POR CLAUDIA PALACIOS
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El juzgado Sexto de Instancia Penal adhirió como querellantes en el caso IGSS- Pisa a seis pacientes renales afectados por el deficiente servicio de la empresa farmacéutica y a seis familiares de pacientes renales fallecidos por la misma causa. Las partes del caso señalaron a la jueza que el fraude que estafó al Estado por Q116 millones, también puso en riesgo la vida de los usuarios del Seguro Social.
Gustavo Mota tenía 13 años viviendo con insuficiencia renal y recibiendo el tratamiento de diálisis peritoneal por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pese a las dificultades, Miriam Ramos, su esposa, confiaba en que las terapias ayudarían a prolongar su vida por más tiempo.
Sin embargo, un días, tras recibir el tratamiento usual, comenzó a sentir fuertes dolores en el estómago, una reacción que no había tenido antes. Los doctores le diagnosticaron peritonitis. La salud de Gustavo empeoró rápidamente, y 16 días después falleció por la infección que se apoderó de su cuerpo.
“Solo 16 días tardó después del suero que le dieron”, lamenta ahora Miriam en el juzgado sexto de instancia penal, a cargo del proceso contra las personas señaladas como responsables del fallecimiento de su esposo y 17 personas más.
El Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación, el IGSS y la Contraloría General de Cuentas, señalaron a la jueza Silvia de León que el contrato fraudulento firmado entre empresarios de la droguería Pisa y funcionarios del Seguro Social no solo defraudó al Estado por Q116 millones, sino que también puso en riesgo la salud de 530 pacientes renales.
Con el respaldo de dichas instituciones, abogados de la organización Acción Ciudadana, pidieron a la togada adherir al proceso a doce personas, entre pacientes y familiares, afectadas directamente por el negocio ilícito.
La solicitud fue avalada por la jueza de León, lo que significa que Miriam Ramos y once víctimas más podrán tener voz y voto en las decisiones del proceso y en el caso de que se logre una sentencia, podrán pedir resarcimiento por todos los daños ocasionados.
MOLINA STALLIGN BUSCA SER BENEFICIADO
Otto Fernando Molina Stalling, señalado como uno de los principales negociadores del fraude, pidió al juzgado Sexto ser beneficiado con medida sustitutiva. El abogado defensor del sindicado aseguró a la jueza que, en el caso de su cliente, no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia.
Hasta la hora de cierre de esta edición, las partes del caso aún se estaban pronunciando con respecto a la solicitud.
EL CASO
Los miembros de Junta Directiva del IGSS y los representantes legales de Pisa fueron detenidos luego de que investigaciones del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron que la adjudicación del contrato por Q116 millones a la empresa farmacéutica, para el tratamiento de diálisis peritoneal a pacientes con insuficiencia renal, fue producto de una negociación ilícita para obtener beneficios económicos.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) cuenta con aproximadamente 5 mil llamadas telefónicas interceptadas en la investigación y cientos de documentos que evidencian que Pisa no contaba con la infraestructura, la experiencia o el recurso humano para atender a los pacientes.
