POR CLAUDIA PALACIOS
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Hasta el 17 de junio de 2015, la Contraloría General de Cuentas (CGC) recibió 51 acciones de amparo en su contra por parte de candidatos a cargos públicos a los que se les ha denegado el finiquito, ya que no cumplen con los requisitos para obtenerlos.
A la misma fecha, 28 amparos se resolvieron, entre ellos, 18 que se declararon sin lugar y otros 10 casos en los que se otorgó amparo provisional a los candidatos y ordenó a la CGC otorgarles la constancia para poder ser inscritos en el Registro de Ciudadanos.
De acuerdo con Carlos Mencos, titular de la CGC, la ley estipula que los funcionarios públicos no podrán obtener su finiquito cuando existan denuncias, sanciones, o procesos penales por la irregular administración de los fondos durante su gestión. Sin embargo, entre los aspirantes que fueron beneficiados por jueces, se encuentran varios nombres asociados a casos de corrupción.
La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Civil le otorgó un amparo provisional a Salvador Gándara, acusado de apropiarse Q1.7 millones de Villanueva, quien participará como candidato para la alcaldía de dicha municipalidad, pese a que el año pasado la Corte Suprema de Justicia reactivó un proceso en su contra por la remodelación anómala de la cárcel Fraijanes II.
En fecha reciente, la Corte de Constitucionalidad amparó a la CGC y revocó el finiquito de la diputada Julia Maldonado, pero debido a que la funcionaria presentó su finiquito antes de dicho fallo, cuando fue amparada por la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil, el registro de ciudadanos la inscribió como candidata a la reelección. Maldonado tiene un proceso penal abierto por el desvío de fondos del Consejo Nacional de la Juventud.
Rubelio Recinos, alcalde de Barberena, Santa Rosa, aspira a un quinto periodo al frente de la municipalidad, luego de ser amparado por la sala Mixta de la Corte de Apelaciones de dicho departamento. El alcalde ha sido señalado en varias ocasiones del desvío de fondos de la Municipalidad.
