ciudadano podrá generar cambios en el país?
En el último mes, cada sábado aminora la afluencia de manifestantes a la Plaza de la Constitución para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, pero cada semana también se cierran filas entre distintos grupos sociales para demandar cambios en las leyes y los sistemas que rigen al país.
Según analistas consultados por La Hora, este fenómeno obedece al descontento generalizado de la población con la corrupción que sale a luz en publicaciones de prensa y estudios, pero que sobre todo la padecen los guatemaltecos sin acceso a servicios de calidad, y que no encuentran respuestas a sus problemas en las instituciones públicas.
En enero de 2015, una medición publicada por Transparencia Internacional daba a conocer que Guatemala en comparación con 2014 había subido ocho posiciones, del puesto 123 al 115, a nivel mundial en el Índice de Percepción y Corrupción que incluye 175 países.
Sin embargo, Sonia Ramírez, usuaria de Facebook, dijo que no era necesario conocer los índices de percepción de corrupción, cuando los guatemaltecos sufren cada día por ese problema en carne propia.
“¿Cómo no nos vamos a unir contra la corrupción? Si no hay medicinas en los hospitales o si las escuelas se caen a pedazos, es porque hay alguien que se está robando el dinero, y nadie hace nada al respecto”, indicó.
Esta situación no solo expone un problema que durante años parecía estar fuera de la agenda social, pero que hoy representa un reto para los grupos que pretenden un cambio profundo en el Estado.
SE NECESITAN REFORMAS
Moisés Divas Santos, del Parlamento Xinka, recuerda que desde el inicio de Gobierno del Partido Patriota (PP) hubo oposición de su grupo a la presidencia de Otto Pérez Molina, pues consideraban que administraba y dirigía el país con una actitud “represora”, pero a pesar de sus denuncias, no encontraban el respaldo de otros sectores a su posición.
Sin embargo, afirma que los casos de corrupción que sacó luz la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), despertaron descontento y apatía hacia el mandato del general retirado, lo que provocó que confluyeran intereses de grupos que hasta hace poco tenías agendas distintas y hasta contrarias.
El líder xinka considera que ahora hay un consenso tácito en la sociedad civil –con excepción de grupos sindicales–, en torno a la necesidad de reformas al sistema político, que ha colapsado y que ha conducido al país por un camino sin beneficio para la mayoría del población.
En septiembre próximo, los guatemaltecos acudirán a las urnas a elegir a las nuevas autoridades de Gobierno, para un periodo de cuatro años, pero a criterio del entrevistado, el evento electoral consistiría únicamente en extender un sistema político ya agotado.
Ante esa situación, Divas Santos considera prudente hacer reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos poniendo reglas firmes al financiamiento privado de las agrupaciones políticas, evitando el transfuguismo, dando legitimidad al voto nulo y separando las elecciones presidenciales de las municipalidades y diputaciones, para evitar que la mayor parte del Congreso encubra las actuaciones anómalas del Gobierno de turno.
El entrevistado cree que después de hacer una reforma con lineamientos claros y un sistema político saneado, corresponde al Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para que se hagan cambios únicamente en el ámbito de seguridad y justicia porque ha quedado en evidencia que ambos son débiles y se prestan para “espurias” negociaciones.
No hay riesgos de “hacer una constituyente porque ahí se dejará en firme el camino que se debe hacer para modificar la Constitución. El pueblo tendrá la seguridad de que los cambios no tendrán representación de grupos particulares, que se beneficien entre sí, como sucede en la actualidad, sino que tendrá la representación de todos”, dice.
Esta propuesta de reforma estatal no deja de lado el pedido de la comunidad xinka, para que se combata frontalmente la corrupción y se extingan los bienes adquiridos de forma ilegal por corruptos y corruptores.
TRANSPARENCIA Y JUSTICIA
El presidente de la Cámara de Industria (CIG), Fernando López, explica que ante la crisis política que atraviesa el país, la cúpula empresarial decidió fijar una postura avalando las demandas ciudadanas que exigen igual que ese sector, la aplicación de la justicia para cualquier funcionario, sin importar su jerarquía.
Lo mencionado por López fue anunciado hace algunas semanas por Jorge Briz del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que a nombre de los empresarios pidió al MP que haga uso de la Ley de Extinción de Dominio a todos los señalados y procesados por los casos de corrupción, para que lo desfalcado retorne al erario nacional.
Además de demandar al presidente Otto Pérez Molina que antes de dejar el cargo restituya de forma efectiva los recursos adquiridos ilícitamente durante su gestión. El sector empresarial, según el titular del CIG, está consciente que la corrupción tiene dos lados: uno el área gubernamental y el otro, el sector privado. Ambos merecen ser castigados, afirma.
A decir de López lo que prosigue luego de las manifestaciones es aprovechar las instituciones existentes, formar partidos políticos que representen adecuadamente a la población y que no sean solo plataformas eleccionarias, además exigir al Ejecutivo una respuesta adecuada en términos de remoción de funcionarios bajo sospecha real o probada, la revisión de contratos que han generado dudas y en el caso que se demuestre que han sido incorrectamente asignados que sean declarados lesivos.
Entre tanto, la cúpula empresarial “cree importante acciones rápidas, decididas, acciones que la población pueda percibir por el buen camino y a partir de ahí se sostenga la institucionalidad del país. Queda poco tiempo para las elecciones. Si se da o no la renuncia del Presidente es importante que el Ejecutivo haga las cosas de manera correcta”.
“El que el Presidente siga en su mandato en primera vista pareciera ser que aporta más estabilidad política al país, sin embargo, en caso no suceda la obligación será respetar la institucionalidad, que suba el Vicepresidente y seguir los procesos que la Ley establece”, puntualiza el titular de CIG.
CAMBIOS EN LOS TRES PODERES DEL ESTADO
Nery Rodenas de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) considera que las renuncias que se han dado en el Gobierno del PP después de los escándalos de corrupción no han sido suficientes, porque ante la crisis en que se encuentra el país las dimisiones deben ser a “otro nivel”.
Según Rodenas la situación por la que atraviesa Guatemala puede ejemplificarse como un juego de futbol, porque los escándalos golpearon a la población, y ésta utilizó esa fuerza para manifestarse. “Han lanzado el balón a las autoridades de Gobierno a la espera que éstas respondan de acuerdo con sus demandas. El partido puede convertirse en una trifulca si no se cumple lo que piden”.
A decir del entrevistado, el Estado debe seguir evaluando los cambios que necesita el país, además que el Congreso tiene que hacer las modificaciones que se piden en las calles. “Se deben enmendar las leyes ordinarias que han permitido compromisos, negocios y privilegios que han generado la corrupción, así como la Constitución”.
De manera similar opina el analista Diego José Maza, de la Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES). El experto cree que la presión ciudadana debe dirigirse al Legislativo porque es ahí donde se cuenta con los votos necesarios para hacer cualquier cambio o reforma.
Las exigencias, según Maza, también deben hacerse al Ejecutivo, porque ese ente es el encargado de la aplicación de Ley. “En el Congreso debe cumplirse la labor de legislar a favor de los intereses de la población y el Judicial debe estar al tanto de tener a jueces probos que actúen bajo la Ley. La presión hizo que la CSJ diera trámite al antejuicio de la exvicepresidenta Roxana Baldetti”.
Entre tanto el analista de DOSES y de ODHAG califican las demandas ciudadanas como positivas e instan a que las mismas continúen. Según los entrevistados, la población se ha dado cuenta que fue un error no haberse pronunciado antes. Las manifestaciones seguirán según manifiestan.
EL MP CON DEUDA PENDIENTE
El pasado 6 de junio en la edición de La Hora se tituló una nota “MP está en deuda con la lucha contra la corrupción” que deja ver que en los últimos años, las Fiscalías contra la Corrupción, Delitos Administrativos, Delitos Económicos y Lavado de Dinero han mantenido una labor “pasiva” en cuanto a sus investigaciones, algo que debe cambiar, a criterio de Gerson Sotomayor, analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP).
El planteamiento de Sotomayor surge porque al hacer una revisión a la labor de las mencionadas se evidencia que ninguna de las fiscalías adscritas al ente investigador han sacado a luz casos de corrupción como lo hizo la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) con el apoyo de CICIG, pese a que no tenía seguridad de permanecer en el país por dos años más, tras la negatividad del Gobierno de turno.
El MP, de acuerdo con el analista Lizardo Acuña del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad (Ipnusac), es la institución encargada de la persecución penal, por tanto, ese ente debe atender la demanda de justicia de miles de ciudadanos que exigen resultados tras el desmantelamiento de una red dedicada a defraudar al fisco conocida como “La Línea” y la contratación millonaria del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La situación ha generado que algunos sectores sociales hablen sobre el tema y pidan reformas a la Ley Orgánica del ente investigador con el objeto de fortalecer todas sus dependencias, sin embargo, hacen énfasis en los cambios que pueden darse, pero si no existe voluntad para hacer las cosas, el cometido difícilmente llegará. Esa institución igual que el Congreso tienen las herramientas para trabajar en virtud de la ciudadanía que ha demostrado ser el dueño del país.
GUATEMALA, EL EJEMPLO
Después que miles de guatemaltecos realizaran manifestaciones a lo largo del país, Honduras decidió tomar el mismo camino y exigir la renuncia del presidente, Juan Orlando Hernández, acusado de corrupción por el desvío de fondos del Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) a su campaña de 2013.
Los hondureños en sus dos manifestaciones multitudinarias afirman que sacarán a los “corruptos y combatirán la impunidad” en ese país, luego que 2 mil 800 pacientes perdieron la vida por falta de medicamentos en el IHSS. Según las investigaciones de esa localidad, Hernández habría desviado más de US$300 millones a su campaña.
SI BLATTER SE FUE, ¿POR QUÉ NO LAS AUTORIDADES DE GUATEMALA?
Los escándalos por corrupción han salpicado hasta el deporte, prueba de ello fue una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que llegó a la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) que llevó a detener a altos dirigentes del futbol americano por haber recibido más de US$150 millones para obtener lucrativos derechos mediáticos y de marketing en torneos internacionales.
El caso fue comentado por los internautas guatemaltecos que se tomaron un tiempo para cuestionar la presidencia de Joseph Blatter que fue electo como titular de la FIFA días después del escándalo, pero dimitió a su cargo por la corrupción que sacude a ese organismo y convocó a un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.
En redes sociales, los ciudadanos exponen que las autoridades de Guatemala, tanto del Ejecutivo como del Legislativo deben seguir el ejemplo de Blatter y añaden que éstos deben ponerse a disposición de los Tribunales de Justicia para que sean investigados por la corrupción que ha empañado estos cuatro años.
