POR MANUEL RODRÍGUEZ
mrodriguez@lahora.com.gt
Aunque en diversas instancias se llevan a cabo diálogos en busca de consensos para reformar leyes que fomenten la transparencia en la política y el Estado, expertos en el tema coinciden en que se están dejando de lado las modificaciones a la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, la que a su criterio, es fundamental para combatir la corrupción en la administración pública.
Luis Chávez, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos –INCEP–, lamentó que desde que recientemente se instalaron mesas de trabajo para discutir una serie de reformas legislativas, tanto en el Congreso como a nivel de la sociedad civil se habla únicamente de cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, del Servicio Civil, de Contrataciones del Estado y en el Sector Justicia, pero no hay ninguna prisa para romper con la base del enriquecimiento ilícito.
El politólogo criticó que a pesar de la crisis institucional que vive el país después del descubrimiento de una red de defraudación aduanera y otros escándalos de corrupción en el Gobierno develados desde el pasado 16 de abril, ni las autoridades de turno ni los diputados “han movido un dedo”, para presionar y aprobar las reformas al decreto 89-2002, Ley de Probidad, con miras a publicitar el estado de los bienes de los funcionarios y empleados públicos.
Por su parte, el experto en temas de transparencia, Ricardo Barrientos, calificó como un “error muy grave”, no haber implementado en 2015 una mesa técnica para debatir los cambios a la Ley de Probidad, ya que aseguró, el año pasado la Mesa Intersectorial que conoció el tema, logró avances importantes en la discusión y consensos para su aprobación en el Legislativo.
“Había una mesa técnica en la Comisión de Probidad del Congreso el año pasado, donde se reunieron técnicos y asesores de diputados con varios sectores; esta discusión avanzó y hay un borrador de reformas y se llegó a acuerdos en cuanto a que las declaraciones patrimoniales fueran electrónicas y hubiera acceso público a esa base de datos”, mencionó el entrevistado.
Finalmente, para Gerson Sotomayor, quien presidió en 2014 la Mesa Técnica Legislativa para la reforma a Ley de Probidad, la normativa es amplia y requiere una revisión profunda, aunque uno los puntos clave consideró, es la declaración patrimonial, que debería ser pública ya que el secreto patrimonial es visto a su criterio, como una herramienta para encubrir el enriquecimiento ilícito.
“Es importante impulsar las reformas a esta Ley porque complementa el régimen de control del Estado sobre la función pública, las posibles reformas a la Ley de Contrataciones y todas aquellas vinculadas con la transparencia. Es importante considerando que ya existe un dictamen que ya tiene los consensos entre el Congreso, sector privado y la sociedad civil”.
La Ley de Probidad, en su artículo 21, dice: “Los datos proporcionados por los funcionarios públicos dentro de su declaración jurada patrimonial deben tenerse como proporcionados bajo garantía de confidencialidad; se prohíbe su divulgación por cualquier medio y sólo podrán verificarse dentro de un proceso judicial”.
